Escandaloso contrato para defender a Gustavo Petro

Escandaloso contrato para defender a Gustavo Petro

Resumen

Un contrato de COP 10.000 millones para la defensa de Gustavo Petro, firmado por el Dapre, está siendo investigado por la Procuraduría tras denuncias de posible detrimento patrimonial presentadas por la congresista Katherine Miranda.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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by Danilo Pérez

Diez mil millones de pesos giró el gobierno

Un contrato de COP 10.000 millones, suscrito por el Dapre para la defensa internacional del presidente Gustavo Petro, quedó bajo la lupa luego de una denuncia de la congresista Katherine Miranda por un presunto detrimento patrimonial. La Procuraduría abrió una indagación previa por un presunto detrimento patrimonial en la contratación de la firma Amadeus Consultancy Limite, con sede en Reino Unido, para la defensa del presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos junto con su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por su parte, la indagación de la Procuraduría que busca identificar o individualizar al posible responsable de una falta se originó a partir de una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, en la que se alertó sobre un escandaloso uso de recursos públicos para atender asuntos de carácter personal del jefe de Estado.

De acuerdo con la congresista, el acompañamiento jurídico que, según el abogado y representante legal, Daniel Kovalik, sería gratis, “terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía, ni el procedimiento de contratación”.

Miranda pidió que se verifique si la contratación derivó en un detrimento patrimonial, al estar relacionada con controversias personales del presidente y no con fines colectivos. “Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales, como peculado o contratación irregular”, afirmó la representante.

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por Danilo Pérez
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