Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en Bucaramanga

El Teatro Santander, ubicado en el antiguo Parque del Centenario, fue el escenario para el encuentro de magistrados de la Corte Constitucional y de los tribunales superiores de distrito, jueces de la república y abogados litigantes, que analizaron a fondo los resultados y los efectos de la Constitución de 1991, en defensa de los derechos sociales, políticos y religiosos de todos los colombianos, que se han beneficiado de la creación de nuevas instituciones.

El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis fue uno de los moderadores del encuentro jurisdiccional, donde se destacaron los resultados de la defensa a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda digna y a la protección de treinta y cuatro (34) grupos indígenas, que tienen su asiento en los territorios del Cauca, Nariño, Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas.

La creación de la fiscalía general de la Nación fue una de las grandes conquistas de la Asamblea Nacional Constituyente. De igual manera, la aplicación de ‘La Tutela’, para preservar el buen nombre y defender la dignidad de todos los colombianos. La libertad de cultos, que le ha permitido a las diferentes organizaciones religiosas, asistir a las sinagogas.  La aplicación de la segunda y tercera instancia en los procesos penales, son algunos de los derechos civiles y sociales de la nueva Constitución promulgada en 1991.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 contó con la representación de los diferentes partidos políticos, incluyendo a liberales, conservadores, comunistas y de muchas otras denominaciones. Gracias a la apertura de nuevos partidos políticos en Colombia, nacieron a la vida política y jurídica otras organizaciones electorales como el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez; Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Pacto Histórico de Gustavo Petro, Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento, Alianza Nacional Popular del General Gustavo Rojas Pinilla y muchos otros grupos  de ciudadanos, que han llegado a las corporaciones públicas.

Durante el encuentro de la jurisdicción constitucional, celebrado esta semana en Bucaramanga, se informó de los resultados de la denominada ‘Justicia Especial para la Paz” (JEP), que lamentablemente ha fracasado por la composición de sus integrantes y porque solamente ha sido un instrumento de persecución contra las fuerzas militares y de policía. Quince mil (15.000) guerrilleros de las FARC y del Movimiento Diecinueve de Abril (M-l9), encontraron un mecanismo legal para reincorporarse a la vida civil. Los hechos violentos que llegaron después terminaron convertidos en máquinas de guerra, desacreditando a la JEP por tener tan alto número de ‘Magistrados” que cobran sueldos infinitos, pero no ofrecen buenos resultados.

Es posible que en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se puedan adelantar unas reformas de carácter penal, para proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. La extorsión y el secuestro ha sido uno de los peores acicates para los proyectos de paz, y por esa razón, están siendo enfrentados con las fuerzas militares y de policía, que son el brazo armado de las leyes.  El derecho a la defensa personal, viene en camino.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Reparación ha analizado este delicado asunto, que le está haciendo mucho daño al país, cuando subsisten en Colombia diez (10) grupos de narcoguerrilleros, que tuvieron la última oportunidad para someterse a la justicia, como el autodenominado ‘Ejército de Liberación Nacional (ELN y prefirieron quedarse en la guerra, donde les esperan las ordenes de captura y el exterminio total, como lo ha dicho y anunciado el señor presidente de la república, Abelardo de la Espriella.