Empresas deben garantizar acceso a personas con discapacidad

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, durante el segundo semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2024, en Colombia existen cerca de 350.732 personas certificadas con discapacidad; siendo 57,4% hombres y 41,9% mujeres.

Por esta razón, la inclusión de personas con discapacidad en espacios públicos y privados es un derecho fundamental en el país, respaldado por normativas como la Ley 1618 de 2013 y la Ley 1346 de 2009, que adopta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estas leyes establecen la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad y de implementar ajustes razonables para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Adicionalmente, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, consagra el principio de igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación, reforzando la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El abogado especialista del bufete Integrity Legal, Jimmy Jiménez, destacó que “la inclusión no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad social de las empresas y entidades privadas y públicas”. Por ende, nos explica las sanciones que pueden tener las mismas frente a la vulneración de sus deberes legales.

Sanciones por incumplimiento

Las empresas y entidades que no cumplan con estas normativas pueden enfrentarse a diversas sanciones, entre ellas:

●      Sanciones económicas: Multas impuestas por entidades de control por falta de accesibilidad o actos discriminatorios.

●      Acciones legales: Demandas y tutelas que pueden resultar en órdenes judiciales para adecuar espacios y reglamentos.

●      Daño reputacional: La exclusión de personas con discapacidad puede afectar negativamente la imagen de la entidad.

●      Obligación de indemnizar: En casos de perjuicios demostrados, las empresas pueden ser obligadas a compensar a las personas afectadas.

Un caso reciente que evidencia la aplicación de estas normativas es la Sentencia T-006 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó a la cadena de gimnasios Smart Fit realizar ajustes en su infraestructura y reglamento tras una demanda por falta de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

Medidas para evitar sanciones y promover la inclusión

Para garantizar la inclusión y evitar sanciones, las empresas pueden adoptar las siguientes medidas:

●      Adaptación de infraestructura: Asegurar la accesibilidad en todos los espacios físicos.

●      Ajuste de reglamentos internos: Eliminar barreras administrativas y promover la inclusión plena.

●      Capacitación del personal: Sensibilizar y formar a los empleados en la atención adecuada a personas con discapacidad.

●      Revisión periódica: Evaluar constantemente las condiciones de accesibilidad y hacer los ajustes necesarios.

Para concluir, debemos tener en cuenta que “Garantizar la accesibilidad es una inversión en equidad y en el bienestar de la sociedad en su conjunto”, enfatiza Jiménez. Teniendo en cuenta que la cifra de personas discapacitadas certificadas del país va en aumento.