El servidor público ejemplar

En un sistema democrático el servicio público está orientado al interés general, no al individual de quien lo presta. El poder de los funcionarios -en especial los de mayor rango- es limitado, está sujeto a reglas y controles e implica responsabilidades.

Las autoridades están al servicio de la sociedad y del bien común. Las facultades y atribuciones no son conferidas a los funcionarios para su beneficio, ya sea el personal o el de sus familiares, allegados, partidarios o amigos.  Deben propender a satisfacer el interés de la comunidad, que es prevalente. Deben ejercer sus cargos en la forma prevista por la Constitución y las leyes.

La organización estatal tiene por propósito la garantía de un orden político, económico y social justo. Las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Por eso, de conformidad con el artículo 126 de la Constitución, modificado por el 2 del Acto Legislativo 2 de 2015 -con la sola excepción de lo previsto en cuanto a ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera-, los servidores públicos tienen prohibido nombrar, postular o contratar con sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.

Tampoco pueden nombrar o postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas con las cuales tengan los aludidos vínculos. Es obvio que, si bien tienen derecho a su vida privada, no deben hacer uso de sus facultades de nominación o contratación pública a favor de personas con quienes mantengan relaciones sentimentales o íntimas.

Ahora bien, los más altos dignatarios deben dar ejemplo en el sentido de cumplir cabalmente sus funciones, con transparencia, respeto y dignidad. Mientras más alto sea el nivel del cargo que se desempeña, mayor debe ser la legitimidad de su comportamiento.

Como lo hemos recordado varias veces, nuestra Constitución destaca en su artículo 95 que todas las personas -con mayor razón los altos servidores públicos- tienen derechos, pero también deberes y responsabilidades. De manera expresa, la norma señala: “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades”. Agrega que el primero de los deberes de la persona y del ciudadano consiste en “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

Desde luego, el fundamento de la autoridad -y de las atribuciones de quienes gozan de la investidura que ella implica- no es otro que su aptitud para alcanzar los fines estatales, dentro del marco jurídico trazado por la normatividad, como garantía de justicia, equidad e igualdad. Entre esos fines -insistimos- están el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la observancia de los valores y principios superiores, la garantía del respeto a la dignidad de toda persona, sus derechos, deberes y obligaciones.