El más bajo de los últimos gobiernos: Petro deja un Plan Nacional de Desarrollo con 72,5 % de ejecución

El balance del organismo de control revela una diferencia de casi diez puntos porcentuales frente a los resultados de las administraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Reforma agraria, agua potable rural, salud pública y compromisos con comunidades étnicas figuran entre las áreas con mayores retrasos. 

El ambicioso proyecto de transformación social, económica y ambiental que Gustavo Petro presentó como la hoja de ruta de su Gobierno terminó con un balance de ejecución inferior al registrado por sus dos antecesores. Según la evaluación divulgada por la Contraloría General de la República, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 alcanzó un cumplimiento del 72,5 % al 7 de agosto de 2026, el resultado más bajo entre las tres últimas administraciones presidenciales.

Las cifras expuestas por el vicecontralor general, Francisco José Chaux, ponen en discusión la distancia entre las promesas formuladas por el Gobierno y los resultados reportados al cierre del periodo. El contraste es significativo: el plan de desarrollo del periodo 2014-2018, correspondiente a Juan Manuel Santos, registró un cumplimiento del 82,5 %, mientras que el de Iván Duque, entre 2018 y 2022, llegó al 82,21 %.

La diferencia frente a Santos es de diez puntos porcentuales y, frente a Duque, de 9,71 puntos. Aunque estos resultados corresponden a periodos presidenciales distintos y deben compararse bajo metodologías e indicadores equivalentes, la evaluación de la Contraloría sitúa el balance de Petro por debajo de los dos gobiernos anteriores.

El resultado adquiere especial relevancia por las dimensiones del programa aprobado para el cuatrienio. El Plan Nacional de Desarrollo, denominado  Colombia, potencia mundial de la vida , contempló recursos estimados en $1.154,8 billones y prometió transformaciones estructurales en el campo, la protección ambiental, la alimentación, la salud, la educación, la transición energética y la reducción de las desigualdades regionales.

Sin embargo, el informe de control fiscal advierte que una parte importante de esos compromisos no alcanzó los resultados previstos.

La evaluación presentada por la Contraloría muestra que el 33 % de las metas examinadas se cumplió, el 44 % permanecía pendiente y el 23 % registraba avances inferiores al 50 %.

El balance no solo identifica retrasos en la ejecución de las políticas públicas. También señala deficiencias en los sistemas de información, en los reportes institucionales y en los mecanismos empleados para comprobar los indicadores y verificar los resultados en los territorios y entre las poblaciones beneficiarias.

La advertencia es relevante para la rendición de cuentas: no basta con anunciar programas, asignar presupuestos o reportar actividades. La administración pública debe demostrar, mediante información verificable, que las acciones desarrolladas produjeron los resultados comprometidos.

“La confianza en los planes de desarrollo requiere evidencia verificable entre lo prometido y lo efectivamente alcanzado”, afirmó el vicecontralor Francisco José Chaux, según el balance divulgado.

En consecuencia, las cifras plantean dos interrogantes: cuánto de lo prometido quedó efectivamente ejecutado y cuánto de lo reportado puede acreditarse con información confiable.

La reforma agraria, entre las grandes promesas y los rezagos

Uno de los componentes más representativos del programa de Petro fue la reforma agraria. El Gobierno se propuso entregar y titular cerca de tres millones de hectáreas para campesinos, con el propósito de ampliar el acceso a la tierra, fortalecer la producción agropecuaria y contribuir a la transformación de las condiciones económicas del campo.

De acuerdo con los datos incluidos en el balance, se habían gestionado más de 703.000 hectáreas, una cifra que debe analizarse distinguiendo entre adquisición, recuperación, entrega material y formalización de predios, pues no todas estas actuaciones representan el mismo resultado para las familias rurales.

El rezago señalado por la Contraloría adquiere importancia en un país donde el acceso a la tierra constituye uno de los principales desafíos históricos del desarrollo rural. La reforma agraria fue presentada como una de las apuestas centrales del Gobierno, pero su alcance debe medirse por los resultados efectivos, las hectáreas entregadas y tituladas y el número de beneficiarios que lograron acceder a ellas.

La brecha entre las metas propuestas y los avances reportados también plantea preguntas sobre la capacidad institucional para convertir las decisiones administrativas y presupuestales en transformaciones concretas en el territorio.

Agua potable, salud y juventud: compromisos sin completar

Los retrasos identificados por el organismo de control también involucran políticas relacionadas con el acceso al agua potable en las zonas rurales, la salud pública y los programas dirigidos a los jóvenes.

Se trata de sectores que inciden directamente en las condiciones de vida de la población y en la reducción de las brechas entre las ciudades y las comunidades apartadas.

En materia de agua potable, los compromisos del plan buscaban mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos, especialmente en áreas rurales donde persisten dificultades de infraestructura y cobertura. En salud pública, el desafío consistía en fortalecer la atención y las capacidades institucionales, mientras que las políticas de juventud pretendían ampliar las oportunidades de inclusión y bienestar.

Los retrasos identificados evidencian que estas transformaciones no pueden evaluarse únicamente por la formulación de reformas o la creación de programas. Su impacto depende de la cobertura alcanzada, los recursos ejecutados, la continuidad de los servicios y los resultados comprobables para los ciudadanos.