Lo que ocurrió en Barbosa, Santander, no es un simple “error administrativo” como a veces se pretende disfrazar desde la comodidad de los escritorios públicos. Es, más bien, otro capítulo de ese libreto repetido en Colombia donde el ordenamiento del territorio termina siendo tratado como una sugerencia decorativa y no como la columna vertebral que protege el desarrollo equilibrado de los municipios. Y cuando esa columna se dobla, lo que se rompe no es un papel, sino la confianza de toda una comunidad.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Hablamos de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación contra Segundo Alberto Camacho Ovalle, exjefe de la Oficina Asesora de Planeación y de Obras Públicas de Barbosa, la cual deja al descubierto una práctica que resulta profundamente indignante: la expedición de licencias urbanísticas pasando por encima del Esquema de Ordenamiento Territorial, como si las reglas del uso del suelo fueran un obstáculo incómodo y no una norma obligatoria.

Según lo establecido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, el entonces funcionario firmó y autorizó licencias de subdivisión rural sobre tres predios, pero lo hizo interpretando de manera equivocada, o convenientemente equivocada, la reglamentación del uso del suelo. Y ahí está el corazón del problema: no se trató de un simple trámite mal diligenciado, sino de decisiones que otorgaron derechos urbanísticos que contradecían directamente el ordenamiento territorial vigente.

El tema es muy preocupante si se tiene en cuenta que en un país el crecimiento urbano desordenado ha generado conflictos sociales, ambientales y económicos durante décadas. Cada licencia irregular abre la puerta a asentamientos indebidos, a presión sobre servicios públicos, a afectaciones ambientales y, en muchos casos, a negocios privados que prosperan a costa del interés general. Es como mover los cimientos de una casa mientras alguien sigue viviendo dentro: tarde o temprano, todo empieza a resquebrajarse.

El fallo de primera instancia es claro en señalar que, para el año 2021, Camacho Ovalle incumplió su deber fundamental de acatar y hacer cumplir los acuerdos municipales, los reglamentos y los manuales de funciones. Es decir, no solo falló en su rol técnico, sino en su responsabilidad institucional.

La Procuraduría calificó su conducta como grave a título de culpa grave, una expresión que en términos ciudadanos se traduce en algo difícil de digerir: una negligencia de tal magnitud que resulta inaceptable en quien tenía la obligación de velar precisamente por el orden y la legalidad del desarrollo urbano.

Y aquí surge una pregunta inevitable, cargada de molestia legítima: ¿cuántas decisiones como estas pasan desapercibidas en otros municipios del país? ¿Cuántas licencias se firman torciendo la norma mientras las comunidades confían en que las autoridades están actuando correctamente? Porque este caso no parece un hecho aislado, sino el reflejo de una cultura institucional donde el ordenamiento territorial es vulnerado con una facilidad alarmante.

La sanción de siete meses de suspensión, que en este caso se convierte en una multa cercana a los 24 millones de pesos debido a que el funcionario ya no ocupa el cargo, deja un sabor agridulce. Por un lado, evidencia que hubo control y que la irregularidad no quedó en el olvido.

Pero por otro, plantea dudas sobre si este tipo de sanciones realmente logran disuadir conductas similares. Porque cuando las decisiones afectan el uso del suelo, el impacto puede durar décadas, mientras que la consecuencia disciplinaria parece resolverse en una cifra económica.

En Barbosa, como en tantos municipios intermedios del país, el ordenamiento territorial no es un asunto técnico aislado, es una herramienta que define el futuro. Define dónde se construye, qué se protege, qué se transforma. Manipularlo, ignorarlo o interpretarlo de forma arbitraria no solo vulnera la ley, sino que traiciona el interés colectivo.

Este caso debería encender más que una sanción: debería provocar una revisión profunda de cómo se están otorgando licencias urbanísticas en los municipios, de qué tan vigilados están estos procesos y de qué tan blindadas están las decisiones frente a intereses particulares. Porque cuando el urbanismo se vuelve un terreno flexible al capricho de funcionarios, lo que termina en juego no es un expediente, sino el destino mismo del territorio.