Derivados de la corrupción los derrumbes aíslan a Santander
La ola invernal causó derrumbes que aislaron comunidades en Santander, interrumpieron el tráfico y generaron pérdidas económicas. La falta de acción rápida y planificación agrava la situación, pidiendo medidas urgentes y recursos para restaurar la movilidad.
La ola invernal causó derrumbes que aislaron comunidades en Santander, interrumpieron el tráfico y generaron pérdidas económicas. La falta de acción rápida y planificación agrava la situación, pidiendo medidas urgentes y recursos para restaurar la movilidad.
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Santander enfrenta una emergencia vial, originada en la ola invernal, que no admite dilaciones para ser resuelta en el menor tiempo posible y que tenga la capacidad de soportar los embates de la naturaleza y deje, de una vez por todas, ser el pretexto perfecto para incentivar la politiquería, la corrupción y el despilfarro de dinero..
Derrumbes de vastas proporciones, en tramos clave, destruyeron la banca, sepultaron calzadas y aislaron municipios en los últimos ocho días de octubre, con consecuencias directas sobre pasajeros, habitantes, turistas, transporte y carga.
Los hundimientos en la vía Bucaramanga–Oiba–Bogotá y en los kilómetros 27 a 29 entre Landázuri y Barbosa interrumpieron el paso total de vehículos y dejaron a comunidades incomunicadas.
La Transversal del Carare cayó en un punto crítico, que aisló a Vélez y a poblaciones aledañas. Las autoridades locales reportaron familias afectadas y vías colapsadas por deslizamientos que ahora exigen recursos y obras de emergencia.
El efecto sobre la movilidad y la economía fue inmediato. Turistas, pasajeros habituales, mercancías y buses quedaron varados. Camiones de carga pierden jornadas laborales. Empresarios y hogares afrontan pérdidas por mercancía retenida y jornales embolatados.
Frente a este panorama, INVÍAS debe asumir responsabilidad técnica y operativa. La entidad emitió comunicados y prometió inspecciones, pero la reparación exige decisión, recursos y liderazgo ejecutivo que no llegaron con la urgencia necesaria.
El Gobierno nacional dispone de instrumentos para declarar emergencia y activar recursos. Las demoras administrativas y la ausencia de un plan de mantenimiento preventivo convierten cada lluvia intensa en una apuesta por la suerte de las comunidades.
El Gobierno departamental falló en coordinación y planificación. Señalamientos, reportes y alertas de meses quedaron sin medidas estructurales para proteger taludes y puentes.
El resultado, infraestructura degradada, puentes que muestran signos de socavación y estructuras pequeñas en riesgo de colapso, con comunidades que afrontan esa posibilidad sin alternativa de evacuación, reubicación o una solución segura.
Los Congresistas santandereanos duermen el sueño de los justos porque su tarea de asegurar recursos adicionales es nula y, previo a este desastre, no impulsaron controles efectivos sobre contratos y mantenimiento en las carreteras hoy colapsadas.
Ante esta crítica situación, se debe imponer una hoja de ruta inmediata como declarar emergencia preventiva, asignar recursos extraordinarios para la estabilización de taludes y reparación de bancas, intervenir puentes con riesgo estructural y habilitar pasos alternos seguros para servicio de pasajeros, transporte y carga.
Hacemos un llamado vehemente a las fuerzas vivas de Santander, Gobernador, Alcaldes, gremios, universidades, transportadores, líderes comunales y vocerías sociales, para exigir soluciones concretas y plazos claros, con resultados eficientes y eficaces.
Así mismo, demandamos informes públicos, auditorías a contratos, presencia técnica en terreno ejecución con transparencia, intervención ministerial del INVÏAS inmediata, desembolso de recursos extraordinarios y vigilancia ciudadana sobre cada peso invertido.
La Procuraduría General de la Nación debe intervenir para proteger el patrimonio público y determinar responsables, porque la región santandereana no puede soportar más pérdidas económicas derivadas de la negligencia institucional.