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¿Del título 'chimbo' a las 'coimas VIP'? La 'brillante' carrera que investiga la Fiscalía

La Fiscalía investiga a Juliana y Verónica Guerrero por presunto cobro de comisiones para direccionar contratos en entidades del Gobierno.

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, luego de que una publicación de la revista Semana revelara audios, chats y comprobantes de consignación que las vincularían con el cobro de presuntas comisiones a cambio de direccionar contratos en entidades clave del Gobierno nacional.

Según las pruebas difundidas, la supuesta red exigía un cobro de 1 millón de pesos por la cita inicial, un anticipo de 200 millones al concretar el primer encuentro y un 10 % sobre el valor total de cada contrato gestionado mediante influencias con altos funcionarios.

Penas de hasta 20 años de cárcel y posible extinción de dominio

De acuerdo con expertos juristas, la gravedad de los hechos denunciados podría acarrear sanciones drásticas si se comprueba la responsabilidad de las implicadas:

  • Posibles delitos: El exfiscal general Francisco Barbosa señaló que la conducta se enmarcaría en conductas como cohecho, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
  • Años de prisión: El penalista Fabio Humar estimó que las penas acumuladas podrían superar los 20 años de cárcel, dada la severidad de los delitos contra la administración pública.
  • Bienes en la mira: Barbosa añadió que la Fiscalía debería iniciar procesos de extinción de dominio sobre los bienes a nombre de las hermanas o posibles testaferros, para verificar si fueron adquiridos con dineros ilícitos.

Cabe recordar que Juliana Guerrero ya afronta un llamado a juicio por fraude procesal y falsedad en documento público, acusada de presentar un título falso de contadora para aspirar al Viceministerio de la Juventud, caso que le representa entre 6 y 12 años de prisión.

La reacción de Petro y la advertencia de los juristas

Ante la controversia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), sugiriendo que los empresarios habrían entregado los chats al no lograr la adjudicación de los convenios:

Sin embargo, sus declaraciones abrieron un nuevo debate legal. El abogado penalista Francisco Bernate advirtió que, si el Presidente o cualquier servidor público tenía conocimiento de estos ofrecimientos ilegales y no los puso en conocimiento de la justicia, podría incurrir en el delito de abuso de autoridad por omisión, conducta que contempla la pérdida del cargo.

Por su parte, Juliana Guerrero sostuvo que jamás sostuvo reuniones con empresarios para direccionar contratación alguna. La Fiscalía avanzará en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad penal de las salpicadas.