Defensoría alerta crisis humanitaria y ambiental por minería ilegal. Santander es una zona crítica

En Santander, la minería ilegal no solo extrae oro. También está drenando derechos, contaminando el agua y poniendo en jaque el futuro de toda una región. La situación es grave considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La minería ilegal en el departamento de Santander no es un fenómeno reciente ni aislado. Es, más bien, una herida abierta que se extiende por años en las entrañas de la provincia de Soto Norte, especialmente en municipios como California y Vetas, donde la extracción ilícita de minerales se ha convertido en una práctica persistente, peligrosa y cada vez más sofisticada.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo encendió nuevamente las alarmas. Durante el foro El futuro de la minería: entre la explotación ilegal y los retos legales del Estado, realizado el pasado 19 de marzo de 2026, la entidad advirtió sobre graves vulneraciones de derechos humanos y profundas afectaciones a los ecosistemas, derivadas de esta actividad en distintas regiones del país, con especial preocupación en territorios como Santander.

La jefa del ministerio público recordó que desde 2018, la Defensoría ha emitido 124 Alertas Tempranas relacionadas con riesgos en zonas de extracción minera. La cifra, más que un dato, funciona como un termómetro que marca una fiebre persistente: comunidades enteras expuestas a dinámicas de violencia, economías ilegales y deterioro ambiental.

En el corazón del problema late un proceso rudimentario pero devastador. Grupos ilegales abren socavones con explosivos, extraen concentrados polimetálicos y luego los procesan en piscinas artesanales donde utilizan mercurio para separar el oro. El resultado es una cadena de contaminación que no se detiene en la montaña, sino que desciende silenciosa por las fuentes hídricas.

El páramo de Santurbán, ecosistema estratégico del que depende el abastecimiento de agua de más de 2,5 millones de personas en el área metropolitana de Bucaramanga, se encuentra bajo presión constante.

Los afluentes que alimentan el acueducto han registrado episodios críticos de contaminación. De hecho, meses atrás, se tuvo que suspender la captación de agua desde bocatomas del río Suratá debido a la presencia de mercurio y otros metales pesados.

Lo que fluye por estas aguas no es solo líquido: es una mezcla de riesgo sanitario, negligencia institucional y economías ilegales que avanzan más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.

Cabe recordar que la exalcaldesa de California, Jeny Gamboa, fue sancionada por la Procuraduría precisamente por no ejercer control efectivo frente a la minería ilegal en su municipio. El caso se convirtió en un símbolo de las fallas en la gestión local frente a una actividad que exige vigilancia permanente.

“El impacto de la minería ilegal trasciende lo ambiental. En muchas regiones, la presencia de estructuras criminales alrededor de esta actividad ha desencadenado desplazamientos forzados, confinamientos, agresiones sexuales y homicidios. Las comunidades, atrapadas entre la necesidad económica y la presión de actores ilegales, ven restringida su posibilidad de vivir con dignidad en sus territorios. La minería, en estos casos, deja de ser una actividad económica para convertirse en un factor de descomposición social”, expresó un portavoz de la Defensoría del Pueblo.

Uno de los puntos clave del pronunciamiento es la necesidad de que el Estado actúe con precisión quirúrgica. No es lo mismo enfrentar redes de criminalidad organizada que intervenir en contextos de minería de subsistencia o ancestral.

La Defensoría insistió en que una respuesta eficaz debe combinar acciones contundentes contra estructuras ilegales con garantías reales para las comunidades: protección, atención a víctimas, prevención del riesgo, recuperación ambiental y acceso a justicia.

Una problemática generalizada

Hace unos meses la Procuraduría General de la Nación había revelado los impactantes resultados del Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en el país.

Por ejemplo, el ente de control informó que, en los últimos diez años, se ha reportado la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, afectando especialmente a Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, más del 50 % de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad.

Detalló que, la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos socioambientales en Colombia, provocando, además, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.

Así mismo, puntualizó en que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación por mercurio y la deforestación.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, con el apoyo de la Organización Pure Earth y la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se realizaron siete campañas de muestras, que evidenciaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varios departamentos, cuyos resultados se incluyen en el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia.

Para el Ministerio Público la situación es aún más grave considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población.

Finalmente la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios destacó que, a pesar de los avances alcanzados, queda mucho por hacer, entendiendo que la protección de recursos naturales y la preservación de un ambiente sano para las futuras generaciones requiere la colaboración de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y el sector privado.