De prestamistas a piezas de guerra: el oscuro negocio que lleva a colombianos a servir en peligrosas redes en México
La reciente desaparición y posterior liberación de cinco ciudadanos colombianos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, puso nuevamente sobre la mesa un fenómeno que trasciende el caso puntual: el creciente empleo de colombianos, incluidos exintegrantes del Ejército Nacional, como fuerza de choque y mano de obra criminal en otros países.
El secuestro ocurrió el 25 de julio, cuando las víctimas, vinculadas presuntamente a un esquema de préstamos informales tipo “gota a gota”, fueron privadas de la libertad en diferentes puntos de Tlajomulco. Días después, fueron liberadas cerca del aeropuerto, con sus documentos en mano, y regresaron a Colombia. Entre ellas se encontraban Maryeline Ramos Flores, oriunda de Medellín, y los hermanos Julián Andrés y Alexander Sepúlveda Villada, de Aranzazu, Caldas. Las otras dos personas no han sido plenamente identificadas.
Aunque en este caso las autoridades mexicanas no confirmaron vínculos directos con estructuras armadas, expertos en seguridad advierten que este tipo de operaciones de financiamiento ilegal suele estar conectado con redes mucho más complejas: carteles del narcotráfico, grupos de sicarios y organizaciones transnacionales que incorporan a colombianos en actividades de cobro violento, sicariato y logística criminal.
Lo preocupante es que este fenómeno no se limita a la economía ilícita en América Latina. Investigaciones recientes muestran que la experiencia militar adquirida en Colombia —especialmente por exsoldados entrenados en combate irregular— ha convertido a muchos compatriotas en un recurso codiciado para conflictos internacionales. En Europa del Este, combatientes colombianos han sido reclutados por ambos bandos en la guerra entre Ucrania y Rusia, participando en operaciones de asalto y manejo de armamento pesado.
De igual forma, en México varios exmilitares colombianos han sido detectados operando como instructores de grupos criminales, enseñando tácticas de combate, emboscadas y manejo de explosivos. En Haití, este patrón se hizo evidente con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, cuando se descubrió que un comando integrado en su mayoría por colombianos —muchos con pasado en las Fuerzas Armadas— fue contratado para ejecutar la operación.
En todos los casos, la promesa de ingresos altos, la falta de oportunidades laborales en Colombia y la existencia de redes clandestinas de contratación juegan un papel clave. “Estamos frente a una exportación de fuerza militar y criminal que no solo afecta la imagen del país, sino que contribuye a desestabilizar regiones enteras”, advierte un analista consultado.
El caso de Tlajomulco, que pudo pasar como un episodio aislado de cobro ilegal de deudas, se inserta así en una problemática global: la conversión de ciudadanos y exmilitares colombianos en armas de guerra y engranajes de la maquinaria del crimen organizado, ya sea en las calles de Jalisco, en los barrios pobres de Puerto Príncipe o en las trincheras de Donbás.
