De la Espriella denunció a Petro por supuesto ‘tumbe’ con $370.000 millones durante el empalme ¿Será cierto?

A escasos días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el equipo de empalme del Gobierno electo intensificó la entrega de información a los organismos de control al radicar una nueva serie de denuncias por presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas que comprometerían recursos públicos superiores a los 370.000 millones de pesos.

Las actuaciones fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación por el Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, que aseguró haber consolidado hallazgos técnicos y jurídicos derivados de las auditorías realizadas durante el proceso de transición entre gobiernos.

De acuerdo con el informe entregado por el director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, Germán Calderón España, las denuncias fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto y abarcan varios procesos contractuales considerados de alto impacto por el volumen de recursos comprometidos y por las presuntas anomalías detectadas.

Uno de los casos que concentra la mayor atención corresponde a un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC) para la adquisición de 16 sistemas antidrones destinados a fortalecer las capacidades de protección de las Fuerzas Militares frente a amenazas aéreas.

Según el análisis técnico realizado por el equipo de empalme, existirían posibles sobrecostos de hasta el 85 % frente al valor estimado de los equipos, situación que podría representar un presunto detrimento patrimonial superior a los 20.700 millones de pesos.

El documento también advierte que varios de los sistemas habrían sido entregados sin la instalación integral requerida para su operación, carecerían de geolocalización funcional y presentarían fallas críticas en los sistemas de inhibición, observaciones que, según el informe, fueron reportadas por el Ejército Nacional durante las pruebas de funcionamiento.

Otra de las actuaciones remitidas a los entes de control involucra a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad sobre la cual se solicitó abrir una investigación relacionada con un contrato cercano a los 24.800 millones de pesos.

El Gobierno electo sostiene que la contratación habría sido adjudicada mediante contratación directa pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección del cual se derivó dicha contratación, circunstancia que ahora será objeto de análisis por las autoridades competentes.

En el paquete de denuncias también figura un contrato jurídico de aproximadamente 23.000 millones de pesos celebrado por CENIT, filial del Grupo Ecopetrol. El informe entregado por el Empalme Anticorrupción señala la existencia de nuevos elementos que apuntarían a presuntas presiones de carácter político durante el desarrollo del proceso contractual, recomendaciones sobre perfiles profesionales que debían vincularse por parte del contratista y la supuesta eliminación de mecanismos de control y seguimiento que, en criterio del equipo auditor, habrían debilitado la supervisión del contrato.

El Gobierno electo precisó que la documentación entregada contiene soportes técnicos y jurídicos que serán valorados por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, organismos encargados de determinar si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales derivadas de los hechos denunciados.

Desde el equipo de transición se indicó que este nuevo paquete de denuncias hace parte de una estrategia de revisión integral de la contratación estatal ejecutada durante el gobierno saliente y que los hallazgos continuarán siendo remitidos de manera progresiva a las autoridades competentes conforme avancen las auditorías especializadas.

La administración entrante reiteró que uno de sus principales compromisos será fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción y garantizar el seguimiento de los recursos públicos, por lo que anunció que continuará documentando y entregando cualquier evidencia que permita esclarecer posibles irregularidades administrativas o contractuales detectadas durante el proceso de empalme.

Con estas nuevas actuaciones, el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella busca que los organismos de control adelanten las investigaciones correspondientes para establecer si existieron conductas que comprometieran el patrimonio público y determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios o particulares que hubieran intervenido en los contratos objeto de revisión.