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De cárceles a centros de producción: las reformas con las que Gustavo Moreno quiere cambiar las cárceles del país

Gustavo Moreno propone transformar las cárceles con trabajo, resocialización y control para frenar delitos coordinados desde prisión.

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El senador santandereano plantea cuatro iniciativas para transformar el sistema penitenciario, promover el trabajo de los internos y enfrentar la delincuencia que se sigue coordinando desde los centros de reclusión. Las propuestas fueron presentadas al ministro de Justicia, Iván Cancino.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La agenda anunciada por el senador reúne cuatro asuntos distintos: trabajo y resocialización, control del tiempo libre en prisión, participación privada en la administración carcelaria y construcción de establecimientos de alcance regional.

Es importante precisar que se trata de iniciativas anunciadas por el congresista. No debe confundirse su presentación con la aprobación de una ley. La información disponible permite describir el propósito de cada propuesta, pero no confirma que las cuatro hayan sido radicadas con el mismo articulado ni que ya estén en trámite legislativo.

 

1. Ley Cárceles Productivas: trabajar para volver a la sociedad: La propuesta de Cárceles Productivas tiene como propósito que las personas privadas de la libertad puedan trabajar, aprender un oficio y prepararse para regresar a la vida en sociedad. No se trata únicamente de ocupar el tiempo dentro de una prisión. El objetivo es que el trabajo se convierta en una herramienta de resocialización, rehabilitación y reinserción social. En la práctica, esto podría traducirse en talleres de producción, formación para el trabajo y actividades económicas desarrolladas dentro del sistema penitenciario, bajo las condiciones que establezca la ley.

2. Ley Cero Ocio: cárceles donde el tiempo se use para resocializar: La Ley Cero Ocio busca enfrentar uno de los problemas que el senador identifica dentro del sistema penitenciario: el tiempo sin actividades de trabajo, estudio o formación que contribuyan a la resocialización. La idea central es que las personas privadas de la libertad tengan acceso a ocupaciones útiles durante su permanencia en prisión, en lugar de que los centros penitenciarios se conviertan en espacios donde se mantengan actividades delictivas. De acuerdo con el planteamiento público del congresista, la iniciativa está relacionada con el fortalecimiento de las cárceles productivas. Su desarrollo tendría que precisar aspectos como:

3. Ley Cárceles Privadas: abrir el debate sobre la participación empresarial: La tercera iniciativa plantea revisar la posibilidad de que el sector privado participe en la construcción, operación o prestación de servicios dentro del sistema penitenciario.

4. Ley Cárceles Regionales: construir establecimientos para atender las necesidades de varias zonas: La cuarta propuesta busca impulsar un modelo de cárceles regionales para atender la crisis de infraestructura y las necesidades de reclusión de diferentes territorios del país. La idea consiste en que determinados establecimientos puedan prestar servicio a varios municipios o departamentos, de manera que la atención penitenciaria no dependa exclusivamente de las cárceles existentes en cada ciudad. Una cárcel regional podría permitir concentrar recursos y servicios en establecimientos diseñados para atender una población de varios municipios. Sin embargo, el resultado dependerá de la ubicación, la capacidad, las vías de acceso y la financiación.

Las cuatro iniciativas apuntan a una discusión que lleva años en Colombia: cómo conseguir que las cárceles cumplan su función de resocializar y, al mismo tiempo, evitar que sean utilizadas para coordinar delitos.

El senador Gustavo Moreno ha sostenido que el sistema penitenciario debe ofrecer oportunidades de trabajo y rehabilitación. En noviembre de 2022, durante la presentación de su proyecto de Cárceles Productivas, señaló que las prisiones debían convertirse en espacios de resocialización y no en lugares para continuar con la delincuencia.

El reto será convertir esos propósitos en normas concretas, con financiación, controles, infraestructura y garantías para las personas privadas de la libertad.