Curules en el Congreso de la República que cuestan $120 millones mensuales
El artículo denuncia que clanes políticos y privilegios en el Congreso frenan el relevo generacional y elevan el costo de la representación.
El artículo denuncia que clanes políticos y privilegios en el Congreso frenan el relevo generacional y elevan el costo de la representación.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
··········
········
Una democracia comprada por clanes electorales, que ejercen en Colombia el ‘derecho a la sucesión en el poder polìtico’ y al ‘Derecho de pernada’ en los cargos de representación popular, les ha cerrado el paso a las nuevas generaciones en Colombia. Los partidos históricos sucumbieron ante esa realidad, donde cada parlamentario tiene derecho a nombrar y contratar por lo menos a diez (10) funcionarios de libre nombramiento y remoción, sin que genere alguna inhabilidad.
Fue el exministro de hacienda Rudolf Honmes Rodríguez quien, en 1986, durante el gobierno del expresidente Virgilio Barco Vargas, introdujo la creación de las denominadas ‘Unidades Legislativas’, donde incorporan a centenares de personas que administran la pereza a las puertas del Capitolio Nacional de Colombia. Como si fuera poco, algunos de los integrantes de las ‘Unidades Legislativas’ comparten sus asignaciones económicas hasta con las amas de alcoba y con las familias de los congresistas, incluyendo la empleada del servicio, que cada mes recibe la cuota que le corresponde por compromisos políticos con algunos de los afortunados personajes, que terminan costándole varios millones de pesos al erario público.
El intercambio de personal entre senadores y representantes a la cámara se ha convertido en una lotería para los clanes familiares que se hacen elegir cada cuatro años sin necesidad de ir a trabajar. Un parlamentario colombiano devenga alrededor de cincuenta y dos millones de pesos mensuales ($52’000.000) mas una nómina de secretarias, escoltas, ujieres y asesores, la mayoría de los cuales carece de títulos académicos para desempeñarse en cargos asignados a cada parlamentario. Como complemento, devengan sin trabajar, una prima semestral de servicios equivalente a su máximo salario y otra prima de servicio por la época de navidad. Como si fuera poco, prevalece la denominada ‘Prima de Antigüedad’, que es otro de los privilegios de los honorables senadores y representantes.
De estos costos se han contagiado los diputados de los treinta y dos (32) departamentos que tiene Colombia. En algunos partidos políticos, como el ‘Pacto Històrico’, se aferran al poder por ‘Lista Cerrada’ unas personas de poco vuelo intelectual, que cada cuatro años se arriman al escritorio de los jefes políticos para proponer negocios en materia de contratación oficial. Conocemos casos de personajes que se han eternizado en las ‘Unidades Legislativas’ porque allí prevalece un régimen laboral, cuyos ingresos incrementan el patrimonio económico de varios de los integrantes de la rama legislativa del poder público.
La reelección de los congresistas del Senado y la Cámara de Representantes está rodeada de vicios electorales y de personajes que se reparten los cargos administrativos, como si fuera plata de bolsillo. Una revisión de la nómina de empleados del Congreso de la República le daría la razón a la opinión pública. Por eso, la campaña electoral de un senador ò de un representante a la cámara están por encima de los cinco mil millones de pesos, cifra que la gente honrada no puede conseguir. Esta falla constitucional y legal se la debemos a la Constitución de 1991, y por supuesto, al exministro de hacienda Rudolf Honmes Rodríguez, que había sido considerado como un genio de las finanzas nacionales.
