Cristian Portilla sí estaría inhabilitado para participar en las atípicas de Bucaramanga
Resumen
Cristian Portilla enfrenta inhabilidad para las elecciones de Bucaramanga por ejercer autoridad en un contrato previo. Pese a la defensa de su abogado, la ley y expertos confirman la inhabilidad debido a su intervención contractual y gestión de recursos públicos.
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El trasfondo político del caso es evidente. Tras ser anulada su elección, Jaime Andrés Beltrán buscó mantener su influencia en el gobierno local promoviendo a uno de sus asesores más leales. Portilla, sin experiencia en dirección pública, renunció a su cargo en la administración municipal para iniciar su campaña electoral, olvidando que con ello dejaba al descubierto una causal de inhabilidad que lo perseguiría hasta las urnas.
Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
El debate político en Bucaramanga atraviesa una tormenta jurídica y ética. A Escasos 43 días de las elecciones atípicas, crece la polémica por la inhabilidad del candidato Cristian Fernando Portilla Pérez, quien funge como el heredero político de Jaime Andrés Beltrán, candidato del que se afirma con insistencia desde un sector del derecho administrativo que estaría inmerso en causales de inhabilidad para participar en el certamen electoral.
El caso de Portilla se sustenta en un hecho preciso y documentado: fue supervisor del contrato de Plan de Medios No. 055 de 2025, celebrado entre el Municipio de Bucaramanga y la Unión Temporal Libre Fuente 2025.
De acuerdo con la Ley 617 de 2000, artículo 37, numeral 4, no puede ser elegido alcalde quien, dentro del año anterior a las elecciones, haya ejercido autoridad administrativa o contractual en el mismo municipio.
Aunque su abogado, Hollman Ibáñez Parra, intentó minimizar la situación asegurando que “la supervisión de un contrato no implica autoridad ni intervención”, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que esa función sí constituye ejercicio de autoridad, por cuanto implica control, vigilancia y toma de decisiones sobre la ejecución contractual.
En palabras sencillas, el supervisor de un contrato no es un simple observador: administra recursos públicos, vigila el cumplimiento de obligaciones y puede incidir directamente en decisiones presupuestales.
A la controversia se suma un documento que compromete aún más al candidato. Se trata de uno fechado para el 17 de septiembre de 2025, mediante el cual Cristian Portilla solicitó personalmente una adición de casi 1.500 millones de pesos al mismo contrato Plan de Medios, tal y como lo difundió el pasado fin de semana el columnista de Periódico EL FRENTE, Óscar Jahir Hernández.
Esa actuación, según juristas consultados, constituye una intervención directa en la gestión de un negocio público, la cual activa de manera automática la inhabilidad establecida en la ley.
“Esa es la más clara demostración de que ejerció autoridad administrativa. Ese voto está muerto desde antes de contarse”, sostuvo un experto en derecho electoral al ser consultado por EL FRENTE.
Una irresponsabilidad electoral
Más allá de la discusión jurídica, el episodio refleja una preocupante irresponsabilidad política y electoral. Portilla, que cuenta con el respaldo explícito de Jaime Andrés Beltrán, destituido por doble militancia, sabía o debía saber que su participación estaba en duda.
Aun así, decidió lanzarse al ruedo electoral, generando incertidumbre y confusión entre los votantes, e incluso poniendo en riesgo la transparencia del proceso pues la costumbre de lanzarse a un proceso electoral a sabiendas de que podría estar inhabilitado es un irrespeto hacia el electorado y hacia las instituciones.
Para varios observadores, esta jugada demuestra el afán del exalcalde por prolongar su proyecto político pese a las sanciones que lo apartaron del poder. “Fue una decisión apresurada, producto del ego político y del deseo de no perder control sobre la Alcaldía”, señalan fuentes cercanas al movimiento.
El candidato Portilla tiene quien lo defienda
Ante la avalancha de críticas, el abogado Hollman Ibáñez Parra salió en defensa del candidato Cristian Portilla, calificando las acusaciones como “infundadas” y “políticamente motivadas”.
Según su interpretación, las funciones de Portilla en el contrato de Plan de Medios no configuraron autoridad administrativa ni generaron ventaja alguna, y curiosamente también acudió a un pronunciamiento del máximo tribunal de lo contencioso administrativo para sustentar su tesis: “Las decisiones del Consejo de Estado son claras en señalar que la supervisión o acompañamiento en contratos públicos no constituye causal de inhabilidad. Solo quienes ejercen autoridad o poder decisorio real pueden estar sujetos a esa restricción”, explicó Ibáñez.
