Crisis del agua en Barichara: Tribunal niega medidas cautelares, pero mantiene abierta la batalla judicial por soluciones definitivas

La crisis por el abastecimiento y la calidad del agua que desde hace varios años golpea a Barichara y a otros municipios de la provincia Guanentá continúa sin una solución definitiva. En una nueva decisión judicial, el Tribunal Administrativo de Santander negó las medidas cautelares solicitadas dentro de la acción popular presentada por habitantes de Barichara, Villanueva y Cabrera, aunque dejó claro que el proceso seguirá su curso hasta establecer si existe vulneración de derechos colectivos y quiénes son los responsables de la problemática.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La acción popular fue presentada en enero de 2026 por ciudadanos y líderes comunitarios que denunciaron afectaciones a derechos colectivos relacionados con el acceso al agua potable, la salubridad pública, el ambiente sano y la adecuada prestación de los servicios públicos.

Durante el estudio inicial del expediente, los magistrados identificaron que la problemática no es homogénea entre los tres municipios involucrados y que existen diferencias importantes en las condiciones del suministro.

En el caso de Barichara, el Tribunal reconoció que algunos sectores presentan riesgos sanitarios debido a que el agua llega sin un tratamiento adecuado antes de ser distribuida, situación que ha sido motivo de constantes denuncias por parte de la comunidad y de las veedurías ciudadanas.

No obstante, la corporación judicial concluyó que antes de ordenar medidas cautelares resulta indispensable desarrollar una etapa probatoria más amplia que permita establecer cómo opera toda la cadena de captación, conducción y tratamiento del agua, así como determinar las responsabilidades específicas de cada una de las entidades demandadas. En consecuencia, la solicitud fue negada sin que ello implique el cierre del proceso judicial.

Una decisión que no pone fin al litigio

Aunque la negativa de las medidas cautelares representa un revés para quienes promovieron la acción popular, la decisión deja abierta la posibilidad de que posteriormente el Tribunal adopte órdenes estructurales una vez culmine el análisis de fondo.

Desde la Veeduría del Agua de Barichara manifestaron su desacuerdo con la determinación, pero resaltaron que el proceso continúa vigente y que la justicia mantiene abierta la investigación sobre las presuntas vulneraciones denunciadas.

Asimismo, destacaron que el Tribunal otorgó un plazo de 20 días para que las entidades involucradas elaboren de manera conjunta un plan de trabajo orientado a buscar soluciones concretas frente a la crisis hídrica que afecta a cientos de familias.

La situación del agua en Barichara ha ocupado la agenda pública durante buena parte del año. Entre marzo y abril, cientos de habitantes denunciaron que el agua distribuida en el casco urbano presentaba coloración amarilla o café, malos olores e incluso apariencia aceitosa, lo que generó preocupación por posibles riesgos para la salud pública.

Las dificultades surgieron después de que el sistema tuviera que depender en mayor medida de la represa El Común, debido a la disminución del nivel de la represa La Laja, una de las fuentes tradicionales de abastecimiento. El agua almacenada en El Común presentaba alta sedimentación y concentración de hierro, complicando los procesos de potabilización.

El problema obligó a realizar múltiples intervenciones técnicas sobre el sistema de captación, incluyendo el cambio de ubicación de las mangueras para alejarlas del lodo acumulado en el fondo del embalse y mejorar la calidad del agua que ingresaba a la planta de tratamiento.

Riesgos para la salud

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado entre la población fueron los resultados divulgados por las autoridades sanitarias. Incluso, el Instituto Nacional de Salud clasificó el agua suministrada en algunos sectores de Barichara con un nivel de "riesgo alto" para el consumo humano, situación que motivó nuevas exigencias ciudadanas para acelerar inversiones en infraestructura y fortalecer los sistemas de tratamiento.

En las zonas rurales la situación resulta aún más delicada, ya que parte del agua distribuida desde el sistema administrado por Acuascoop llega directamente desde la represa El Común sin pasar por procesos completos de potabilización, circunstancia que también ha sido objeto de la acción popular actualmente en trámite.

La crisis no responde únicamente a las dificultades registradas durante este año. Desde comienzos de 2024 Barichara enfrentó una de las temporadas de desabastecimiento más severas de los últimos años, impulsada por la intensa sequía asociada al fenómeno de El Niño. En ese momento llegaron ayudas del Gobierno Nacional y de la Gobernación de Santander, además de anuncios sobre proyectos estructurales que buscaban ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento.

Sin embargo, buena parte de esas iniciativas no logró avanzar, por lo que el municipio continúa dependiendo prácticamente de las mismas fuentes hídricas mientras enfrenta nuevos periodos de sequía y un crecimiento constante de la demanda, impulsado tanto por el aumento de la población como por la alta actividad turística que caracteriza a Barichara.

El principal obstáculo sigue siendo la financiación

Más allá del proceso judicial, autoridades municipales, operadores del servicio y organizaciones comunitarias coinciden en que el mayor desafío continúa siendo la consecución de recursos.

Entre las obras consideradas prioritarias figuran la modernización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio y la construcción de una nueva planta para procesar adecuadamente el agua proveniente de la represa El Común, infraestructura que beneficiaría no solo a Barichara sino también a Villanueva y Cabrera.

Estas iniciativas demandan inversiones superiores a los 15.000 millones de pesos, recursos que hasta el momento no cuentan con financiación asegurada, lo que mantiene congeladas soluciones consideradas estructurales por las comunidades.