Contraloría alerta millonario hueco en el Presupuesto 2027 y advierte riesgo para las regalías de las regiones

La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia sobre la situación fiscal del país al concluir que el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 presenta una desfinanciación de $30,2 billones, un escenario que, según el organismo de control, compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y obliga al Congreso a realizar un análisis riguroso antes de aprobar las cuentas del Estado para el próximo año.

El ente de control explicó que el presupuesto propuesto asciende a $575,7 billones, pero los ingresos proyectados apenas alcanzarían $545,5 billones, lo que deja un faltante que deberá ser cubierto con nuevas fuentes de financiación o mediante ajustes al gasto. La Contraloría insistió en que las apropiaciones presupuestales deben estar respaldadas por ingresos ciertos y no por expectativas que puedan poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

El informe advierte que esta situación no es nueva. Desde los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 el organismo ha señalado riesgos estructurales en la financiación de las cuentas nacionales, cuestionando que algunos proyectos hayan sido construidos sobre supuestos de recaudo que finalmente no se materializaron, como ocurrió con la reforma tributaria que el Gobierno esperaba aprobar durante la discusión del presupuesto de 2026.

Uno de los aspectos que más preocupa a la Contraloría es la composición del gasto para 2027. Mientras el servicio de la deuda crecería un 17,5 %, convirtiéndose en el principal rubro de expansión del presupuesto, las partidas destinadas a inversión y funcionamiento apenas registrarían incrementos del 0,5 %. Para el organismo, esta distribución limita la capacidad del Estado para ejecutar programas de desarrollo, impulsar obras públicas y responder a las necesidades sociales del país.

A este panorama se suma una reducción de los ingresos corrientes del Estado frente al año anterior, lo que incrementa la dependencia de otras fuentes de financiación y aumenta la presión sobre las finanzas públicas, haciendo indispensable mantener coherencia entre el presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La Contraloría también encendió las alarmas por la situación del Sistema General de Regalías. El menor recaudo proveniente de la explotación de hidrocarburos y minerales, sumado al bloqueo de apropiaciones presupuestales, reduciría la capacidad de inversión de departamentos y municipios, poniendo en riesgo la ejecución de proyectos de infraestructura, obras públicas y servicios financiados con estos recursos.

El impacto alcanzaría a los 32 departamentos, 1.030 municipios y diversas entidades nacionales que dependen de las regalías para desarrollar inversiones. Según el organismo, la reducción de estos ingresos podría generar problemas de liquidez, retrasar pagos a contratistas y afectar programas esperados por las comunidades.

La disminución de las regalías también tendría consecuencias para la propia Contraloría. El organismo recordó que parte de la financiación de su planta especializada en el control de estos recursos proviene del mismo Sistema General de Regalías, por lo que una reducción en esos ingresos limitaría su capacidad para ejercer vigilancia oportuna sobre el manejo de los recursos públicos.

Pese a ese panorama, la entidad destacó los resultados obtenidos en materia de control fiscal durante los últimos años. Entre septiembre de 2022 y junio de 2026 abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2 billones, adelantó 677 indagaciones preliminares, emitió 881 decisiones de fondo y recuperó cerca de $85.000 millones en recursos de regalías. Además, auditó más de 2.000 proyectos financiados con estos recursos y detectó hallazgos fiscales por más de $4,4 billones, con múltiples traslados disciplinarios y penales a los organismos competentes.

Finalmente, la Contraloría hizo un llamado al Congreso para que la discusión del Presupuesto General de la Nación 2027 garantice un plan de gastos completamente financiado, transparente y sostenible, advirtiendo que un Estado sólido solo puede construirse sobre unas finanzas públicas responsables y respaldadas por ingresos reales.