Contraloría advierte riesgos en el cumplimiento de proyectos de conectividad TIC por $430 mil millones
La Contraloría advierte riesgos de continuidad en la red de fibra óptica que conecta 788 municipios por la situación financiera del operador.
La Contraloría advierte riesgos de continuidad en la red de fibra óptica que conecta 788 municipios por la situación financiera del operador.
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El órgano de control alerta sobre la posibilidad de incumplimientos relacionados con la continuidad del servicio en cerca de 788 municipios dada la situación financiera del operador responsable de una de las principales infraestructuras de conectividad del país.
La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelanta vigilancia fiscal ordinaria sobre la ejecución y continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura y conectividad TIC financiados con recursos públicos, entre ellos, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV).
El Contrato de Aporte No. 437 de 2011 contempla el desarrollo de la Red Nacional de Fibra Óptica para conectar 788 municipios del país comprometiendo recursos por más de $434 mil millones, actualmente cursa ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de autorización para la venta e integración de esta Red con el operador TV Azteca.
La Contraloría evidencia que la situación financiera y el proceso de reorganización empresarial de TV Azteca han generado antecedentes de fallas operativas reportadas en distintas regiones del país.
De acuerdo con el organismo de control, esta situación representa un riesgo para la continuidad del servicio por posibles eventos de suspensión de servicios y eventuales afectaciones a la continuidad de la conectividad en un número significativo de municipios, lo cual impactaría directamente a alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad, entidades públicas y comunidades que dependen de esta infraestructura para el acceso a servicios esenciales y al ecosistema digital del Estado.