Contralor lanza preocupante alerta por situación fiscal del país
La persistencia de un bajo recaudo tributario puede afectar la calificación de Colombia, advierte el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. La disminución en el recaudo compromete significativamente la financiación del gasto público y refleja la necesidad urgente de medidas para fortalecer el sistema tributario, señala también. No se puede recortar el gasto sensible y se debe implementar un plan de recuperación económica , plantea el Contralor.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en subió alarmas por la situación fiscal del país en el marco de una intervención que hizo en la Comisión Legal de Cuentas dijo que se enfrenta el desafío de alcanzar la meta de recaudo tributario sin necesidad de reducir el gasto, garantizando así el cumplimiento de la regla fiscal. “De lo contrario, una contracción del gasto podría impactar negativamente el crecimiento económico y, en consecuencia, aumentar la deuda”, advirtió.
Si bien la regla fiscal obliga al Gobierno a ajustar el gasto para reducir el déficit y la deuda, la CGR considera que es importante que no se recorte gasto que sea sensible para el crecimiento económico, como es la inversión. Esta se redujo en 2024 en 0,6 pp del PIB y dada la reducción del gasto primario en 2025, es probable que se reduzca aún más o se mantenga en niveles bajos.
Con un nivel de deuda neta del 60,6% del PIB en 2025, la regla fiscal obliga en 2026 un mayor ajuste en ingresos y gastos y alcanzar un superávit primario. El reto para la política fiscal es lograr un mayor crecimiento, que pueda superar la tasa de interés de la deuda, equilibrar las finanzas del gobierno, elevar la inversión y cumplir con el plan de desarrollo y las demandas sociales que exige el país.
La Contraloría considera que, para garantizar la sostenibilidad fiscal, es fundamental que el Gobierno, por un lado, implemente un plan de recuperación económica que impulse el recaudo tributario y, por otro, mejore la eficiencia en la ejecución del gasto. Esto no solo fortalecería la dinámica económica, sino que también permitiría atender de manera más efectiva las necesidades sociales.
En su intervención el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó un análisis de los aspectos que marcan el panorama actual de la economía y que sirven de trasfondo para entender la situación fiscal y presupuestal del país, como la proyección de recuperación económica, la disminución de la tasa de interés, la baja ejecución presupuestal, el déficit en el recaudo tributario y el aumento de deuda del Gobierno Nacional Central.
Proyecto de recuperación económica
Aunque el crecimiento económico en 2023 fue modesto ( 0,6% ), se proyecta una recuperación gradual en el mediano plazo, con un crecimiento presentado en el 2024 del 1,7% y una proyección del 2,5% en 2025 , lo que refleja un camino lento pero positivo hacia la reactivación económica. Este mayor crecimiento impactará sin duda de manera positiva el recaudo tributario en el 2025 y siguientes vigencias.
Reducción de la inflación:
La inflación pasó del 9,28% en 2023 al 5,2% en 2024, gracias a políticas monetarias restrictivas y ajustes fiscales que han protegido el poder adquisitivo de los ciudadanos y mejorado la estabilidad económica. Para el 2025 se espera que termine en 3,6% acercándose al meta objetivo del Banco de la República.
Disminución de la tasa de interés:
La tasa de política monetaria se redujo del 13,25% en 2022 al 9,5% al cierre de 2024, lo que alivia los costos financieros y apoya la recuperación económica. Se espera una reducción mayor en 2025 lo cual podría servir de estímulo a la economía y disminuir los costos de financiamiento del Estado colombiano.
Baja ejecución presupuestal:
Al cierre de 2024, la ejecución presupuestal alcanzó el 83,1%, distribuyéndose en un 89,7% para gastos de funcionamiento, 87,7% para el servicio de la deuda pública y solo 57% para inversión, el nivel más bajo registrado históricamente en este rubro. Sin el recorte presupuestal de $28 billones aplicado en diciembre, la ejecución global habría sido del 78,4%.
Algunos sectores presentaron ejecuciones particularmente bajas, como: Deporte (36%), Presidencia (28%) e Igualdad (6%).
Además, sectores estratégicos como transporte y agricultura, históricamente cercanos a su presupuesto definitivo, mostraron desempeños preocupantes al pasar del 82% y 74% en 2023 al 48% y 39% en 2024, respectivamente.
Déficit en el recaudo tributario:
Como ente de control, preocupa a la CGR el bajo recaudo tributario registrado en 2024. Aunque la meta inicial de ingresos era de $315,86 billones, esta fue ajustada a $287,4 billones debido a una reducción de $28,39 billones.
Sin embargo, la meta ajustada solo se cumplió en un 85,4%, alcanzando un recaudo efectivo de $245,37 billones, lo que representa una disminución de 11 puntos porcentuales en comparación con 2023. Este déficit compromete significativamente la financiación del gasto público y refleja la necesidad urgente de medidas para fortalecer el sistema tributario.
Aumento de la deuda del Gobierno Nacional Central:
La deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2023 se ubicó en $826 billones (52,5% del PIB) gracias a acciones encaminadas a mejorar su gestión. Sin embargo, para 2024, esta aumentó a $962,32 billones (57,0% del PIB). Este incremento de $136,79 billones (16,6%) respecto al año anterior se debió principalmente a la caída en el recaudo tributario, lo que obligó al Ministerio de Hacienda a ajustar la meta de colocación de TES B para financiar el déficit fiscal.
El aumento de la deuda en 4,5 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2024 plantea un riesgo significativo para la sostenibilidad fiscal, evidenciando la necesidad de fortalecer el recaudo tributario y optimizar la gestión de la deuda para evitar una vulneración de la regla fiscal.
Incremento de las reservas presupuestales
Durante su intervención en la Comisión Legal de Cuentas, el Contralor Rodríguez Becerra respondió un cuestionario sobre ejecución de las reservas presupuestales y el manejo de fondos fiduciarios y fiducias.
Al respecto dijo que el incremento de las reservas presupuestales ha sido otro problema en la ejecución del presupuesto, esta acumulación de reservas son el efecto de dificultades para ejecutar adecuadamente los recursos asignados y que se traduzcan en bienes y servicios públicos.
Desde el año 2018, las reservas presupuestales han mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por modificaciones en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En 2024, el monto total de reservas presupuestales alcanzó los $61,7 billones de pesos (177 entidades del orden nacional) lo que ha generado una acumulación de recursos sin ejecución efectiva, precisó.
Anotó enseguida lo siguiente: “Nuestra labor de control fiscal nos permite identificar riesgos y alertar sobre el impacto que el incumplimiento de los límites normativos puede generar en la sostenibilidad financiera del país. En 2024, observamos que las reservas de inversión alcanzaron el 39,6% del total de las apropiaciones, superando el límite del 15% establecido en la Ley 225 de 1995, lo que incidió en la presión sobre la caja del Gobierno Nacional en 2025. Es imperativo que las entidades adopten medidas para garantizar una ejecución presupuestal eficiente y evitar que el arrastre de compromisos comprometa la disponibilidad de nuevos recursos para futuras vigencias”.
Para garantizar la transparencia y trazabilidad de las reservas presupuestales, la Contraloría ha fortalecido los mecanismos de supervisión. Sobre la vigencia 2023, se realizó la revisión de reservas en 75 unidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, analizando una muestra representativa de $18,59 billones de pesos. Como resultado, se refrendó el 82% de los montos revisados, mientras que $3,29 billones de pesos presentaron inconsistencias, lo que llevó a la no refrendación de ciertos recursos.
Ante este panorama, la Contraloría ha recomendado al Gobierno Nacional restringir el uso de las reservas presupuestales como mecanismo ordinario de ejecución, fortalecer la planeación y ejecución presupuestal y promover el uso de vigencias futuras en aquellos proyectos que superen la vigencia fiscal. Estas acciones son fundamentales para mejorar la eficiencia del gasto público y evitar acumulaciones innecesarias de recursos sin ejecutar.
En cuanto a la utilización de las fiducias como mecanismo de presupuesto, el Contralor General entregó el siguiente balance:
Para finales del año 2024 los activos administrados en fiducias superaron los $108 billones de pesos, lo que refleja la relevancia continua de este mecanismo en la gestión de recursos públicos.
Estos estuvieron representados en 5.904 negocios fiduciarios activos, y la distribución de estos recursos estuvo distribuido en un 45,5% ($49,3 billones) en la administración de pasivos pensionales y seguridad social; en orden de importancia en fiducias de administración y pagos en un 41,3% ($44,6 billones).
Por entidades, son 19 las entidades fiduciarias que administran recursos públicos, y la fiduciaria la Previsora de carácter público administra el mayor porcentaje de estos (33%).
Desde el punto de vista de la ejecución presupuestal de los recursos por parte del ejecutivo mediante fiducias, en el acumulado de los años 2021 al 2024, los recursos comprometidos, ascendieron a $120,3 billones.
Particularmente, en el año 2024, los recursos comprometidos, ascendieron a $33,9 billones. Por sectores, se observó que de estos $33,9 billones, el 66% se concentraron en el Ministerio de Educación ($22,3 billones), el 10% en el Fondo Nacional de Vivienda ($3,22 billones) y la Agencia Nacional de Infraestructura ($1,4 billones) 4%.
Al analizar la destinación de estos compromisos, la Contraloría encontró que el 70,4% de los recursos fiduciarios en estos cuatro años (2021 -2024) se destinaron a funcionamiento, seguido por inversión con 22,5% y servicio de la deuda con 7,1%.
“Es importante anotar que el mecanismo de constitución de fiducias públicas es un proceso válido y legal para administrar y adelantar procesos particulares de ejecución del gasto, sin embargo, la Contraloría General de la República ha estado analizando de manera particular la constitución de estos instrumentos que puedan ser utilizados para aliviar deficiencias en los procesos de ejecución presupuestal y para hacerle el bastante al cumplimiento de los principios presupuestales, como el de la anualidad”, concluyó el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Desde el 2023 a la fecha, la Contraloría General de la República ha emitido una serie de alertas sobre las finanzas públicas del país, sobre el Presupuesto General de la Nación, la ejecución presupuestal, recaudo, deuda pública, entre otras, que han conocido sidos por el Gobierno Nacional.
