Congresista que suspendió a Petro enfrentará demanda por prevaricato

La orden de la congresista no tiene validez legal, pero ha caldeado el ambiente a 11 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La denuncia penal presentada contra la congresista Gloria Arizabaleta, exesposa del político Roy Barreras y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió un nuevo frente jurídico alrededor de las competencias constitucionales para adoptar decisiones sobre el Jefe de Estado y llevó este controversial caso hasta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El recurso fue radicado por el abogado y exministro Luis Felipe Henao quien sostiene que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara excedió las facultades de su cargo al ordenar mediante un auto la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

Según la denuncia la determinación desconoció el marco constitucional vigente debido a que el artículo 194 establece que únicamente el Senado en pleno puede suspender o destituir a un presidente de la República.

Henao argumentó que una medida de esa naturaleza no puede ser adoptada por un congresista de manera individual ni por la Comisión de Acusaciones. La acción judicial señala que al emitir esa decisión Arizabaleta habría asumido atribuciones ajenas a su investidura y plantea que tal actuación podría encajar en el delito de prevaricato por acción al considerar que existió una resolución presuntamente contraria.

Por su parte el Presidente Gustavo  Francisco Petro Urrego, que estaba en Estados Unidos, se ha defendido y ha señalado a la congresista de extorsionarlo con solicitudes a las que él no quiso acceder.

“Quiero que mis Ministros confiesen ante la Corte Suprema qué peticiones exactamente pedía y que se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de que estábamos bajo una extorsión. Yo no acepto eso porque es contradecir mis propios principios”, ha declarado en una rueda de prensa desde Nueva York, donde participó de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Yo no soy de la tesis de que un congresista no puede hacer peticiones al Ejecutivo sobre su región, eso lo protege la norma”, ha agregado Petro sobre la congresista del Valle del Cauca y militante del partido de Gobierno, Centro Democrático.

“Pero, cuando la vuelve un menoscabo, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino que está cometiendo un delito. Ella ha pedido cosas que yo no he querido hacer, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así, sería volver al Gobierno criminal”, culminó el mandatario.