Con agresiones finalizó en la UIS la reunión para oficializar la delimitación de Santurbán: agredieron hasta el Procurador Delegado

Lo que el Ministerio de Ambiente presentó como una nueva oportunidad para avanzar en la concertación de la delimitación del páramo de Santurbán terminó convertido en una de las jornadas más tensas que ha vivido este proceso durante los últimos años. La reunión celebrada este sábado en la Universidad Industrial de Santander (UIS) fue suspendida por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, luego de que se registraran agresiones, enfrentamientos verbales y serios cuestionamientos sobre las garantías de participación para las comunidades directamente afectadas.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda

Redacción Política / EL FRENTE

Lejos de acercar posiciones, la mesa profundizó la fractura entre el Gobierno Nacional, las comunidades de Soto Norte, organizaciones ambientalistas y los distintos sectores que desde hace casi una década intentan encontrar una salida a uno de los conflictos socioambientales más complejos del país.

La tensión llegó a tal punto que el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Alberto Rivera Balaguera, fue increpado e intentaron agredirlo cuando solicitó que se respetara el derecho de réplica para habitantes de Soto Norte y del norte de Bucaramanga que reclamaban la posibilidad de intervenir en igualdad de condiciones a los autodenominados ambientalistas, dentro del escenario de concertación.

Ante la imposibilidad de garantizar un desarrollo normal del encuentro, el Ministerio Público pidió levantar la sesión sin que pudiera desarrollarse la concertación prevista.

La jornada también dejó un nuevo episodio de violencia contra la prensa. El periodista Iván Ávila, productor general del medio regional Construyendo Región, denunció haber sido agredido físicamente por Mauricio Martínez, identificado como integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, cuando cubría el ingreso al evento.

El hecho quedó registrado en video y volvió a encender las alarmas sobre las garantías para el ejercicio periodístico en escenarios de alta conflictividad social.

Durante varias intervenciones, asistentes denunciaron que funcionarios del Ministerio de Ambiente retiraron el micrófono a ciudadanos que cuestionaban el desarrollo de la reunión y afirmaban que el Comité de Santurbán no representaba la totalidad de las comunidades involucradas en el proceso. Videos difundidos durante la jornada muestran fuertes discusiones entre participantes y reclamos por las limitaciones para intervenir.

Lo ocurrido no sorprendió a quienes han seguido de cerca este proceso. Desde comienzos de julio las mesas convocadas por el Ministerio han estado marcadas por enfrentamientos entre pequeños mineros, campesinos y organizaciones ambientalistas, hasta el punto de que encuentros anteriores también terminaron suspendidos sin acuerdos por problemas de orden público.

Un proceso que nació cuestionado

La delimitación de Santurbán no comenzó con el actual gobierno. El conflicto tiene como punto de partida la delimitación expedida en 2014, anulada posteriormente por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó rehacer completamente el procedimiento al considerar que el Estado no había garantizado una participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas.

La Corte fue enfática en que no bastaba con informar decisiones previamente tomadas. El proceso debía construirse mediante una verdadera concertación, con acceso oportuno a la información técnica, posibilidad de controvertir estudios y participación real de todos los sectores involucrados. Precisamente ese es hoy el principal punto de controversia.

Los alcaldes de California, Vetas, Suratá y otros municipios de Soto Norte, junto con la Gobernación de Santander, veedurías ciudadanas y más de treinta organizaciones sociales, habían solicitado aplazar la reunión al considerar que no existían condiciones mínimas para desarrollar un diálogo informado y equilibrado.

Las comunidades sostienen que buena parte de los documentos técnicos fueron conocidos apenas días antes de las mesas, dificultando un análisis serio de información que podría modificar el futuro económico y social de toda la provincia.

La crítica crece contra la estrategia del Ministerio

Uno de los aspectos que más inconformidad genera entre las comunidades es la percepción de que el Ministerio de Ambiente mantiene una hoja de ruta previamente definida y que las mesas de concertación estarían convirtiéndose en simples escenarios para cumplir un requisito formal impuesto por la Corte Constitucional.

Durante las últimas semanas el Ministerio ha defendido públicamente la legalidad del procedimiento y ha negado que existan reuniones clandestinas o actuaciones irregulares, insistiendo en que el diálogo con distintos sectores hace parte de sus obligaciones institucionales. (

Sin embargo, la realidad observada en las mesas alimenta una percepción distinta entre numerosos participantes. La suspensión repetida de los encuentros, las denuncias sobre restricciones a la participación, los reclamos por el manejo de los tiempos y la imposibilidad de construir consensos han deteriorado la confianza en un proceso que precisamente debía recuperar la legitimidad perdida tras la anulación de la delimitación anterior.

Para varios líderes comunitarios, insistir en avanzar bajo estas condiciones termina produciendo el efecto contrario al buscado por la Corte: en lugar de fortalecer la participación ciudadana, incrementa la polarización y profundiza la desconfianza entre el Estado y las comunidades.

Las dudas sobre los estudios técnicos

El ambiente se enrareció aún más después de que alcaldes de Soto Norte cuestionaran públicamente los estudios hidrogeológicos utilizados por el Ministerio para justificar nuevas restricciones sobre el territorio.

Los mandatarios sostienen que el documento elaborado por el Servicio Geológico Colombiano contiene inconsistencias metodológicas que deberían ser revisadas antes de adoptar decisiones definitivas.

Entre los ejemplos expuestos figura un manantial cuya representación cartográfica sugeriría, según los alcaldes, que el agua emerge a una altura superior al punto donde supuestamente se infiltra, una situación que consideran incompatible con principios básicos del comportamiento hidrogeológico.

También cuestionan que conclusiones derivadas de una microcuenca estén siendo extrapoladas para sustentar decisiones sobre decenas de miles de hectáreas adicionales.

Hasta el momento, el Ministerio no ha aceptado esas críticas y mantiene la validez de los insumos técnicos utilizados para el proceso.