Comunidades del Valle de San José se levantan contra proyecto minero en el río Fonce: “Ni un paso atrás”

Con un llamado enérgico a las autoridades ambientales y mineras del país, los habitantes del municipio de Valle de San José, en el departamento de Santander, se han declarado en firme oposición a un proyecto de explotación minera que, según denuncian, amenaza con causar "impactos ambientales incalculables" sobre el río Fonce, una de las fuentes hídricas más emblemáticas del sur del departamento.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

A través de un comunicado público emitido este 17 de octubre, la comunidad expresó su rechazo rotundo a las intenciones de las empresas Arenas Gravas S.A. y Profonce S.A., representadas por Edgar Alexander Sarmiento Bueno y Julio Ferney Herrera Carvajal, quienes han presentado solicitudes de concesión para ejecutar actividades de extracción con maquinaria pesada en 177.44 hectáreas del cauce del río Fonce.

“El agua y el río no son mercancía, son bienes públicos al servicio de las comunidades, de la vida y del territorio”, sentencia el comunicado.

Ante lo que consideran una amenaza directa a sus recursos naturales, los pobladores han conformado el Comité de Unidad por el Río Fonce, una organización ciudadana encargada de coordinar las acciones jurídicas, sociales y de movilización necesarias para frenar lo que califican como una “aberrante explotación” del afluente.

Entre sus primeras exigencias se encuentra la prohibición expresa del dragado del río por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM), y la negación de licencias ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

“Estamos organizados y unidos para enfrentar la amenaza sobre nuestro río”, señala el comité.

“Será la protesta social y la movilización de nuestras comunidades las que derrotarán estas pretensiones condenatorias del agua y de la vida.”

Un río vital para la vida y la economía local

El río Fonce, que nace en la zona de Páramo y atraviesa varios municipios santandereanos, entre ellos Valle de San José, Charalá y San Gil, es una fuente crucial de agua, vida, economía y turismo para toda la región. Es también uno de los principales afluentes del río Suárez, y sustenta actividades como la agricultura, el ecoturismo, la pesca artesanal y los deportes de aventura.

Organizaciones ambientales, campesinos, líderes comunitarios y ciudadanos del común se han pronunciado con preocupación por los impactos que podría tener una explotación minera intensiva en el cauce del río, como:

·         Alteración del cauce y del ecosistema acuático.

·         Disminución de la calidad del agua por sedimentos y materiales contaminantes.

·         Afectación a la flora y fauna del entorno.

·         Riesgos para la salud humana por la degradación ambiental.

·         Perjuicio económico al turismo y a la economía local.

·         Rechazo a "ofrecimientos mezquinos" de empresas mineras

La CAS y la ANH en el ojo del huracán

La comunidad ha sido enfática en su negativa a las ofertas económicas presentadas por las compañías solicitantes, a las que califican como “irrisorias y mezquinas”, dado que pretenden operar durante 30 años en el territorio.

“No aceptamos sus ofrecimientos. Rechazamos la lógica extractivista que busca convertir nuestra riqueza natural en una fuente de lucro privado, dejando a su paso pobreza y destrucción”, declara el comité.

Además, advierten que no se sienten representados por ninguna mesa de concertación con las empresas mineras, rechazando cualquier intento de dividir a la comunidad a través de acuerdos aislados o compensaciones individuales.

Tanto la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) como la Agencia Nacional de Minería (ANM) han sido emplazadas directamente por los habitantes del Valle de San José. La comunidad exige transparencia en los procedimientos de evaluación de solicitudes mineras, respeto al principio de precaución ambiental y la aplicación efectiva del derecho fundamental a un ambiente sano.

Hasta el momento, ninguna de estas entidades se ha pronunciado públicamente sobre el comunicado emitido ni sobre el estado actual de las solicitudes de concesión.

Una historia que se repite en Colombia

El caso del río Fonce no es aislado. En diferentes regiones del país, comunidades rurales y urbanas han tenido que organizarse para enfrentar la expansión de proyectos extractivos que, pese a prometer desarrollo y empleo, con frecuencia provocan conflictos socioambientales, degradación de ecosistemas y pérdida de fuentes hídricas esenciales.

Organizaciones ambientales nacionales, como DeJusticia, Censat Agua Viva y Red por la Justicia Ambiental, han documentado cómo el modelo extractivista sin consulta previa y sin estudios rigurosos ha generado daños irreversibles en varias cuencas hidrográficas del país.

Desde el Comité de Unidad por el Río Fonce se ha anunciado la convocatoria a una gran movilización ciudadana en defensa del afluente, en la que participarán líderes locales, ambientalistas, instituciones educativas, organizaciones campesinas y la iglesia.

Igualmente, se preparan acciones legales, que incluirán solicitudes de medidas cautelares, tutelas constitucionales y denuncias por omisión estatal, en caso de que las autoridades avancen con los trámites de licenciamiento.