Barrancabermeja: Abelardo denunció contratos por $119.000 millones y pidió investigar al alcalde
Abelardo denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el manejo de regalías y contratos por $119.000 millones en Barrancabermeja.
Abelardo denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el manejo de regalías y contratos por $119.000 millones en Barrancabermeja.
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El presidente de la República acudió personalmente a la Fiscalía para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de regalías y la adjudicación de millonarios contratos a empresas vinculadas con un mismo empresario. El escándalo se suma al proceso penal que enfrenta el mandatario distrital por presunta compra de votos en las elecciones de 2023, caso en el que la Fiscalía lo acusó de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector. El juicio se prepara para comenzar el 23 de noviembre.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Barrancabermeja quedó en el centro de una nueva controversia nacional por el manejo de los recursos públicos. El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llegó este miércoles 18 de noviembre a la sede de la Fiscalía General de la Nación para radicar una denuncia formal y solicitar que se investigue el destino de más de $119.000 millones provenientes de regalías, que habrían sido trasladados por la administración municipal a un fondo mixto para adelantar millonarios procesos de contratación.
Durante su intervención en la Fiscalía, el presidente explicó que la denuncia está relacionada con el traslado de recursos del Sistema General de Regalías desde la Alcaldía de Barrancabermeja hacia Foncolombia, el Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, una entidad que contrata bajo normas de derecho privado.
Según la documentación examinada por el Gobierno, con esos recursos se adelantaron siete procesos contractuales que, de acuerdo con los señalamientos presidenciales, no habrían sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), plataforma destinada a garantizar la publicidad y consulta de la contratación estatal.
La preocupación del mandatario nacional no solo se limita a la ausencia de publicación de los procesos sino que también cuestionó la escasa participación de empresas interesadas en competir por los contratos.
De acuerdo con los datos expuestos por De la Espriella, seis de los siete procesos tuvieron un único oferente. Adicionalmente, cuatro de los cinco contratos de obra habrían quedado en manos de empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como 'El Bachiller'.
Los proyectos están relacionados con infraestructura vial, construcción y mejoramiento de instituciones educativas y desarrollo de sistemas de energía solar. “¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado? ¿Por qué hubo tan poca participación de oferentes? Esto es lo que queremos que la Fiscalía aclare”, manifestó el presidente.
El mandatario también pidió establecer si existió interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos para restringir la competencia, tráfico de influencias de particulares, prevaricato por acción e intervención en política de funcionarios públicos.
De la Espriella advirtió, además, que algunas adjudicaciones coincidieron con periodos previos a las elecciones legislativas y presidenciales, por lo que solicitó examinar posibles vínculos entre contratistas y financiación de campañas políticas.

Contratos por $107.000 millones y seis funcionarios suspendidos
Los cuestionamientos presidenciales se producen pocos días después de que se conociera una decisión de la Personería de Barrancabermeja que ordenó suspender provisionalmente a seis funcionarios de la administración municipal por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos financiados con regalías.
La medida, conocida el 6 de noviembre, fue adoptada por un periodo de tres meses y sin derecho a remuneración, luego de una investigación disciplinaria relacionada con cuatro contratos que sumarían aproximadamente $107.000 millones y que habrían terminado en manos de empresas vinculadas con Argüello Beltrán. Los funcionarios cobijados por la suspensión son:
- Jessi Stivent Moreno, secretario general.
- Maribel Benítez Perea, secretaria de Planeación.
- Óscar Enrique Jaramillo, secretario de Hacienda.
- Dayron Oswaldo Aguilera, asesor de despacho.
- Johana Paola Santos, secretaria de Infraestructura.
- Laura Vanessa Rangel, directora de Planeación Institucional.
Los contratos cuestionados incluyen el mantenimiento y adecuación de infraestructura vial por $22.000 millones, la construcción del Colegio Los Laureles por $23.000 millones, la intervención de la sede B del Colegio 26 de Marzo por $31.000 millones y un proyecto de generación de energía solar por más de $28.000 millones.
Uno de los documentos centrales de la controversia es la Resolución 5396 del 30 de diciembre de 2025, mediante la cual se aprobaron cuatro proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías y se designaron sus ejecutores.
Posteriormente, en febrero de 2026, a través de Foncolombia, la Unión Temporal Solar Barranca obtuvo uno de los contratos, por un valor superior a $28.000 millones. Su representante legal es Jorge Humberto Argüello Beltrán.
La Personería cuestionó la rapidez de los procedimientos, la presunta falta de competencia y lo que consideró posibles direccionamientos hacia un mismo contratista. También ordenó remitir copias a la Fiscalía para que se examine la eventual participación del alcalde Jonathan Vásquez, de la alcaldesa encargada Ingrid Julieth Armesto Salgado y de otros funcionarios y particulares.
Es importante precisar que la suspensión de los seis funcionarios corresponde a una actuación disciplinaria y que los señalamientos sobre direccionamiento contractual deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.
El otro expediente: la presunta compra de votos
Pero las controversias alrededor de la administración de Barrancabermeja no comenzaron con los contratos de regalías. Jonathan Vásquez enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades cometidas durante la campaña electoral de 2023, cuando aspiraba a convertirse en alcalde del puerto petrolero.
La Fiscalía lo acusó de los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector. La investigación apunta a la supuesta conformación de una estructura organizada para conseguir votos a cambio de dinero, promesas de empleo y otras prebendas.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, conocido por Vanguardia, la presunta organización habría comenzado a operar desde junio de 2023 y habría mantenido actividades hasta las elecciones del 28 de octubre de ese año.
El ente acusador sostiene que en esa estructura habrían participado, además del entonces candidato Jonathan Vásquez, aspirantes al Concejo municipal como Ariel Zambrano y Carlos Guevara, así como Maycol Brandon Vásquez, hermano del alcalde, y otros particulares.
Uno de los elementos más delicados de la investigación es la presunta entrega de $100.000 por cada voto conseguido. Según la hipótesis de la Fiscalía, los encargados de la operación buscaban personas en distintos sectores de la ciudad, elaboraban listados con nombres, números de identificación y teléfonos de potenciales votantes y coordinaban los pagos para conseguir respaldo electoral.
La acusación también menciona presiones en asentamientos humanos y ofrecimientos de oportunidades de estudio y trabajo a cambio de apoyo político. El fiscal del caso sostuvo que Vásquez habría tenido un papel central en la financiación y coordinación de la estructura, mientras que otros participantes se habrían encargado de conseguir los electores y organizar las entregas de dinero.