Ayer chatarra, hoy millonario detrimento para Bucaramanga: así es el proceso contra el exalcalde Jaime Andrés Beltrán

Ya casi todos los sabemos, la historia comienza con una palabra que, en apariencia, no despierta sospechas: chatarra. Un término que en el lenguaje cotidiano suele asociarse con lo inútil, lo descartable, lo que ya no tiene valor. Basura, en otras palabras. Sin embargo, en Bucaramanga, esa palabra se transformó en el eje de una investigación que hoy tiene al exalcalde Jaime Andrés Beltrán en el centro de un proceso de responsabilidad fiscal y bajo la lupa de la justicia penal, al punto de que podría ir a prisión y pagar una archimillonada por los objetos perdidos.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Las recientes decisiones de la Contraloría Municipal son el resultado de un proceso que, según el exconcejal y excandidato a la Cámara de Representantes Carlos Felipe Parra, se construyó a partir de denuncias ciudadanas que empezaron a circular casi en voz baja, como un rumor incómodo dentro de la administración.

El asunto fue que personas que conocían el funcionamiento interno de las bodegas del municipio comenzaron a advertir que algo no cuadraba. La pregunta que detonó todo fue directa: ¿dónde está la chatarra?

A partir de ese interrogante, Parra emprendió una investigación que, con el tiempo, se fue robusteciendo con pruebas documentales, testimonios, registros oficiales y herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir lo que, según su versión, fue una desaparición sistemática de bienes públicos. Lo que inicialmente parecía un asunto menor terminó revelando un posible detrimento patrimonial que supera los 46 mil millones de pesos, una cifra que por sí sola dimensiona la gravedad del caso para Bucaramanga.

El material desaparecido no era marginal. Durante años, el municipio de Bucaramanga había acumulado en distintas bodegas elementos provenientes del sistema de alumbrado público: luminarias de sodio que fueron reemplazadas por tecnología más moderna, postes, reflectores y equipos eléctricos que, aunque retirados de servicio, conservaban un valor económico considerable por los materiales que los componían, principalmente aluminio y cobre. Estos elementos no eran basura. Eran activos del municipio, adquiridos con recursos públicos y, por tanto, sujetos a control, inventario y procedimientos estrictos para su disposición final.

¿Y quién se llevó mi queso?

Según la reconstrucción investigativa hecha por Parra, cerca de 60 toneladas de estos materiales habrían sido retiradas de manera irregular de las bodegas municipales. El destino de esa “chatarra” no fue un proceso formal de subasta ni un procedimiento administrativo transparente, sino su venta por peso a una fundidora local. La imagen que deja esa afirmación es inquietante: bienes públicos acumulados durante décadas habrían terminado convertidos en productos de uso cotidiano, diluidos en el mercado sin dejar rastro institucional, como ollas, sartenes y cucharas y otros utensilios de cocina.

Pero más allá del destino final, el punto crítico del caso está en el cómo. En la administración pública, la salida de bienes muebles, como se denomina este tipo de elementos, debe seguir un conducto regular de tal manera que cada objeto que entra al inventario debe tener trazabilidad, y su baja requiere actos administrativos que justifiquen su retiro, avalúos que determinen su valor y procedimientos que garanticen transparencia. En este caso, según la investigación, los bienes estaban inventariados, pero nunca fueron retirados oficialmente de los registros. En otras palabras, desaparecieron sin que el sistema administrativo registrara su salida.

Las explicaciones ofrecidas en su momento por el exalcalde Jaime Andrés Beltrán han sido, de acuerdo con Parra, cambiantes y, en algunos casos, contradictorias. En un primer momento, la administración aseguró que los materiales seguían en las bodegas. Esa afirmación fue rápidamente cuestionada cuando, al día siguiente, se realizaron verificaciones físicas apoyadas incluso con sobrevuelos de dron, que mostraron espacios completamente vacíos. Es decir, donde antes había acumulación de luminarias, lo que quedó fue un terreno limpio, casi como si se hubiera querido borrar cualquier rastro.

Posteriormente, la narrativa oficial evolucionó hacia el desconocimiento. Se planteó que no existía certeza sobre la existencia de esos materiales o que no habían sido recibidos formalmente por la administración.

Sin embargo, esa línea de defensa se vio debilitada por la aparición de registros del proceso de empalme, en los que, según Parra, se documenta la entrega de estos bienes con detalle, incluyendo cantidades y estimaciones de valor.

El intento más reciente de explicación ha sido trasladar la responsabilidad hacia administraciones anteriores, insinuando que el problema podría haberse originado antes del inicio del mandato de Beltrán.

No obstante, el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría, tal como lo señala Parra, no vincula a exalcaldes previos, sino que centra la atención en la administración en la que se habría producido la sustracción de los bienes. La razón es sencilla: aunque los materiales venían de periodos anteriores, estaban bajo custodia de la administración saliente y fueron formalmente entregados a la siguiente, lo que establece una línea clara de responsabilidad.

“El componente fiscal del caso busca determinar si hubo un daño al patrimonio público y, de ser así, obligar a los responsables a resarcirlo. Aquí es donde la cifra de 46 mil millones de pesos adquiere relevancia. No se trata del valor por el cual pudieron haberse vendido los materiales que, según estimaciones, podría ser apenas una fracción, sino del costo que tuvo para el municipio adquirirlos en su momento. Esa diferencia entre el valor real de los bienes y el precio al que habrían sido vendidos es, precisamente, lo que configura el posible detrimento”, explicó a esta Casa Editorial el exconcejal bumangués, quien llevó el caso no solo a las instancias fiscales sino también disciplinarias y penales.

La chatarra no es basura

El frente penal avanza en la Fiscalía, donde el caso es investigado como un presunto delito contra la administración pública. De acuerdo con Parra, el expediente cuenta con un conjunto robusto de pruebas que incluirían testimonios, documentos oficiales, bitácoras de vigilancia e informes de auditoría.

En su criterio, el proceso estaría lo suficientemente maduro como para avanzar hacia una imputación formal e incluso hacia la adopción de medidas cautelares, dada la posibilidad de que personas con poder o influencia puedan interferir en el curso de la investigación.

“Uno de los elementos más llamativos del caso es la forma en que se desmonta la idea de que la chatarra carece de valor. En el mercado actual, el kilo de aluminio puede alcanzar precios cercanos a los 2.800 pesos, mientras que el cobre tiene una cotización aún más alta. Cuando se habla de decenas de toneladas, las cifras dejan de ser marginales y se convierten en un botín atractivo. Esa es la lógica que habría operado detrás de la sustracción: aprovechar la percepción de que se trata de material inservible para convertirlo en dinero rápido, sin controles ni trazabilidad”, expresó Parra quien luego de varias denuncias públicas en las redes sociales realizó un debate con conclusiones cuando menos escandalosas debido a las presunciones que comprometen al círculo familiar cercano del exmandatario bumangués.

El caso también pone en evidencia una falla estructural en el manejo de los bienes públicos. Más allá de las responsabilidades individuales, revela cómo la debilidad en los sistemas de control puede abrir la puerta a prácticas irregulares. Cuando los inventarios no se verifican con rigor, cuando los procesos de empalme no se auditan con profundidad y cuando la supervisión se relaja, el patrimonio público queda expuesto.