Anillo Vial Externo Metropolitano genera un diagnóstico repetitivo y sin soluciones reales

Ministra de Transporte escucho la reiteración de los males que sufre el proyecto

La obra no cuenta con todos los requisitos para materializar el corredor y su ejecución depende de completar las autorizaciones ambientales, asegurar los terrenos, aclarar los avalúos y conseguir recursos para cubrir el alcance definido.

Cada vez que se realiza una reunión, mesa de trabajo o rendición de avance de las obras, se habla de los mismos problemas que se volvieron un quiste indestructible en torno al Anillo Vial Externo Metropolitano.

La misma radiografía bajo una luz tenue como para no develar el fondo de los males y ya se sabe que esa necesaria vía tiene licencia ambiental para uno de sus tramos, pero ese avance no resuelve los obstáculos que frenan el progreso en la construcción del corredor.

Ahora le tocó a la Ministra de Transportes, Elsa Noguera (foto), enterarse de viva vos de los dirigentes departamentales y regionales en Santander que faltan autorizaciones para otros sectores, terrenos por adquirir y recursos para cubrir las necesidades de la obra.

Además, que ante esas dificultades, la Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva para revisar la planeación y las condiciones técnicas, administrativas y financieras del proyecto.

La iniciativa busca conectar Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, aliviar la presión vehicular sobre la autopista y ofrecer una ruta alterna al transporte de carga que atraviesa la ciudad.

Inquietudes sobre avalúos

Sin embargo, cerca de tres años después de su adjudicación, persiste una brecha -hasta ahora insuperable- entre el alcance previsto, las alternativas de diseño y el presupuesto disponible.

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, concedió licencia ambiental a la Unidad Funcional 2. La autorización corresponde a un tramo específico y no habilita todo el trazado. Para otros sectores faltan gestiones y permisos ambientales, asunto que ha llegado a las sesiones del Consejo Directivo de la corporación, con participación de la Procuraduría.

El organismo de control también examina la compra de los predios requeridos para construir la carretera. Hay inquietudes sobre los avalúos, los valores asignados a los terrenos y los cambios al alcance inicial.

La disponibilidad de esas áreas es indispensable para ejecutar los trabajos previstos; por eso, el seguimiento busca precisar qué trámites faltan y cuáles dificultades deben resolver las entidades responsables.

Financiación es crítica

La financiación constituye otro frente crítico. El 7 de septiembre de 2026, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expuso cifras que muestran la distancia entre el costo de las alternativas estudiadas y los recursos disponibles. La obra fue adjudicada al final de la administración de Mauricio Aguilar por $344.883 millones, para un trazado sencillo de dos carriles. Según el mandatario, esa estructuración inicial tuvo vacíos de planeación que afloraron al evaluar opciones de mayor capacidad.

Una doble calzada de 56 kilómetros, con viaductos e intercambiadores, tendría un costo estimado por el contratista de $2,8 billones. Esa suma supera la capacidad financiera del departamento.

Una calzada sencilla, bidireccional y de nueve metros de ancho también tendría un valor alto: $1,3 billones. Ninguna alternativa cabe en la bolsa contractual, por lo que el alcance ejecutable depende de priorizar tramos y conseguir nuevas fuentes de financiación.

Bolsa de problemas heredados

Los recursos disponibles ascienden a $480.000 millones e incluyen obra, interventoría y gestión predial. Según las cifras del Gobernador, esa bolsa sólo alcanza para la Unidad Funcional 2, con 16 kilómetros entre Chocoita y El Buey.

Incluso en ese sector, el dinero no cubre todas las necesidades, se estiraría para eso permitiera pavimentar 12 kilómetros y comprar terrenos proyectados para ocho kilómetros.

También examina los riesgos que afecten la obra o comprometan los recursos públicos asignados. La distribución deja dos faltantes concretos dentro de esa unidad.

Cuatro kilómetros quedarían sin pavimentación y otros cuatro no tendrían los predios adquiridos. Por eso, la licencia ambiental no significa que el tramo esté listo para su ejecución integral.

La diferencia entre los recursos económicos disponibles y las actividades necesarias explica que los asuntos predial y financiero también estén bajo revisión de la Procuraduría.

El proyecto se adjudicó mediante los procesos IT-LP-22-12, para la construcción, e IT-CM-23-01, para la interventoría. La actual administración departamental lo incluyó entre sus prioridades y ha introducido ajustes frente a los problemas heredados.

Procuraduría busca riesgos

Entre los avances figura el permiso ambiental de la Unidad Funcional 2. No obstante, los cambios de alcance y los costos de las alternativas obligan a precisar qué puede ejecutarse con el presupuesto actual y qué requiere recursos adicionales.

La actuación preventiva no sustituye las competencias de las entidades encargadas de contratar, financiar, otorgar permisos o comprar terrenos. La Procuraduría busca identificar riesgos para la obra, revisar el cumplimiento de las normas y promover la coordinación institucional.

En ese trabajo mantiene bajo observación las autorizaciones ambientales, los avalúos, las modificaciones del proyecto y el cierre financiero. El rastreo pretende que las decisiones tengan sustento técnico y que el gasto público responda a obligaciones claras.

La licencia de la Unidad Funcional 2 es un avance, pero no elimina los permisos pendientes para otros sectores ni resuelve los kilómetros que carecen de pavimento o de predios.