Por momentos la entrevista suena más a alegato jurídico que a discurso político. En otros instantes parece la crónica de una pelea larga, desigual y llena de cicatrices entre pequeños comerciantes y una estructura que, según nuestro candidato, aprendió a cobrar primero y a explicar después. Se trata de Andrés Fernando Vázquez, quien irrumpe en la escena electoral: no como el aspirante que promete lo que hará, sino como quien insiste en contar lo que ya hizo.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Desde los micrófonos de la Cadena de la Cordialidad, Vázquez lanza su mensaje sin rodeos: su candidatura al Senado de la República, con el número 39 del Partido Conservador, nace de una batalla que lleva más de una década librándose en hoteles, restaurantes, discotecas, panaderías, iglesias, festivales y conciertos en todo el país.

El enemigo en su relato tiene nombre propio: Sayco y Acinpro, quien por años a golpeado al comercio con tarifas y expropiatorias, bajo el concepto de derechos de autor, un cobro que tal y como lo impone Sayco y Acinpro se convirtió en sinónimo de quiebra al comercio.

“Hoy no vengo como candidato con propuestas”, afirma con énfasis. “Vengo como una persona que ya tiene resultados concretos en Colombia”. El eje de su discurso es claro: durante años, dice, miles de establecimientos comerciales fueron “atropellados” por cobros que considera arbitrarios bajo el concepto de derechos de autor, exigidos por Sayco y Acinpro como si se tratara de una obligación exclusiva e ineludible en su favor. Y no es así. Hay otras empresas con las cuales se puede pagar esta obligación de ley, como lo manda la norma, con tarifas acordes al negocio y ante todo concertadas con los comerciantes.

En este sentido, Vázquez sostiene precisamente que el problema no es la existencia del derecho de autor, sino su uso como herramienta de presión económica por parte de Sayco y Acinpro. Según explica, estas entidades privadas habrían inducido a error tanto a comerciantes como a alcaldías, haciendo creer que solo a través de ellas se podía cumplir con el requisito legal del comprobante de pago por derechos de autor.

La nueva alarma: el proyecto de ley 258 de 2024

Uno de los pilares de su argumentación es la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio el 7 de noviembre de 2025 que, según afirma, confirmó prácticas abusivas en los cobros realizados a establecimientos como hoteles, restaurantes, discotecas, salones de belleza y otros negocios.

A esto suma un antecedente clave: el debate realizado en 2020 en el Congreso de la República, junto al entonces senador Efraín Cepeda, que desembocó, asegura, en la expedición del Decreto Presidencial 1007 del 14 de junio de 2022.

Ese decreto, insiste, dejó claro que no es obligatorio pagar exclusivamente a Sayco y Acinpro para cumplir con la exigencia legal en materia de derechos de autor, algo que, según Vázquez, aún hoy muchas autoridades locales desconocen.

El candidato asegura que su trabajo no se ha quedado en el papel. Enumera asesorías a alcaldías como Ocaña, Cómbita, Fusagasugá, San Bernardo y Buenos Aires, entre muchas otras. Relata el caso de un concierto en Ocaña con artistas de talla nacional como Carlos Vives, donde, según afirma, se cumplió con el pago de derechos de autor sin someterse a cobros desproporcionados.

Incluso menciona situaciones que, en su opinión, evidencian el alcance del problema: iglesias a las que se les habrían enviado “facturas” por conciertos cristianos gratuitos, o festivales culturales obligados a asumir tarifas que, dice, no fueron concertadas.

El tono del relato cambia cuando Vázquez se refiere al futuro inmediato. Advierte que Sayco y Acinpro, con el respaldo de un senador del Pacto Histórico, impulsan el proyecto de ley 258 de 2024, ya aprobado en segundo debate.

Para él, el riesgo es mayúsculo: convertir en obligación legal el pago monopolizado a una empresa privada por concepto de derechos de autor.

“Eso es inconstitucional”, afirma. “No se puede entregar la certificación del cumplimiento de un requisito de ley a una empresa privada”.

Su promesa legislativa es concreta: frenar ese proyecto y evitar que afecte a más de un millón de establecimientos comerciales en los 32 departamentos del país, desde la peluquería más pequeña hasta los grandes empresarios de espectáculos.

Los artistas, la Corte y una promesa de reparación

Otro frente de su discurso apunta directamente a los artistas. Vázquez asegura tener en su poder una sentencia de la Corte Constitucional que permitiría a intérpretes, autores y compositores reclamar beneficios económicos que, según él, nunca recibieron, pese a que los recursos sí fueron recaudados.

Denuncia que esos dineros habrían sido repartidos “a dedo” entre un grupo reducido, mientras cientos de artistas, especialmente en regiones como Santander, sobreviven en el olvido. Desde su empresa de asesoría, La Solución Colombia, invita a músicos y creadores de todos los géneros a reclamar lo que les corresponde.

En el centro de su argumento jurídico, Vázquez recalca una idea clave: el pago por derechos de autor no es un impuesto, sino un valor que debe ser concertado. Según explica, muchos comerciantes terminaron pagando sumas desproporcionadas porque recibían facturas elaboradas a partir de bases de datos de cámaras de comercio, sin negociación previa ni claridad legal.

Afirma que, gracias a sus asesorías, establecimientos que pagaban un millón de pesos hoy pagan 600 mil, cumpliendo la ley sin someterse a lo que califica como abusos.

Tres resultados y una bandera política

Para cerrar, Andrés Vázquez resume su bandera en tres “resultados” que, dice, lo legitiman como candidato: Artistas informados y con vías jurídicas para reclamar beneficios económicos reconocidos por la Corte Constitucional.

Miles de establecimientos comerciales asesorados, reduciendo pagos y evitando cobros arbitrarios.

Una convocatoria laboral con más de 5.000 oportunidades para extender esta asesoría a todo el territorio nacional.

Con ese balance, Vázquez insiste en que su nombre no aparece en el tarjetón como el de un político tradicional. Se presenta como el resultado de una confrontación prolongada entre comercio, cultura y poder económico, una disputa que ahora quiere llevar, sin intermediarios, al Senado de la República.

El 39 del Partido Conservador no promete empezar la pelea. Jura que la pelea ya comenzó hace años. Y que esta vez quiere librarla desde el Congreso