Álvaro Uribe aún no puede renunciar a la prescripción del proceso penal que enfrenta
Resumen
Álvaro Uribe busca renunciar anticipadamente a la prescripción en su proceso penal, aunque expertos afirman que tal renuncia carece de validez legal antes del plazo del 16 de octubre.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió al Tribunal Superior de Bogotá una carta en la que anuncia su renuncia a la prescripción del proceso penal que enfrenta por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La comunicación llegó a menos de dos meses del vencimiento del plazo legal —16 de octubre— en el que, si no hay sentencia firme, la acción penal prescribirá.
Juristas consultados por la prensa señalan que la renuncia anticipada carece de efectos jurídicos.
El penalista Francisco Bernate recordó que la ley permite renunciar a la prescripción una sola vez y por escrito, pero solo cuando el beneficio ya está configurado.
Saúl León añadió que, si no ha operado la prescripción, la declaración no produce consecuencia jurídica, sí, afirmó, tiene un impacto político.
El artículo 85 del Código Penal, citado por medios especializados, establece que la renuncia solo resulta válida cuando el derecho a la prescripción ya existe.
Mientras el plazo no venza, el tribunal sigue obligado a tramitar la apelación dentro de los términos legales y procesales establecidos.
En julio y agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria.
El 19 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida y ordenó su libertad mientras avanza la apelación, al considerar insuficiente la fundamentación de la decisión de primera instancia.
La defensa y la Fiscalía presentaron recursos que hoy esperan decisión en segunda instancia.
La carta de Uribe busca garantizar que el tribunal disponga del tiempo necesario para resolver de fondo, según versiones públicas.
La maniobra persigue evitar que el caso se cierre por vencimiento de términos y, al mismo tiempo, enviar una señal política a sus seguidores y adversarios.
Expertos legales advierten que, si la prescripción llega a operar, Uribe deberá formalizar la renuncia en el momento en que el beneficio exista para que el tribunal la acepte.
Los magistrados deben actuar con independencia y motivar extensión del trámite. La comunidad jurídica vigila el cumplimiento de las garantías del debido proceso.
En resumen, la renuncia anticipada carece de efecto jurídico mientras no exista la configuración de la prescripción.
La decisión final depende del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir sobre la apelación antes del 16 de octubre o explicar por qué requiere más tiempo. El proceso seguirá en manos de la justicia y en el ojo político del país.
