Alias ‘Papá Pitufo’ demanda al Estado tras capturas con fines de extradición
Alias ‘Papá Pitufo’ demandó al Estado colombiano por cerca de $700 millones, alegando perjuicios por capturas con fines de extradición en España y Portugal.
Alias ‘Papá Pitufo’ demandó al Estado colombiano por cerca de $700 millones, alegando perjuicios por capturas con fines de extradición en España y Portugal.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’ y señalado por las autoridades como presunto líder de una red de contrabando, presentó una demanda contra el Estado colombiano en la que reclama cerca de $700 millones por los supuestos perjuicios que le habría causado una orden de captura con fines de extradición.
La acción judicial también incluye a su esposa, Liset Samboní, y a sus tres hijos, quienes, según el documento, habrían sufrido afectaciones emocionales y psicológicas derivadas del proceso judicial adelantado contra Marín.
El señalado contrabandista reclama el equivalente a 400 salarios mínimos. De esa cantidad, 100 salarios corresponden a presuntos perjuicios morales para él, otros 100 por una supuesta vulneración del debido proceso y 50 salarios para cada uno de sus familiares.
Cuestiona las capturas en España y Portugal
Uno de los principales argumentos de la demanda está relacionado con las dos capturas que Marín enfrentó durante 2024. La primera ocurrió el 5 de abril en España y la segunda el 3 de diciembre en Portugal, ambas relacionadas con la orden de captura emitida en Colombia.
La defensa sostiene que la libertad provisional concedida por las autoridades españolas el 6 de abril de 2024 habría dejado sin efecto la orden de captura colombiana. Su abogado, William Mejía, argumenta además que, debido a que Marín también tiene ciudadanía española, la captura debía estar condicionada a una resolución sobre su situación jurídica.
La demanda fue presentada contra la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia. Según el expediente, estas entidades habrían ocasionado los perjuicios que ahora busca que sean reparados.
Antes de acudir a la justicia administrativa, Marín intentó llegar a una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. La diligencia se realizó el 20 de mayo de 2026, pero terminó sin acuerdo.
La Rama Judicial rechazó durante esa audiencia el argumento central de la defensa y señaló que la libertad provisional concedida en España no implicaba automáticamente la pérdida de vigencia de la orden de captura expedida en Colombia.
Ahora, un juzgado administrativo de Bogotá deberá determinar si admite la demanda para iniciar el proceso correspondiente.
Marín continúa en Portugal
Mientras avanza esta disputa judicial, Marín permanece en Portugal a la espera de una decisión relacionada con el pedido de extradición formulado por Colombia para que responda por el proceso penal que enfrenta. Según la investigación, podría ser condenado hasta a 27 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.
En paralelo, también ha adelantado acciones para recibir en Europa una pensión reconocida en Colombia. Marín está pensionado desde agosto de 2024 y recibe aproximadamente $13,9 millones mensuales.
Según los reportes conocidos de sus declaraciones ante la Dian, en 2025 registró un patrimonio de $3.869 millones y justificó sus ingresos como pensionado y rentista de capital.
