Alerta sobre impacto fiscal y social de la migración en Colombia

Durante el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, realizado en la ciudad de Quibdó, la Contraloría General de la República presentó los resultados de un estudio intersectorial que evaluó la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes en el periodo 2016 – 2023, señalando preocupantes debilidades en su implementación. Entre los principales hallazgos se destacan:

·         Desalineación entre la planeación y la implementación de la política pública.

·         Vacíos normativos, falta de indicadores y de metas claras para el seguimiento.

·         Escasa apropiación territorial de la política y desconocimiento por parte de los entes locales.

·         Falta de asignación presupuestal específica para las estrategias, obligando a las entidades a ejecutar acciones desde rubros de funcionamiento, sin poder identificar si estos han sido adecuados o insuficientes.

Ley asignó recursos pero no se aplica

El Gobierno Nacional no contempló, en la formulación de la política pública establecida mediante el Decreto 1692 de 2016, los recursos necesarios para su desarrollo. Así mismo, aunque la Ley 2136 de 2021 establece la garantía de asignación de recursos para la implementación de medidas de protección y persecución del delito, las entidades reportaron limitaciones en sus acciones debido a falta de recursos.

    De acuerdo a una Auditoría de Cumplimiento realizada a Migración Colombia esta entidad no cuenta con el recurso humano suficiente para ejecutar con eficacia las operaciones migratorias, por cuanto la contratación de personal operativo no ha sido directamente proporcional al incremento de los flujos migratorios en el país durante los últimos años.

    Dentro de estudio, realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, se realizaron encuestas a nivel territorial que muestran que, aunque los municipios y departamentos más afectados se sienten desbordados por el alto volumen de migrantes, no reconocen el tráfico de migrantes como un problema de alto impacto y, por tanto, no destinan recursos para su prevención y atención.

Impacto de medidas migratorias en Estados Unidos

La Contraloría General de la República también advirtió sobre la débil coordinación interinstitucional, la insuficiente articulación con los entes territoriales y la falta de medidas eficaces para contrarrestar el accionar de las organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes.

Se refirió igualmente al impacto de las recientes políticas migratorias restrictivas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos, como la desactivación de las facilidades de asilo y la autorización de las redadas contra migrantes indocumentados, situación que ha cambiado la dinámica migratoria en la región.

El flujo migratorio irregular que transitaba por el territorio colombiano hacia el norte del continente, disminuyó el 62% en lo corrido del año 2025 con la detección de 60.469 personas, frente a 160.708 para el mismo periodo del año 2024.  Sin embargo, la dinámica migratoria se invirtió en sentido norte-sur, fenómeno caracterizado por el retorno de los migrantes irregulares de Norte y Centro América a sus países de origen.

Panorama sombrío

Entre el 15 de enero y el 30 de abril del año 2025, Migración Colombia registró el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima, desde Puerto Obaldía (Panamá) al corregimiento de Capurganá en el municipio de Acandí-Chocó y de allí, la mayoría se traslada hacia Necoclí en el departamento de Antioquia.

Para la CGR es altamente preocupante que el 43% de este flujo lo constituyan mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan riesgos diferenciados y requieren respuestas especializadas para garantizar su protección y bienestar. La mayoría de estas personas provienen de países de Centroamérica, donde esperaban cita con autoridades estadounidenses para solicitar permiso de entrada, pero ante el cambio de políticas migratorias han decidido regresar a sus países de origen.

Considera el organismo de control que este nuevo flujo representa un reto para Colombia: los migrantes enfrentan los mismos peligros en su tránsito de vuelta, entre ellos el tráfico de migrantes, naufragios, desapariciones, trata de personas, entre otros, por lo que se evidencia la necesidad de fortalecer la gobernanza institucional, la cooperación y coordinación internacional, así como la articulación entre el gobierno y los territorios para avanzar hacia una migración ordenada,  segura y regular.

Aumento de migrantes en tránsito irregular

Desde el año 2015 se ha registrado un aumento progresivo en el número de migrantes, tendencia que se intensificó en el año 2021 y alcanzó su punto máximo en el año 2023, cuando 539.959 personas transitaron por el territorio colombiano con destino a otros países. En total durante el periodo comprendido entre 2012 – 2024, Migración Colombia registró 1.332.315 detecciones de migrantes en tránsito irregular hacia el norte del continente.

A nivel territorial en el año 2024, las detecciones de migrantes en tránsito irregular se registraron en 16 departamentos del país. Antioquia encabezó la lista, con el 67,43% del total de casos a nivel nacional, seguido por Nariño con el 29,96% y Putumayo con el 1,40%. La elevada proporción registrada en Antioquia se explica por su ubicación geográfica y su proximidad a la frontera con Panamá, lo que ha convertido a municipios como Necoclí y Turbo en puntos de salida de migrantes irregulares hacia Centroamérica.

El costo migratorio para Colombia

La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Análisis de Información de la DIARI, desarrolló el Modelo Costo Migrantes, una herramienta basada en datos que permite evaluar el impacto financiero y social de la población migrante en el país, tanto en tránsito como con vocación de permanencia. El análisis revela que 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal, con un costo estimado de $2,93 billones, y advierte un crecimiento acelerado en estos gastos, lo que podría comprometer la sostenibilidad del presupuesto público.

Asimismo, se evidenció una alta concentración de migrantes en ciertas regiones, generando presión sobre la infraestructura y los servicios públicos, especialmente en salud y educación. El modelo identificó también sobrecarga en el régimen subsidiado de salud, duplicidad en la entrega de subsidios y fallas en el registro de información, lo que dificulta una gestión eficiente y equitativa.

La Contraloría hace un llamado a fortalecer los sistemas de control, mejorar la planeación fiscal y focalizar recursos donde más se requieren, para garantizar una atención adecuada a la población migrante y proteger la sostenibilidad de los servicios públicos.