El proyecto contempla $392,56 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda y $86,96 billones para inversión. La distribución definitiva de los recursos deberá resolverse antes del 20 de octubre, según la información suministrada.

Las Comisiones Económicas del Congreso de la República aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en $634,95 billones, una cifra con la que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca responder por los compromisos financieros acumulados del Estado, atender las obligaciones sociales y mantener la operación de las instituciones públicas.

La decisión representa uno de los primeros grandes pulsos económicos del nuevo Gobierno con el Congreso y deja sobre la mesa un debate que tendrá consecuencias para las regiones, los productores del campo, los programas sociales y la inversión en infraestructura: cómo distribuir los recursos disponibles mientras se atiende el crecimiento de la deuda pública.

La propuesta presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se impuso frente a la alternativa de la oposición, identificada en la información suministrada con el Pacto Histórico, que planteaba reducir el presupuesto a $596 billones.

La diferencia entre ambas propuestas alcanza los $38,95 billones. Para el Gobierno, mantener el monto de $634,95 billones resulta necesario para garantizar el pago de obligaciones que, según sus argumentos, no fueron incorporadas o quedaron subestimadas en el proyecto elaborado por la administración anterior.

El Ejecutivo sostiene que el presupuesto heredado, calculado inicialmente en $575,7 billones, no reflejaba de manera suficiente compromisos relacionados con salud, pensiones, subsidios de energía y el servicio de la deuda pública.

Con el nuevo monto aprobado, el presupuesto crece en $59,25 billones frente a ese borrador inicial. La discusión, sin embargo, no termina con la aprobación del techo presupuestal. Ahora comienza la etapa de definir cómo se repartirán los recursos y cuáles serán las prioridades efectivas del Estado durante 2027.

El presupuesto contempla $392,56 billones para los gastos de funcionamiento, rubro que incluye la operación de las entidades públicas y el pago de los salarios del sector estatal. De acuerdo con las cifras entregadas, los gastos de personal ascenderían a $72,29 billones. Pese al aumento del presupuesto total, el Gobierno destaca que el funcionamiento representaría una proporción menor del gasto nacional, al pasar del 63,8% al 61,8%. Uno de los principales componentes del presupuesto de 2027 será el servicio de la deuda pública, para el cual se proyectan $155,43 billones.

El monto representa, según las cifras suministradas, un incremento del 31,6% frente al presupuesto anterior destinado a este concepto. En términos prácticos, cerca de uno de cada cuatro pesos del presupuesto nacional estaría comprometido en el pago de capital e intereses de obligaciones financieras.

Inversión pública baja a $86,96 billones

El componente de inversión quedaría en $86,96 billones para 2027, de acuerdo con la propuesta aprobada por las Comisiones Económicas. La reducción frente a las necesidades de funcionamiento y deuda plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para financiar nuevas obras y programas de desarrollo en los departamentos y municipios.

Para las regiones, el debate no se limita a la cifra global. También será determinante conocer qué proyectos recibirán financiación, cuáles tendrán continuidad y qué recursos llegarán efectivamente a sectores como el campo, la infraestructura vial, la educación y la salud.

En el caso de los productores agropecuarios, el Gobierno ha señalado que la estabilidad de las cuentas públicas es una condición para mantener la confianza y la tranquilidad del sector. Sin embargo, la distribución final del presupuesto será la que permita establecer el alcance real de esos compromisos.

Dentro de la distribución preliminar presentada por el Gobierno, los sectores con mayores asignaciones son Educación: $78,77 billones; Salud: $77,05 billones y Defensa: $33,8 billones. La Agencia Nacional de Infraestructura, por su parte, contaría con $10,7 billones para el desarrollo de obras en las regiones.