Abelardo frena nombramiento de exyerno de Alejandro Ordóñez y destituye a funcionario que modificó los requisitos del cargo

La consigna presidencial de que “nadie está por encima” terminó aplicándose en una entidad donde un nombramiento, una modificación del manual de funciones y una red de relaciones familiares y políticas terminaron mezclándose en una controversia administrativa. Abelardo de la Espriella revocó la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y ordenó la salida inmediata de Javier Enrique Estrada, quien ejercía como director encargado.

El episodio tiene un ingrediente que le agrega temperatura política al asunto: Noguera es nieto de Camilo Noguera Abello, dirigente del partido Defensores de la Patria, colectividad del mandatario, y fue esposo de Ángela María Ordóñez, hija del actual ministro del Interior, el santandereano Alejandro Ordóñez. Una combinación de apellidos, cercanías políticas y decisiones burocráticas que puso el nombramiento bajo el escrutinio presidencial.

El detonante fue la Resolución 1589 del 2 de octubre de 2026, firmada por Estrada, mediante la cual se modificaron los requisitos académicos y de experiencia de ocho empleos directivos del ICANH. La reforma permitió que profesionales de Derecho, Administración y Economía pudieran aspirar a posiciones que tradicionalmente estaban relacionadas con disciplinas como Antropología, Arqueología, Historia y Sociología.

Además, la experiencia exigida para algunos de esos puestos pasó de 72 a 48 meses. En otras palabras, se amplió el abanico de profesiones habilitadas y se redujeron las exigencias de trayectoria para integrar la dirección de una entidad cuya responsabilidad central es investigar, proteger y divulgar el patrimonio antropológico e histórico de Colombia.

La coincidencia temporal alimentó las sospechas: dos semanas después de expedida la resolución, el área de Talento Humano dio el visto bueno a varios perfiles que integrarían la nueva cúpula administrativa. Entre ellos aparecían abogados y profesionales de otras áreas que, bajo las condiciones anteriores, no habrían podido acceder a algunas de esas posiciones.

La polémica también tuvo consecuencias administrativas antes de la intervención presidencial. El 9 de noviembre se reversaron los cambios al manual, después de advertirse que no se había realizado oportunamente la consulta con la organización sindical del instituto.

Camilo Noguera Pardo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde cursó estudios de posgrado en docencia e investigación universitaria. También fue viceministro de Educación Superior, aunque su paso por esa cartera duró cerca de dos meses.

Su perfil adquirió especial relevancia política por sus vínculos familiares. Es nieto de Camilo Noguera Abello, director del partido Defensores de la Patria, organización política que llevó a De La Espriella a la Presidencia. Además, estuvo casado con Ángela María Ordóñez, hija del actual ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien es santandereano.

El parentesco no constituye por sí mismo una irregularidad ni demuestra que el nombramiento obedeciera a un favor político. Pero, en un proceso donde se cuestionaron cambios en los requisitos para integrar la alta dirección de una entidad pública, las conexiones familiares y partidistas inevitablemente se convirtieron en parte del debate sobre transparencia y mérito en la administración pública. 

El presidente lanza advertencia a su propio Gobierno

Tras conocerse las modificaciones, De La Espriella decidió intervenir y revocar la designación de Noguera, además de ordenar la salida inmediata de Javier Estrada.

El mandatario sostuvo que la autonomía administrativa del ICANH no autorizaba a sus directivos a modificar las reglas de funcionamiento sin respetar las competencias institucionales ni desconocer a la ministra de Cultura, Paola Holguín.

“¡En el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos!», advirtió el presidente. Y remató con una frase que ahora tendrá que servir de referencia para sus propios funcionarios: “¡Aquí nadie está por encima de las reglas!”.

 La decisión deja una pregunta incómoda para la administración nacional: ¿cómo se explica que una reforma de semejante alcance en una entidad científica del Estado avanzara hasta poner en marcha una nueva conformación directiva sin que, según el propio presidente, la ministra responsable de la cartera estuviera enterada?

Por ahora, el Gobierno ha frenado el nombramiento y ordenado la salida del funcionario que firmó la polémica resolución. Pero el episodio deja expuesta una discusión que va más allá de dos funcionarios: la diferencia entre flexibilizar requisitos administrativos y convertir los manuales de funciones en instrumentos que puedan terminar favoreciendo determinados perfiles.

En el Gobierno del Tigre, al parecer, hasta los nombramientos necesitan pasar por el detector de reglas. Y esta vez el problema no llegó desde la oposición, sino desde las propias oficinas del Ejecutivo.