A la cárcel por presunta explotación sexual en estudio webcam: una de las víctimas tenía 16 años
Tres personas fueron enviadas a prisión por presunta explotación sexual en un estudio webcam donde una de las víctimas era una adolescente de 16 años.
Tres personas fueron enviadas a prisión por presunta explotación sexual en un estudio webcam donde una de las víctimas era una adolescente de 16 años.
Los puntos clave serán generados automáticamente por IA y revisados por la redacción de El Frente.
El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Un supuesto negocio de transmisiones por internet habría escondido una grave situación de explotación sexual en Villa del Rosario, Norte de Santander. Tres personas fueron enviadas a prisión, señaladas de presuntamente someter a dos mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años, a actividades sexuales transmitidas por plataformas digitales.
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre agosto y octubre de 2025, en un estudio clandestino donde las víctimas debían cumplir horarios y atender las solicitudes de los usuarios durante las transmisiones en vivo.
Los pagos por el contenido se realizaban en dólares, pero, de acuerdo con las autoridades, el dinero era recibido por los administradores del establecimiento y no directamente por las mujeres.
Les imponían multas
Entre los procesados están los hermanos Carlos Alberto y Carlos José Colina Herrera, de nacionalidad venezolana, quienes presuntamente se encargaban de vigilar y supervisar a las víctimas.
La investigación señala que ambos habrían establecido reglas dentro del estudio y les imponían multas cuando supuestamente las incumplían, en medio de las actividades que debían realizar frente a las cámaras.
El caso también involucra a la madre de la adolescente, quien, según la Fiscalía, habría permitido que su hija acudiera al establecimiento y terminara expuesta a la presunta explotación sexual.
No aceptaron los cargos
La Fiscalía imputó a los tres señalados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de trata de personas agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.
Ninguno aceptó los cargos. Pese a ello, un juez de control de garantías ordenó enviarlos a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales de los procesados y esclarecer cómo habría operado el establecimiento. Por ahora, los señalados mantienen la presunción de inocencia.
