A Carlos Ramón González tan pronto lo pillen lo envían a prisión, juez ordenó su captura

Un juez de la república acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso durante la mañana de este jueves medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González por presunto rol en millonario entramado de corrupción de la UNGRD. Cabe recordar que hasta el momento el exdirector de la Secretaría de Presidencia se encuentra prófugo, por lo que sería inminente una orden de captura internacional por medio de la Interpol.

El exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González es señalado de ser uno de los articuladores del desvío de recursos públicos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y con base en todo el material probatorio recientemente aportado por la Fiscalía un juez de la República liberó orden de captura inmediata para imponer sobre el también exdirectivo del Partido Verde una medida de aseguramiento intramural.

De acuerdo con lo que narró el representante de la fiscalía durante la reciente diligencia, González habría desempeñado un papel determinante en la adjudicación irregular de contratos en el marco de operaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En concreto, la Fiscalía lo responsabiliza de la presunta entrega de millonarios pagos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de respaldo político a iniciativas del Gobierno.

La fiscal del caso, durante la audiencia liderada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá, detalló que González enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros. Estos delitos, que fueron imputados el pasado 21 de mayo, fueron rechazados por el exfuncionario, quien no aceptó ninguno de los cargos. Sin embargo, el tribunal ordenó su captura inmediata.

“La solicitud de medida de aseguramiento no se fundamenta en suposiciones vacías. Existen pruebas sólidas que cumplen con los principios de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la Constitución”, argumentó la fiscal Patiño.

La Fiscalía expuso que, en su condición de director del Dapre, González habría ordenado la entrega de al menos 1.000 millones de pesos a Andrés Calle —a través del exfuncionario de la UNGRD Sneyder Pinilla— y 3.000 millones de pesos a Iván Name, canalizados por la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.

Estas sumas serían parte de un paquete de contratos irregulares que alcanzarían los 70.000 millones de pesos, y cuya adjudicación habría sido manipulada para fortalecer alianzas políticas con sectores clave del Congreso. Según las investigaciones, el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, habría ejecutado las órdenes de González, direccionando contratos y recursos públicos para asegurar apoyos legislativos a las reformas del Ejecutivo.

La dimensión del escándalo ha salpicado a múltiples figuras del alto gobierno y del Congreso. Sandra Ortiz, señalada como facilitadora de los pagos en efectivo, también enfrenta cargos penales por su participación en la operación. La Fiscalía la considera una pieza central en el cumplimiento de las instrucciones de González, específicamente en la entrega de recursos a los congresistas implicados.