Esto hay que decirlo crudo y sin eufemismos porque de otra manera no se puede: en algunos apartamentos de un conjunto residencial en Bucaramanga, que no tiene un año de haberse estrenado, los residentes le tienen pavor a ‘bajar el baño’ cuando ‘hacen del dos’ pues el agua en vez de bajar sube no solo con la deposición reciente sino con la de medio vecindario.  A esta situación han llegado luego de que la constructora decidiera a última hora entregar el manejo de las redes de alcantarillado al acueducto (amb), y no a la EMPAS, empresa que efectuó toda la viabilización técnica del proyecto. La comunidad pide con insistencia que sea la EMPAS la que regrese al proyecto.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Todos sabemos el espinoso camino de sacrificios que hay que atravesar para alcanzar la cada vez más inalcanzable utopía de tener casita propia en Colombia. Y cuando por fin se alcanza, ¡qué dicha tan hermosa! Pero esta no es la historia del camino a ese sueño. Este es un relato de lo que vino después de esa titánica lucha para cientos de familias bumanguesas, que vieron en un proyecto habitacional que, aunque consta de las características por espacios y costos de ser de vivienda de interés social, tenía todo el confort para ser vendido mucho más allá del simple concepto de vivienda digna. Y talvez aún sea así. Salvo por un pequeño detalle: de tanto en tanto vapores pestilentes con coloridos matices ocres desdibujan la tan ansiada promesa de disfrutar de la tierra prometida. ¿La razón? La mierda se reboza por las cañerías.

Seamos honestos. Esta es una situación que, aunque irregular no solo es posible sino muy probable, sobre todo para sectores con redes de alcantarillado muy antiguas, elaboradas para necesidades que seguramente se han visto superadas por la densificación poblacional que año tras año aumenta en las ciudades. Pero que esto ocurra en un proyecto de vivienda nuevo, eso sí, no solo es irregular sino criminal.

“Nadie sabe para quién trabaja”: EMPAS

¿Cómo se convierte la realización del sueño de la casita propia en una pesadilla? Para responder esta pregunta hay que hacer un poquito de pedagogía institucional acerca del manejo de los servicios públicos en Santander. Pero antes, ubiquémonos en el proyecto.

En concreto hablamos del conjunto residencial Ciudadela Verde, ubicado en Bucaramanga sobre una de las márgenes de la vía que conduce al municipio de Girón, junto a la planta de Coca cola. “Más de 45 mil m2 destinados para un proyecto de vivienda de interés social, ubicado privilegiadamente, donde sus residentes vivirán una experiencia llena de tranquilidad y bienestar gracias a sus zonas verdes, cercanía a las zonas comerciales más influyentes, fácil acceso a las principales vías y transporte público”, detalla la presentación de proyecto, a cargo de la Constructora Zabdi, y en cuya página oficial enfatiza en la oferta de parqueaderos para vehículos eléctricos, fastuosas zonas verdes, complejos deportivos, parques infantiles, zonas de co-working, parque de mascotas, una ambiciosa estructura que adquiere su forma con los requerimientos de cimentación antisísmica, como lo demanda la ley.

EL FRENTE conversó con varios de sus propietarios, quienes refirieron que el complejo habitacional en su primera etapa no tiene más de año y medio de haber alcanzado su etapa final. Dicho de otra manera, todavía huelen a nuevo (cuando la nube de caca no se atraviesa).

Durante su fase de planeación y construcción, por mandato normativo, cualquier tipo de construcción está obligada a garantizar la disponibilidad de servicios públicos básicos como energía y agua, en este caso concreto, el tema de vertimiento de aguar residuales y aguas negras les corresponde a las empresas públicas de servicio domiciliario de alcantarillado.

En Bucaramanga esta responsabilidad ha estado en manos de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (EMPAS S.A E.S.P.), prestadora que nació el 19 de octubre de 2006 como consecuencia de una Sentencia del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, no tenía la competencia para seguir prestando el Servicio Público de Alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, como consecuencia de su rol de autoridad ambiental.

Desde entonces, para lograr la certificación técnica de conexión responsable a las redes públicas de los vertimientos, todas las edificaciones nuevas en estas jurisdicciones han ejecutado la revisión y estructuración de proyectos constructivos de su alcantarillado con la EMPAS.

Por supuesto, el proyecto Ciudadela Verde no fue la excepción. Su constructora (Zabdi) tramitó todo este proceso previo a la operación con la EMPAS. Sin embargo, a pocas semanas de entregar el complejo habitacional a sus residentes, algunos genios en la constructora Zabdi realizaron la contratación para la operación del servicio de alcantarillado con un nuevo competidor: el acueducto metropolitano de Bucaramanga, con amplio reconocimiento en la instalación, mantenimiento y suministro para garantizar el servicio público de agua potable pero con dudosa experiencia en el tema del alcantarillado.

Y eso no lo asegura este periodista. Es la misma comunidad la que ha constatado las deficiencias. En otras palabras, la EMPAS realizó todo el papeleo, y ahora el amb se está quedando con la ‘platica’. Claro, está, eso no tendría nada de malo si no fue porque es la misma comunidad la que ha catalogado como pésimo el servicio de alcantarillado.

Comunidad desencantada, mal oliente y confundida

“Son torres nuevas, prácticamente recién entregadas”, explicó a EL FRENTE un residente, quien prefirió, como casi todos los que se atrevieron a hablar públicamente de la grave situación, la reserva de su nombre.

“El problema central es el sistema de alcantarillado. Un sistema que, aunque hoy funciona en el sentido más básico, ha presentado recurrentes fallas, taponamientos y retornos de aguas residuales, incluso por redes que deberían estar destinadas exclusivamente a aguas lluvias. Esto pasa porque la constructora trasladó la operación del servicio de alcantarillado al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y ellos saben de agua, pero potable, no de aguas negras.

“Un desarrollador urbano no puede decidir por los usuarios finales quién va a operar un servicio público”, afirma el denunciante. “Eso no es una preferencia que pueda tomarse a dedo. Durante el último año, hemos enfrentado al menos tres taponamientos graves del sistema de alcantarillado. tenemos videos en lo que se observa cómo las aguas residuales no fluyen, se estancan y, en casos extremos, regresan por zonas que no corresponden al alcantarillado sanitario”, recalcó otro residente y propietario de Ciudadela Verde, quien aseguró que la problemática se ha hecho invivible especialmente para los pisos inferiores.

“En agosto, tras una fuerte lluvia, ocurrió el episodio más alarmante: las aguas negras comenzaron a devolverse por los conductos de recolección de aguas lluvias. Eso no es normal bajo ninguna circunstancia. Los sistemas deben ser independientes. Que se crucen indica una falla grave de diseño, ejecución o capacidad”, recalcó otro habitante del conjunto quien sugirió incluso que el diseño elaborado por la constructora, específicamente en el tema de las redes de alcantarillado, habría quedado pésimamente elaborado pues aparenta insuficiencia para atender la capacidad o demanda habitacional.

“Es culpa de los residentes”: Zabdi

Por supuesto, las quejas han llegado a oído de la constructora: “La respuesta inicial fue atribuir la situación al supuesto mal uso de nosotros como residentes: pañales, pañitos húmedos, desechos sólidos. ¿Puede creer usted esa respuesta? No puede ser que 760 apartamentos colapsen un sistema nuevo en menos de un año solo por el uso cotidiano”, dice. “Eso apunta a tuberías insuficientes, diámetros mal calculados o una obra que no fue pensada para la cantidad real de personas que viven aquí”.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la negativa de la constructora a entregar los planos y la documentación técnica completa del sistema de alcantarillado. Según la explicación recibida por la comunidad, esa información estaría protegida como “secreto empresarial”.

La consecuencia es grave: los residentes no saben cómo están construidas las redes, qué materiales se usaron, cuáles son los diámetros de las tuberías ni si el sistema cumple con las normas técnicas.

“Nosotros vivimos ahí. Es nuestro hogar”, insiste una propietaria, quien precisamente vive en un piso inferior, es decir, es una de las que le toca bailar con las más fea. “Y no sabemos si eso puede colapsar mañana, dentro de un año o en cinco. Ya ha pasado”.

Vivienda de interés social, ¿interés de quién?

El trasfondo del problema es profundamente social. Ciudadela Verde no es un proyecto de lujo. Es vivienda de interés social, adquirida por familias que destinaron sus ahorros, créditos y subsidios para cumplir el sueño de tener casa propia. “Un apartamento VIS debe garantizar servicios públicos dignos”, enfatiza el ex presidente del consejo. “Eso no es un favor, es una obligación”.

La comunidad también cuestiona el interés económico detrás del traslado del servicio. Operar el alcantarillado de más de 700 usuarios representa ingresos millonarios. Pero si las redes no están técnicamente preparadas, el costo real podría recaer, en el futuro, sobre los propios residentes.

Ante la falta de soluciones, los habitantes han acudido a todas las instancias posibles: EMPAS, la Comisión Reguladora de Alcantarillado (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga.

¿Por qué a Ambiente? Porque, como explica el denunciante, no es normal que las aguas residuales se devuelvan por sifones y zonas habitables. Eso implica un riesgo sanitario directo.

 El caso es que hasta ahora no hay una respuesta integral ni una intervención definitiva que despeje las dudas sobre la calidad de la obra pues el movimiento de empresa para suplir el servicio de alcantarillado no solo despierta serias dudas sobre la supuesta excelencia que la constructora prometía al momento de promocionar su proyecto ante los futuros compradores, sino que a las dudas técnicas también se sumarían inconsistencias (por no llamar irregularidades) de tipo jurídico. ¿Quién es entonces el responsable real del sistema?

La respuesta, hasta hoy, sigue enterrada bajo capas de trámites, oficios y evasivas. Sin embargo, la situación escaló hasta las respectivas instancias. En este caso, la pugna judicial está por definirse, será dentro de muy pocos días que la Comisión Reguladora de Alcantarillado, instancia idónea para darle punto final al problema, la que defina cuál de las dos instancias debe realizar la operación del servicio.

Mientras que la comunidad implora que sea la EMPAS la que ejerza la labor, la constructora, abrogándose una autoridad jurídica que algunos residentes que se han hecho expertos en la materia aseguran que no tiene, está empeñada en entregarle la operación al amb, pese a la falta de experiencia del acueducto en la materia, teniendo en cuenta la experiencia que sí puede garantizar la EMPAS.

Alain Mendoza Castillo, trabajador de EMPAS y presidente del sindicato de la empresa, elaboró en el marco del litigio un detallado análisis del caso desde una doble perspectiva: la técnica, como conocedor del sistema de alcantarillado, y la social, como representante de los trabajadores y vocero de las preocupaciones de la comunidad.

De acuerdo con Mendoza Castillo, el problema se origina cuando el urbanizador de Ciudadela Verde solicita, como lo exige la norma, la disponibilidad del servicio de alcantarillado al prestador oficial, en este caso EMPAS, trámite indispensable para obtener la matrícula de construcción y avanzar en el desarrollo del proyecto inmobiliario.

Sin embargo, tras obtener dicha disponibilidad y adelantar los procesos de revisión de diseños, obras e inversiones previas, el urbanizador habría optado por entregar las redes al Acueducto Metropolitano, una decisión que, según el dirigente sindical, no se ajusta a la normatividad vigente.

“La figura de interconexión es legal, pero en este caso se pasaron por alto varios requisitos fundamentales. El dueño de las redes sigue siendo EMPAS y, una vez otorgada la disponibilidad, el urbanizador debe continuar el trámite con el prestador que la concedió”, explicó Mendoza.

Tarifas, economía de escala y el temor a un sobrecosto

Uno de los puntos que más inquieta a los trabajadores de EMPAS y a la comunidad es el impacto tarifario que podría derivarse de esta situación. Mendoza advierte que el alcantarillado funciona bajo el principio de economía de escala, donde un mayor número de usuarios permite prorratear los costos de operación y mantenimiento.

“EMPAS tiene alrededor de 320 mil usuarios y eso hace que el costo por usuario sea relativamente bajo. No entendemos cómo un prestador que tendría máximo 800 usuarios puede sostener una tarifa justa, cumpliendo además con todas las obligaciones legales”, señaló.

Según explicó, la norma es clara en que los ingresos por acueducto y alcantarillado no pueden mezclarse, lo que significa que el cobro del alcantarillado debe sostenerse exclusivamente con los recursos de ese servicio. En este punto, Mendoza manifestó su preocupación por lo que calificó como una presentación engañosa de tarifas, al ofrecer valores bajos durante un primer año de gracia, que luego podrían incrementarse de manera significativa.

El vacío del alcantarillado pluvial

Más allá del alcantarillado sanitario, el dirigente sindical puso el foco en un aspecto que, según él, ha sido invisibilizado: el mantenimiento del sistema de aguas lluvias. “Todos los sistemas de alcantarillado son separados: aguas negras y aguas lluvias. Si solo se está cobrando el alcantarillado sanitario, ¿quién va a responder por el mantenimiento del sistema pluvial en Girón y en Ciudadela Verde?”, cuestionó el experto.

Este vacío operativo, advirtió, podría generar riesgos ambientales y de salubridad, especialmente en temporadas de lluvias intensas, cuando el mal manejo de aguas pluviales suele traducirse en inundaciones y deterioro de la infraestructura.

Mendoza reconoció que el interés del acueducto en expandir su operación hacia sectores como Ciudadela Verde, Brisas y Granjas de Provenza no es, en sí mismo, negativo. “Crecer como empresa no está mal”, afirmó. El problema, insistió, radica en la manera como se estaría realizando esa expansión, presuntamente al margen de la legalidad.

Como ejemplo de un modelo correcto, citó el caso de Ruitoque Alto, donde existe un contrato formal de interconexión en el que una empresa privada mantiene su sistema interno y paga a EMPAS un peaje por el uso del alcantarillado, respetando la propiedad de las redes y las inversiones realizadas por los usuarios.

En Ciudadela Verde, por el contrario, EMPAS sostiene que ya existen infraestructuras financiadas con recursos públicos, como el interceptor de la Quebrada de la Iglesia, y que permitir que otro prestador se beneficie de esas redes sin un contrato legal implicaría un perjuicio para los usuarios que ya pagaron por ellas.

El papel del urbanizador y el impacto en los residentes

Otro actor clave en esta controversia es el urbanizador, a quien Mendoza atribuye una cuota significativa de responsabilidad. Según explicó, al aceptar una oferta que le evitaba costos como la matrícula y los procesos de revisión técnica, el urbanizador habría entregado las redes a un prestador distinto al autorizado inicialmente.

“Hoy quien está sufriendo es el usuario. Hay apartamentos entregados y personas viviendo allí, pero el servicio no se está prestando de manera clara ni legal”, afirmó.

En conclusión, el caso ahora está en manos de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, entidad que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la prestación del servicio, la figura de interconexión y las responsabilidades de cada actor. Mendoza confía en que el fallo se produzca con base en la norma y la jurisprudencia, priorizando el interés general. “Lo que esperamos es que se falle en favor de lo legal y que el beneficiario final sea el usuario”, sostuvo.

Mientras tanto, recordó que los ciudadanos cuentan con mecanismos de defensa, como acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente si consideran que se les vendieron viviendas sin garantizar plenamente los servicios públicos básicos.

NOTA DE LA REDACCIÓN: EL FRENTE intentó en repetidas ocasiones contactar a un representante de la constructora para que emitiera su versión. Sin embargo, al cierre de esta edición no había manifestación alguna al respecto.