Vinculan ficha clave a investigación del atraco a los artistas de Santander

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con la ejecución de un contrato público por 3.138 millones de pesos, suscrito en 2022 con la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander. El caso, que involucra a varios exfuncionarios y contratistas, habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 968 millones de pesos para el departamento.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La investigación, liderada por la Seccional Santander de la Fiscalía, señala posibles irregularidades en la implementación del proyecto “Cultura Ciudadana Siempre por Santander”, iniciativa que buscaba promover actividades artísticas y culturales en Bucaramanga y su área metropolitana.

De acuerdo con el ente investigador, el contrato fue adjudicado mediante contratación directa y tenía como objetivo desarrollar eventos culturales con la participación de artistas circenses, bailarines y músicos en distintos escenarios del área metropolitana.

Sin embargo, el material probatorio recaudado por la Fiscalía sugiere que el proyecto habría sido utilizado para justificar gastos irregulares y legalizar pagos superiores a los realmente ejecutados.

Según las investigaciones, Cabarcas Osorio, junto con otras personas previamente judicializadas, habría coordinado la participación de artistas en eventos financiados con recursos públicos bajo condiciones que permitieron inflar costos y alterar documentos contractuales.

Uno de los hallazgos centrales de la investigación se relaciona con la forma en que se remuneraba a los artistas vinculados a las actividades culturales.

La Fiscalía sostiene que los participantes recibían pagos que oscilaban entre 100.000 y 400.000 pesos por presentación, pero debían firmar cuentas de cobro en blanco. Posteriormente, estos documentos habrían sido utilizados para justificar facturaciones de hasta cuatro millones de pesos por persona.

Esta práctica, según el ente investigador, permitió la legalización de gastos inflados y la presentación de facturas por valores significativamente superiores a los realmente pagados.

Adicionalmente, los investigadores establecieron que en algunos casos se aportaron certificados de actividades culturales que nunca se llevaron a cabo. A pesar de ello, se habrían presentado recibos con valores elevados, lo que sugiere la existencia de documentación falsa para respaldar la ejecución contractual.

Detrimento cercano a los $968 millones

l análisis contable adelantado por la Fiscalía evidenció diferencias sustanciales entre los valores facturados y los precios del mercado para este tipo de servicios culturales.

Según el ente acusador, estas irregularidades habrían generado un detrimento patrimonial para el departamento de Santander estimado en 968 millones de pesos, producto de sobrecostos, facturación irregular y presuntas actividades inexistentes.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Antonio Enrique Cabarcas Osorio los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, por lo que el proceso continuará en las siguientes etapas judiciales.

El delito de peculado por apropiación a favor de terceros se configura cuando un servidor público o particular que administra recursos del Estado permite o facilita el uso indebido de dichos fondos en beneficio de otras personas, mientras que la falsedad personal se relaciona con la alteración o uso indebido de información o documentos con efectos legales.

La investigación hace parte de un proceso más amplio que ya ha dejado varios implicados judicializados por su presunta participación en las irregularidades contractuales. Entre los vinculados al proceso se encuentran:

·         Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental de Santander.

·         Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica del proyecto.

·         Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora.

·         Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación contratista.

·         Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz, coordinadores de eventos.

Las autoridades investigan el rol específico de cada uno en la ejecución del contrato y en la presunta estructura que habría permitido el desvío de recursos públicos.

El caso pone nuevamente en el centro del debate el control sobre los recursos destinados a programas culturales y la contratación directa en entidades territoriales. Las autoridades buscan establecer si existió una estructura organizada para apropiarse de recursos públicos mediante la manipulación de contratos, certificaciones y facturación.

La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y el análisis de la documentación relacionada con el proyecto, mientras avanzan los procesos judiciales contra los presuntos responsables.

De comprobarse los hechos, el caso representaría uno de los escándalos recientes más relevantes relacionados con el manejo de recursos culturales en Santander y podría derivar en nuevas imputaciones dentro del proceso investigativo.