Vinculan a investigación a la cúpula de las disidencias por confrontación armada que dejó 37 muertos en el Catatumbo

El ente investigador informó que la estrategia de atención integral definida por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la ola de violencia desencadenada en la región del Catatumbo entre enero y abril de 2025, permitió obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de una directriz impartida por los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en esa zona del país para confrontar al ELN.

En ese ese sentido, fueron citados a audiencia de imputación el cabecilla del Bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa Garcia, alias Jhon Mechas; los jefes político y financiero del autodenominado frente 33, Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas personas habrían ordenado a sus estructuras armadas tomar control territorial absoluto a través del uso de armas y  rentas ilícitas en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí (Norte de Santander).

En cumplimiento de esa orden los demás integrantes del grupo armado ilegal promovieron acciones violentas, generaron miedo y zozobra en la comunidad, y ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos. Las denuncias recibidas, las actividades investigativas realizadas y los análisis criminológicos adelantados sobre lo sucedido en el territorio permitieron identificar 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado.

Los tres señalados cabecillas se presentaron de manera virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander). Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, de acuerdo con su posible participación en lo hechos, los imputó por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados

“De esta manera la Fiscalía General de la Nación avanza en el ejercicio de la acción penal como lo contempla la Directiva N°003 de 2025. Los fiscales continuarán con la investigación y la gestión y atención de las audiencias, con indiferencia de que el o los investigados o acusados tengan suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra. Para tal efecto, los beneficiarios de la suspensión serán citados a los correspondientes audiencia o trámite judicial a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) sin afectarse su libertad personal”, indicó una fuente del organismo de investigación.