Urgente llamado a la UNGRD para que evite más desmanes del invierno contra las comunidades

La Contraloría General de la República continúa realizando el Especial Seguimiento a la apropiación y ejecución de los recursos públicos asignados por el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los departamentos y los municipios afectados por las intensas lluvias de las últimas semanas.

De esta manera, y luego de haber realizado una visita técnica a las zonas inundadas de los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, en el departamento de Córdoba, considera la Contraloría General que muchas de esas aguas ya están estancadas y que probablemente se necesitará bombeo mecánico para conducirlas a los ríos y caños cercanos, de forma que se eviten mayores afectaciones físicas y a la salud de los damnificados, por el inicio de su proceso de descomposición.

Ahora bien, en lo que se refiere a la presunta orden de eliminar los diques y compuertas ubicados en las zonas inundadas del departamento de Córdoba, la Contraloría General expresa su preocupación de que ello se haga sin verificar primero si éstos tienen o no estudios hidráulicos y debida autorización de instalación y funcionamiento de la autoridad ambiental y demás competentes. También considera que, de llegarse a materializar esta presunta orden, se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público, al modificarse el funcionamiento hidrológico de las zonas afectadas y desconocerse derechos adquiridos de forma legal.

De igual forma, hacemos notar que a esta fecha hay reportadas 81.114 familias (225.675 personas) afectadas en 25 municipios del departamento de Córdoba; 150.500 hectáreas de cultivos inundadas; 65 acueductos afectados; 16 centros de salud afectados; 464 instituciones educativas afectadas; 1.948 km de vías afectadas; 124 puentes vehiculares y 1 puente peatonal afectados, lo cual dimensiona el tamaño de la emergencia y la urgencia en que debe ser atendida.

Producto de todo lo anterior, la Contraloría General insta al Gobierno Nacional y, particularmente, a la UNGRD, para que redoble sus esfuerzos en procura de atender pronta y adecuadamente a los damnificados por esta severa temporada invernal. Lo anterior implica, además, que se debe priorizar y agilizar la entrega de ayudas a todos los damnificados.

De igual forma, este ente de control reitera su llamado a los entes territoriales a ser rigurosos y ágiles en la elaboración del Registro Único de Damnificados (RUD) y a adoptar, con acompañamiento ciudadano y conjuntamente con la UNGRD, las medidas de atención, prevención y mitigación necesarias para garantizar una pronta y adecuada protección de los damnificados y una contratación transparente y efectiva de los servicios y obras necesarias para superar la emergencia. A esta fecha, el reporte en el RUD alcanza el 95% del estimativo de personas afectadas. 

Resulta oportuno reiterar, dada la dimensión de la tragedia, que urge garantizar una pronta y adecuada apropiación e inversión de los recursos asignados, de forma que no sea necesario replicar la ADVERTENCIA a la UNGRD emitida a finales de 2023, por la muy baja ejecución de los recursos apropiados en virtud del Decreto 2113 de 2022, suscrito para atender la situación de desastre nacional provocada por la intensa temporada de lluvias generada por el fenómeno de La Niña.

Finalmente, resulta igualmente oportuno reiterar que, la Contraloría General ya está realizando un seguimiento al paquete de medidas tributarias que hasta ahora se han emitido en el marco de la implementación del Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica Nro. 0150 de febrero 11 de 2026, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso.