Treinta años después: el tardío reconocimiento del Estado por la masacre de Barrancabermeja

Casi tres décadas después de una de las acciones paramilitares más violentas ocurridas en el Magdalena Medio, el Estado colombiano admitió su responsabilidad internacional por la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja. Lo hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no por iniciativa propia en el ámbito interno, sino en medio de un proceso internacional impulsado por las víctimas que durante años exigieron verdad, justicia y reparación.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El reconocimiento, oficializado el 28 de enero de 2026 en la audiencia pública del caso Cañas Cano y otros vs. Colombia, marca un punto histórico en materia de responsabilidad estatal, pero también deja al descubierto una pregunta inevitable: ¿por qué tuvieron que pasar casi treinta años para admitir lo que las víctimas denunciaron desde el primer día?

Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 1998, en pleno auge del conflicto armado interno. Según lo expuesto ante el tribunal internacional, estructuras paramilitares ejecutaron incursiones simultáneas en distintos barrios de Barrancabermeja, ciudad estratégica por su importancia petrolera y su histórico escenario de disputa armada.

Los ataques dejaron siete personas asesinadas entre ellas un niño y 25 víctimas de desaparición forzada, incluidos dos menores de edad y una mujer. Familias enteras quedaron marcadas por la incertidumbre, condenadas a décadas de búsqueda sin respuestas.

Pero lo más grave, según la investigación internacional, fue que estas acciones no ocurrieron en un vacío institucional. La violencia se perpetró con aquiescencia de agentes estatales, es decir, con tolerancia, permisividad o inacción deliberada de autoridades que tenían el deber de proteger a la población.

La masacre no fue solo un crimen armado. Fue también una falla estructural del Estado. El reconocimiento que llegó empujado por la justicia internacional. Por eso, durante la audiencia ante la Corte, el Estado colombiano, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reconoció que las víctimas tenían razón.

“Del análisis probatorio se desprende que las víctimas tienen razón y que los hechos mencionados por ellas son verdad”, señaló la representación estatal. La afirmación, contundente en apariencia, contrasta con décadas de negaciones, investigaciones fragmentadas y procesos judiciales insuficientes que mantuvieron el caso en la impunidad durante años.

El reconocimiento se sustenta en diversos elementos probatorios, entre ellos el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, titulado Hay Futuro Si Hay Verdad, que documentó patrones de violencia sistemática, la responsabilidad de actores armados ilegales y la tolerancia institucional frente a sus acciones.

Sin embargo, el hecho de que este reconocimiento haya llegado solo tras décadas de presión judicial internacional plantea profundas críticas sobre la capacidad del Estado para investigar sus propias responsabilidades.

La demora como forma de revictimización

Para las víctimas, el tiempo no ha sido un simple dato cronológico. Ha sido una forma de sufrimiento prolongado. Treinta años de espera significan generaciones enteras creciendo entre la ausencia, procesos judiciales inconclusos, restos nunca encontrados y versiones oficiales que tardaron décadas en admitir lo evidente.

La desaparición forzada, en particular, constituye un delito permanente: el dolor continúa mientras no se conozca el destino de las víctimas. En ese contexto, el retraso en el reconocimiento estatal no solo evidencia fallas institucionales, sino que prolonga el daño.

El caso pone en evidencia uno de los mayores cuestionamientos al sistema judicial colombiano en materia de derechos humanos: la lentitud estructural para esclarecer responsabilidades cuando los hechos comprometen al propio Estado.

El proceso ante la Corte IDH no solo busca determinar responsabilidades, sino que abre un debate jurídico sin precedentes sobre la relación entre justicia transicional y justicia ordinaria en Colombia.

El tribunal analiza cómo deben articularse los mecanismos creados en procesos de paz, las investigaciones penales tradicionales y las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

Este caso podría definir estándares sobre: el alcance de la responsabilidad estatal por omisión, la obligación de investigar violaciones graves de derechos humanos, la eficacia real de los mecanismos de justicia transicional, y los límites de la impunidad en contextos de conflicto armado.

Se trata de un precedente que puede impactar otros casos históricos del conflicto colombiano. Uno de los elementos más graves reconocidos por el Estado es que su responsabilidad no fue únicamente pasiva pues los hallazgos institucionales indican que la inacción de agentes estatales fue deliberada y coordinada, lo que configura responsabilidad internacional por acción. En términos jurídicos, esto implica que el Estado no solo falló en prevenir los hechos, sino que permitió que ocurrieran.

Esta admisión tiene implicaciones profundas: reconoce que la violencia paramilitar operó en contextos donde el Estado tenía conocimiento, presencia y capacidad de intervención.

Pero más allá de las decisiones judiciales, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad histórica del Estado frente a las víctimas del conflicto armado y sobre la necesidad de garantías reales de no repetición.

El reconocimiento de responsabilidad internacional por la masacre de Barrancabermeja constituye un avance en materia de verdad, pero también evidencia una deuda histórica con las víctimas.

El paso del tiempo no diluye la responsabilidad. La demora en reconocer los hechos, investigar a los responsables y reparar a las víctimas revela las profundas tensiones entre memoria, justicia y poder en Colombia.

Treinta años después, el Estado admite lo que las víctimas denunciaron desde el principio. La pregunta que persiste es cuánto dolor pudo haberse evitado si ese reconocimiento hubiera llegado cuando aún era posible impedir décadas de silencio. La justicia, cuando tarda demasiado, también hiere.