Tregua en Buenaventura facilitó el fortalecimiento de bandas criminales

La tregua entre las bandas criminales en Buenaventura, Valle del Cauca, occidente de Colombia, no fue más que un espejismo que ocultó el fortalecimiento de esas estructuras violentas.

El frágil pacto entre Shottas y Espartanos llegó a su fin el pasado 6 de febrero, con lo cual se desató una ola de violencia que ha cobrado 52 vidas en el primer trimestre del año, 48 sólo en marzo.

La ruptura del acuerdo no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de un modelo de negociación que, lejos de debilitar a los grupos ilegales, les permite expandir su control y consolidar su influencia.

El impacto en la seguridad es innegable. Comercios cerrados, clases suspendidas y restricciones de movilidad son sólo algunos de los efectos que han puesto en jaque a la comunidad y la economía local.

Un reflejo del terror que se vive en la ciudad es que la comunidad se encuentra atemorizada y sin respuestas ante la escalada de esa barbarie, que incluye el retorno de las horrendas casas de pique.

La tregua no sólo fracasó en brindar estabilidad, sino que sirvió como una plataforma de reorganización para las bandas. Durante su vigencia, los indicadores de criminalidad nunca se redujeron por completo, lo que demuestra que la violencia estaba latente y a la espera del momento oportuno para resurgir con mayor intensidad.

La ruptura del pacto no fue producto de diferencias ideológicas ni de un compromiso con la justicia. Se trató de una disputa por el control de rentas ilegales, lo que exacerbó los homicidios y el confinamiento forzado de la población, que, en últimas, es la más perjudicada.

La inacción del Gobierno nacional, de Gobernación y Alcaldía, se ven reflejados en los paños de agua tibia emanados de Concejos de seguridad que, a la postre no sirven para nada, porque se habla mucho, se proponen inalcanzables y no se traducen en realidades.

El anuncio de la banda Shottas de un cese al fuego unilateral, lejos de ser un gesto de paz, es una estrategia para reposicionarse en el conflicto. Mientras tanto, Espartanos emite comunicados que buscan deslindarse de responsabilidades, pero la realidad es que ambas organizaciones son responsables de la crisis.

Las comunidades han denunciado la presencia de hombres armados que, cual autoridad, patrullan las calles en un territorio de nadie, pero como cosa rara, que posee fronteras invisibles, donde se dan todo tipo de intimidaciones, las cuales se masifican por redes sociales.

El Gobierno ha condenado los asesinatos y reafirmado su intención de continuar con el diálogo de paz, pero eso no es suficiente cuando no hay inversión social y el control de decisión lo tienen los violentos.

Esto se trastoca en una tibia postura para no derramar más sangre. Pero cuando la contraparte se burla de la gran mano tendida del Gobierno, el único camino que queda es imponer la Ley con las armas del Estado.