¿Será que hay más Julianas Guerrero por ahí? Exigen a MinEducación medidas para garantizar la legalidad en títulos de la Fundación San José
Resumen
La Procuraduría pidió al MEN un informe sobre la investigación de títulos falsos en la Fundación San José tras el escándalo de Juliana Guerrero. Se busca garantizar la legalidad en la expedición de diplomas y restaurar la confianza en la institución educativa.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) un informe detallado sobre los resultados preliminares de la investigación administrativa abierta a la Fundación de Educación Superior San José, tras las denuncias que podrían comprometer la validez de los títulos emitidos por la institución.
La indagación del MEN se originó luego de conocerse el caso de Juliana Guerrero, quien fue vinculada a un escándalo de presunta falsificación de diplomas asociados a la Universidad San José, previo a su eventual nombramiento como viceministra de las juventudes, cargo para el cual acreditó documentación oficial de la institución que finalmente resultó ser falsa.
Recordemos que fue propia la institución académica la que informó recientemente que Guerrero no registra historial académico, ni asistencia a clases, ni notas inscritas en varios semestres, lo que profundizó las dudas sobre eventuales irregularidades en los procesos internos de validación y expedición de certificados.
La Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó al Ministerio entregar toda la información obtenida en la investigación, especialmente aquella relacionada con:
· Directivos actuales y anteriores
· Representantes legales
· Miembros del consejo superior
· Administradores y revisores fiscales
· Exsecretarios generales
Funcionarios o particulares que hayan ejercido control o gestión dentro de la Fundación
El Ministerio Público también pidió informar cuáles medidas preventivas o correctivas se consideran necesarias para garantizar la legalidad en los procesos de otorgamiento de títulos y para restablecer la confianza en la operación institucional.
La Procuraduría enfatizó que su intervención se enmarca en un ejercicio de protección de la legalidad, la transparencia y la continuidad del servicio público de educación superior. Recalcó que, si bien respeta la autonomía universitaria, esta debe ejercerse dentro de los límites legales y constitucionales que rigen al sector.
Finalmente, el organismo de control otorgó un plazo de tres días al Ministerio de Educación para remitir la respuesta correspondiente y entregar la documentación requerida.
