Senador santandereano arremete contra Iván Cepeda por su ausentismo del Congreso

El senador santandereano Jota Pe Hernández lanzó una dura denuncia pública contra el senador Iván Cepeda, hoy también mencionado como figura de la izquierda de cara a futuras disputas presidenciales, al acusarlo de mantener un patrón reiterado de inasistencia a plenarias mientras continúa percibiendo salario y beneficios pagados por los contribuyentes.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Una nueva polémica sacude al Senado y esta vez no gira en torno a reformas ni campañas presidenciales, sino a un viejo fantasma del Congreso colombiano: el ausentismo parlamentario financiado con recursos públicos.

A través de sus redes sociales, Hernández difundió un video en el que describe con tono severo lo ocurrido durante una reciente sesión plenaria, asegurando que Cepeda apareció cuando la jornada estaba prácticamente terminando, se sentó, almorzó y abandonó el recinto poco después, sin participar de manera sustancial en la sesión legislativa.

“Hoy vino, se gorrió el almuerzo y después de almorzar, se limpió las manos y se fue”, afirmó Hernández, en una declaración que rápidamente se viralizó y que convirtió una escena aparentemente cotidiana en símbolo de lo que sus críticos consideran desconexión entre algunos congresistas y sus responsabilidades públicas.

Más allá del episodio puntual del almuerzo, el núcleo de la denuncia está en una cifra políticamente explosiva: según Jota Pe Hernández, Iván Cepeda habría acumulado más de 50 inasistencias a plenarias del Senado.

El senador santandereano sostiene que cada una de esas sesiones tendría un costo superior al millón de pesos para el erario, por lo que plantea una narrativa de presunto derroche sostenido: un congresista que, según sus palabras, “cobra igual, así no venga a trabajar”.

Aunque las afirmaciones de Hernández han tenido amplia circulación en redes, el señalamiento también revive una discusión estructural sobre el sistema de control de asistencia en el Legislativo, históricamente cuestionado por permitir vacíos entre registro formal, excusas, actividades externas y presencia efectiva en debates decisivos.

Entre denuncia política y cálculo electoral

La arremetida de Hernández no se limitó a cuestionar hábitos de asistencia. En sus declaraciones, elevó el tono al vincular el comportamiento de Cepeda con una crítica más amplia hacia sectores del oficialismo y figuras cercanas al petrismo, comparándolo incluso con el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de mantener una agenda internacional extensa y una supuesta desconexión con las urgencias nacionales.

Ese giro convirtió la denuncia en algo más que un reclamo administrativo: pasó a ser una pieza de confrontación política con evidente carga electoral, en momentos en que distintos sectores ya comienzan a perfilar narrativas de cara a futuras candidaturas presidenciales.

Las acusaciones provocaron una avalancha de reacciones digitales. Para numerosos usuarios, el video refuerza la percepción de que algunos congresistas gozan de privilegios mientras millones de ciudadanos enfrentan jornadas laborales estrictas y vigilancia constante.

La escena de “almorzar y retirarse” fue convertida por detractores en metáfora de una clase política que, según sus críticos, parece más eficiente para cobrar que para legislar.

Sin embargo, también surgieron voces que exigen verificar con rigor el contexto completo de asistencia, incluyendo registros oficiales, excusas reglamentarias, participación en comisiones u otras actividades legislativas que puedan alterar la interpretación del episodio denunciado.

Cuando un senador denuncia que otro habría faltado a decenas de plenarias mientras sigue recibiendo salario, la indignación pública no solo recae sobre el señalado, sino sobre un sistema entero que con frecuencia parece incapaz de ofrecer controles transparentes y pedagogía clara sobre cómo se evalúa realmente el trabajo legislativo.

Por ahora, las declaraciones de Jota Pe Hernández funcionan como denuncia política de alto impacto, pero el verdadero peso de sus acusaciones dependerá de pruebas documentales, registros de asistencia, videos de seguridad y verificación institucional.

Si los señalamientos se sostienen con evidencia robusta, el caso podría convertirse en un golpe reputacional para Iván Cepeda en un momento donde cualquier aspiración presidencial exige escrutinio extremo.

Si no ocurre, podría quedar como otro episodio del cada vez más agresivo espectáculo político colombiano, donde las redes sociales convierten una denuncia en sentencia antes de que hablen los hechos.

Mientras tanto, la frase “se gorrió el almuerzo y se fue” ya quedó instalada como munición política, una de esas escenas que, ciertas o exageradas, encapsulan con brutal eficacia el malestar ciudadano frente a un Congreso que sigue debatiéndose entre representación pública y privilegio percibido.