Secuestraron otros 34 militares en Guaviare

Los bandidos de las FARC ejercen dominio territorial. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que 34 militares están secuestrados hace dos días en el área rural del municipio de El Retorno, en el amazónico departamento del Guaviare. “Personas vestidas de civil dicen tener retenidos a unos militares. Pero eso no es una retención, es un secuestro porque están contra la voluntad de ellos”, ha denunciado el ministro Sánchez en una declaración a la prensa. No es la primera vez que las Fuerzas Militares denuncian que civiles secuestran a uniformados bajo la presión del narcotráfico, que goza de la protección del gobierno de Colombia. En junio pasado, en el municipio de El Tambo, en el convulso departamento del Cauca, fueron retenidos contra su voluntad 57 militares en medio de otro operativo contra el Estado Mayor Central de las FARC.

En ese momento, el ministro de defensa Sánchez calificó el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario. “Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia”, aseguró en su momento.

En los primeros meses de 2025, el departamento del Guaviare vivió un deterioro de la seguridad debido al conflicto entre la disidencia que lidera Mordisco y la que encabeza su antiguo subordinado, alias ‘Calarcá Córdoba’. Las dos facciones buscan controlar la zona con una violencia tal que, entre finales de mayo y junio, la Defensoría del Pueblo reportó que más de 10.000 personas quedaron confinadas en zonas rurales el norte del departamento. La tragedia alcanzó un punto crítico en julio, con el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar. Allí estaban los cuerpos de ocho líderes religiosos y sociales que habían desaparecido semanas antes, cuando participaban de una misión humanitaria. Fueron secuestrados y asesinadas, supuestamente, por el frente Armando Ríos, del ala de Mordisco. El impacto fue mayúsculo: el presidente Gustavo Petro calificó el acto como una grave violación de derechos fundamentales, mientras la ONU y la Iglesia católica hicieron un llamado urgente para incrementar las medidas de protección a los líderes comunitarios.