Santander quedó excluido de las Inversiones del orden nacional
Vías sin dinero por relación tirante entre el Palacio Amarillo y la Casa de Nariño
La solicitud de los gremios es clara: piden declarar la emergencia vial y priorizar los recursos del Presupuesto General de la Nación para atender la Ruta 45A y la Transversal del Carare.
En su rendición de cuentas del periodo 2024-2025, el Gobernador de Santander, General (r) Juvenal Díaz Mateus, presentó un balance de gestión en infraestructura vial por un valor de 6,29 billones de pesos.
Según la Gobernación, estos recursos cubren la ejecución y gestión de macroproyectos como la vía Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó (con una asignación teórica de 2,9 billones), la Ruta de los Comuneros (2,4 billones), la Vía Yuma (409.000 millones) y la carretera Curos–Málaga (320.000 millones).
El mandatario departamental defendió su gestión al asegurar que se lograron "destrabar obras" y reactivar intervenciones en municipios como Barichara y Jesús María por 450.000 millones de pesos.
Grave fricción política
No obstante, la realidad política choca con estos números. El 7 de octubre de 2025, se confirmó a través de medios nacionales una noticia que cayó como un balde de agua fría para el departamento.
El Gobierno Nacional anunció que Santander no tendría recursos de Conpes adicionales asignados para el mejoramiento de su infraestructura vial en el corto plazo. Esta decisión tensó las relaciones entre el Palacio Amarillo y la Casa de Nariño.
La Alianza por Santander, en su misiva de noviembre, exigió al Gobierno Nacional cumplir con los compromisos del convenio marco “Vías de los Comuneros”, suscrito en diciembre de 2024.
Los empresarios denuncian que, a pesar de los anuncios, la falta de flujo de caja real detiene el avance físico de las obras en la Transversal del Carare. La sensación generalizada en el departamento es que la región quedó excluida de las prioridades de inversión del orden nacional, justo cuando el invierno golpea con mayor fuerza.
Curos - Málaga: la ruta eterna
El caso de la vía Curos - Málaga ilustra a la perfección la tragedia de la infraestructura santandereana. A pesar de que la Gobernación incluye 320.000 millones de pesos para este corredor en sus cifras de gestión, la realidad técnica es desoladora.
Ingenieros y veedores ciudadanos alertaron en octubre que la obra requiere entre 800.000 y 900.000 millones de pesos adicionales para su culminación total.
Los recursos contratados hasta la fecha resultan insuficientes. Solo se ha pavimentado una fracción mínima de los kilómetros prometidos, mientras que puntos críticos siguen sin intervención definitiva.
Los habitantes de la provincia de García Rovira continúan su transitar por un camino de herradura que se cierra con cada aguacero y perpetúa una deuda histórica que el Estado no logra saldar.
La incertidumbre sobre la financiación de los 56 kilómetros restantes mantiene a esta despensa agrícola en un atraso competitivo de décadas.
El invierno no da tregua
El factor climático actúa como el catalizador final de esta tormenta perfecta. Noviembre de 2025 registra precipitaciones por encima de los promedios históricos debido al fenómeno de La Niña.
La Unidad de Gestión del Riesgo mantiene en alerta a 58 municipios del departamento. La saturación de los suelos ha activado deslizamientos no sólo en las vías nacionales, sino en la red secundaria y terciaria, responsabilidad que desborda la capacidad financiera de los Alcaldes.
En la provincia de Soto Norte, la vía Bucaramanga - Matanza presenta situaciones dramáticas. Puntos como "La Playa" y el kilómetro 17+500 requieren obras de mitigación urgentes.
Aunque la administración departamental reporta avances en la construcción de muros de contención y puentes en estos sectores, la velocidad de las lluvias supera la velocidad de la ingeniería.
La instalación de puentes militares provisionales se ha convertido en la única respuesta viable para evitar que municipios enteros queden incomunicados por semanas.
Acciones y reacciones
Ante la magnitud de la emergencia, las acciones gubernamentales parecen reactivas y fragmentadas. Mientras la Gobernación despliega maquinaria amarilla en puntos críticos y busca ejecutar los recursos de su presupuesto, la falta de un apoyo contundente del nivel central limita el alcance de las soluciones.
La solicitud de los gremios es clara: piden declarar la emergencia vial y priorizar los recursos del Presupuesto General de la Nación para atender la Ruta 45A y la Transversal del Carare. Argumentan que recuperar la conectividad no es una opción, sino un imperativo para evitar una quiebra sistémica de la economía regional.
El transporte de carga, ahogado por los peajes y ahora por el sobrecosto del combustible y los tiempos de viaje, se declara en asamblea permanente. No descartan protestas si no se concreta un plan de choque con fechas y recursos reales, más allá de los anuncios de gestión.
Santander permanece en una encrucijada. Con sus principales vías fracturadas, su economía amenazada por la inflación y el desempleo, y una disputa política por los recursos de inversión, el departamento enfrenta un final de año amargo, porque los 6,29 billones de pesos en los papeles oficiales contrastan con el lodo que hoy impide el paso en La Renta, Oiba y Vélez.
