¿Revisiones simuladas? Esta es la estrategia para acabar con la corrupción en los CDA
Resumen
La Superintendencia de Transporte exige a los CDA cumplir nuevos lineamientos para evitar revisiones simuladas y sanciones, con cierres temporales para quienes no corrijan fallas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Ya venció el plazo que la Superintendencia de Transporte otorgó a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) para corregir una serie de fallas detectadas en los procesos de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, un control clave que, en teoría, actúa como guardián silencioso de la seguridad vial en el país.
La Superintendencia de Transporte recordó a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) que ya venció el plazo establecido para la implementación total de los lineamientos contenidos en la Circular No. 024 del 9 de febrero de 2026.
La autoridad nacional en transporte invitó a todos los CDA a verificar y asegurar el cumplimiento integral de cada uno de los numerales definidos en dicha circular. “Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de estos lineamientos constituye un elemento fundamental para garantizar la correcta prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminante”, indicó un portavoz de la supertransporte, quien indicó que los controles permiten garantizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de la información reportada al sistema, en el marco de las funciones de inspección, vigilancia.
La advertencia es directa: quienes no hayan ajustado sus procedimientos enfrentarán sanciones administrativas que podrían escalar hasta la suspensión temporal de operaciones.
Fallas repetidas que encienden las alarmas
La decisión de endurecer controles surgió tras un análisis de los planes de mejora aplicados a 166 CDA entre 2023 y el primer semestre de 2025, y encontró un patrón inquietante: errores que se repiten como eco en túnel.
Entre las irregularidades más críticas están la falta de registro en video continuo durante toda la inspección, la ausencia de sistemas confiables para detectar placas al ingreso y salida de los vehículos, y la realización de evaluaciones en espacios no autorizados. Estas fallas rompen la trazabilidad del proceso, dejando en duda si una revisión fue realmente ejecutada o simplemente “simulada”.
A esto se suman prácticas que rozan lo insólito en un procedimiento técnico: inspectores distraídos con el celular, iluminación por debajo de los estándares exigidos, mínimo 600 lux, y la omisión de pasos obligatorios como la quema del PIN antes de iniciar la revisión.
Con los nuevos lineamientos, el Sicov actuará como un portero implacable. El sistema bloqueará automáticamente inspecciones que presenten defectos tipo A, inconsistencias en el Formato Uniforme de Resultados (FUR) o que hayan sido firmadas por personal no registrado.
También queda expresamente prohibido el uso de VPN, la firma remota de inspecciones y cualquier acceso irregular al sistema. En otras palabras, la revisión debe hacerse donde corresponde: en la línea física del CDA, sin atajos digitales.
Cualquier dato que no cumpla con los parámetros será devuelto de inmediato al centro, invalidando el resultado.
Para los conductores, el mensaje también es claro: la revisión técnico-mecánica no es un trámite decorativo. El usuario puede exigir que todo el proceso quede grabado en video sin interrupciones, que las condiciones de iluminación sean adecuadas y que el inspector esté debidamente registrado en el sistema.
Además, el CDA debe dejar constancia en el FUR de cualquier particularidad del vehículo, desde la ausencia de llanta de repuesto hasta condiciones especiales como blindaje.
Vigilancia permanente y riesgo de cierre
La Superintendencia anunció que hará seguimiento mensual a través del Sicov, revisando las evidencias fílmicas enviadas por los operadores. No se trata de un control esporádico, sino de una supervisión constante que busca cerrar la puerta a prácticas irregulares.
Los centros que no hayan corregido las fallas quedan expuestos a procesos sancionatorios que podrían derivar en cierres de hasta seis meses. Un golpe que, más allá del impacto económico para los CDA, pone en evidencia un problema de fondo: cuando la revisión falla, la seguridad vial queda en veremos.