Responde el Profe Ferley a la investigación del CNE en su contra: “Soy un chivo expiatorio víctima de un montaje judicial”

Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió formalmente una indagación preliminar contra el excandidato a la Gobernación de Santander, Luis Ferley Sierra Jaimes, por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña política para las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Luis Ferley Sierra Jaimes, exdiputado de la Asamblea Departamental, y quien es mejor conocido como el profe Ferley fue uno de los aspirantes con mayor visibilidad durante la contienda por la Gobernación de Santander en 2023, campaña en la que participó bajo el aval de una coalición regional, presentándose como alternativa independiente a los partidos tradicionales. Aunque no alcanzó la victoria, logró una votación significativa que lo posicionó como figura clave dentro del espectro progresista del departamento.

Ahora se encuentra en el foco de una investigación del Consejo Nacional Electoral en la que se indaga de manera preliminar su hubo o no irregularidades en la financiación de su campaña.

EL FRENTE conversó con el Profe Ferley para conocer su percepción acerca de las denuncias públicas que motivaron la apertura de la investigación y fue enfático en afirmar que se trata de una estrategia jurídica para desprestigiar su nombre.

“Se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, lawfare) a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. De eso se trata todo esto”, indicó Ferley Sierra.

Además, indicó que la autoría de esta investigación estaría ligada al poder departamental, pues a su juicio necesitan desde allí generar cortinas de humo y chivos expiatorios para distraer la atención de problemas claves en la administración regional, y que su caso no tiene ningún fundamento jurídico.

“Para manipular a las masas, hacen cualquier denuncia sin sentido, debido a que en este país cualquiera puede denunciar a cualquiera por lo que quiera. Mañana a usted lo pueden acusar de ser un pedófilo violador de niños si quieren, ninguna ley prohíbe denunciar la bobada que sea. Lo grave es que usan pauta publicitaria para hacer bombo de denuncias sin ningún sustento, y ahí es donde se configura la acción de manipulación en masa”, indicó el excandidato a la gobernación de Santander quien aseguró a EL FRENTE que se siente tranquilo pues ostenta los certificados necesarios para dejar en evidencia que no hubo irregularidades durante su campaña.

“Es que no hay ninguna irregularidad ni ilegalidad, cualquiera puede corroborar eso con extremada facilidad al comparar los diferentes reportes de cuentas claras, el mío es de lejos el más transparente”, indicó Sierra.

EL expediente

De acuerdo con los folios del CNE, la apertura de la investigación fue adoptada tras la recepción de una queja formal radicada el 20 de mayo de 2025 por el ciudadano Luis Fernando Díaz Zambrano, quien, en comunicación dirigida a la entidad a través del correo institucional, solicitó iniciar una investigación administrativa contra la campaña del exaspirante, inscrito por la coalición “Dignidad Santandereana”.

Según el denunciante, la campaña de Sierra habría incurrido en doble registro contable al reportar como donaciones la suma de $490 millones de pesos, monto que también habría sido contabilizado como gasto de campaña.

Díaz Zambrano afirma que, en su apreciación como ciudadano, no existió un despliegue publicitario o logístico acorde con esa cifra, lo que despertó sospechas sobre un posible inflado de los reportes oficiales.

“La campaña no mostró signos de ostentación en eventos, publicidad o material promocional; no fue evidente un gasto cercano al medio millar de millones”, señala el denunciante, quien también cuestiona la procedencia de algunos aportes, entre ellos los presuntamente realizados por la esposa del candidato y su coordinador de campaña, hechos que podrían representar conflictos de interés o maniobras para evadir controles.

Además, Díaz solicita una revisión exhaustiva de los reportes entregados por Sierra a través del aplicativo “Cuentas Claras”, herramienta oficial para la rendición de informes financieros de campañas políticas.

De acuerdo con el auto expedido por el CNE (Expediente CNE-E-DG-2025-009140), la apertura de la indagación se realiza en virtud de lo dispuesto por las Leyes Estatutarias 130 de 1994 y 1475 de 2011, que facultan a esta entidad para adelantar investigaciones administrativas sancionatorias cuando existan indicios de violación a las normas que rigen la financiación política. En esta fase preliminar, el objetivo será:

·         Verificar la ocurrencia de la conducta denunciada.

·         Establecer si la misma constituye una falta sancionable.

·         Identificar al presunto autor, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

Decretan pruebas y requerimientos clave

Como parte del procedimiento, el CNE ordenó la práctica de pruebas documentales y la recopilación de información técnica. Entre las principales medidas, se ordenó requerir al jefe del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales para que entregue la remisión del informe individual y consolidado, junto con todos los anexos, correspondiente a la campaña de Sierra.

Además, solicitó confirmar si a dicha campaña le fue otorgado el derecho a reposición de gastos, y en tal caso, aportar copia del acto administrativo respectivo, al tiempo que requirió al denunciante Luis Fernando Díaz Zambrano para que, en un plazo de diez días hábiles, amplíe su denuncia mediante la precisión de las supuestas falencias encontradas en el informe de ingresos y gastos, así como la presentación de aportes probatorios o explicación de las circunstancias que lo llevan a concluir que el gasto real fue inferior al reportado.

Consecuencias disciplinarias y fiscales

De comprobarse las irregularidades denunciadas, la campaña de Sierra podría haber incurrido en una vulneración directa del régimen de financiación electoral, lo cual no solo derivaría en sanciones administrativas por parte del CNE, sino también podría dar lugar a eventuales investigaciones de carácter penal o fiscal, por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, en caso de determinarse un fraude al erario mediante el mecanismo de reposición de votos.

El CNE reiteró que la indagación preliminar es una etapa exploratoria y garantista, que busca establecer si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal. En esa línea, la corporación enfatizó que se respetarán los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción.

La investigación quedará en manos del despacho sustanciador de la Dirección General de Control y Vigilancia Electoral, y se adelantará bajo reserva procesal mientras se recopilan las pruebas necesarias para adoptar una decisión de fondo.