Organizaciones que agrupan a la Reserva, Veteranos, Víctimas y Pensionados de la Fuerza Pública, bajo la mesa de trabajo "Fuerza Púrpura", han manifestado su profunda preocupación ante el anuncio del Presidente de la República, el pasado 3 de junio de 2025, sobre su intención de convocar una consulta popular nacional mediante decreto presidencial. La medida, según estas asociaciones, podría tener serias implicaciones constitucionales e institucionales.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Según Fuerza Púrpura, la Constitución Política de Colombia es clara al establecer que las consultas populares de carácter nacional deben ser autorizadas previamente por el Congreso de la República, tal como lo dictan los Artículos 103 y 104 de la Constitución, y la Ley Estatutaria 134 de 1994. Actuar fuera de este procedimiento, afirman, no solo vulneraría el principio de legalidad, sino que representaría una amenaza directa a la separación de poderes y al equilibrio institucional que sostiene la democracia colombiana.

Las organizaciones señalaron que convocar una consulta popular sin el debido trámite legislativo podría constituir una grave violación al orden constitucional. En su comunicado, enfatizaron que las acciones unilaterales del Ejecutivo no pueden reemplazar la voluntad del Congreso, que representa a millones de colombianos, ni desconocer las competencias de otros poderes del Estado. Además, advirtieron que debilitar la institucionalidad y desconocer los cauces democráticos establecidos "abre la puerta al autoritarismo y erosiona la legitimidad del Estado de Derecho".

Llamado a las Altas Cortes, al Congreso y a la Ciudadanía

Ante este panorama, Fuerza Púrpura ha hecho un enérgico llamado a diversas instancias:

A las Altas Cortes: Para que se pronuncien con celeridad y claridad sobre la constitucionalidad y legalidad del eventual decreto anunciado por el presidente, "protegiendo así la supremacía de la Constitución".

Al Congreso de la República: Para que ejerza con firmeza su papel de control político y defensa de la institucionalidad, ratifique a la Registraduría Nacional que la propuesta de consulta popular fue votada y no aprobada por la corporación legislativa, o en su defecto, que se avoque a una demanda inmediata si se presenta el decreto anunciado.

A la ciudadanía, partidos políticos y medios de comunicación: Para que mantengan un debate informado, respetuoso y comprometido con los principios democráticos.

Al Gobierno Nacional: Para que actúe con responsabilidad, respeto por la legalidad y dentro del marco de la Constitución.

Respaldo a la Fuerza Pública

Finalmente, las asociaciones expresaron su respaldo a la Fuerza Pública de Colombia, cuya misión constitucional es garantizar la seguridad, la soberanía nacional y el orden institucional. Confiaron en que la Fuerza Pública actuará con estricto apego a la legalidad y con un firme compromiso en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Subrayaron que la labor de la Fuerza Pública, desarrollada con imparcialidad y dentro del marco de la ley, es fundamental para preservar la estabilidad del país.

El comunicado concluyó reafirmando que Colombia "necesita más democracia, no menos institucionalidad", y que la voluntad popular, pilar de la nación, debe expresarse a través de los canales legítimos que la Constitución establece. El llamado es a reafirmar el compromiso con la cordura, la legalidad y la independencia de los poderes públicos.