Recusaciones, empréstito y estratificación en Bucaramanga: los temas clave de esta semana en el Concejo de Bucaramanga

Recusaciones en cascada, estratificación bajo lupa y un empréstito en pausa: el Concejo de Bucaramanga navega entre bloqueos jurídicos y decisiones de alto impacto social.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El panorama que emerge de esta radiografía es el de una ciudad en la que decisiones estructurales avanzan con dificultad mientras crece la tensión entre legalidad formal y legitimidad democrática. Por ejemplo, el empréstito sigue en suspenso a la espera de la Procuraduría, la estratificación enfrenta cuestionamientos por su impacto social y falta de transparencia, y el Concejo se debate entre ejercer su función o quedar atrapado en una cadena de recusaciones que amenaza con convertirse en regla.

El concejal Diego Lozada, en conversación con Radio Bucarica y el Periódico EL FRENTE, trazó un diagnóstico que revela un panorama atravesado por proyectos detenidos, dudas sobre la transparencia administrativa y un uso creciente de herramientas legales que, según advierte, están alterando el curso del debate democrático.

El caso más visible es el del empréstito promovido por la administración del alcalde Cristian Portilla, considerado el endeudamiento más alto en la historia de Bucaramanga. La iniciativa permanece suspendida debido a una avalancha de recusaciones interpuestas por el representante a la Cámara Cristian Avendaño, en las que se alegan posibles conflictos de interés de concejales cuyos vínculos familiares o patrimoniales podrían cruzarse con predios que serían intervenidos o declarados de utilidad pública para ejecutar las obras.

Lozada explica que el proceso no solo enfrenta ese bloqueo jurídico, sino que se ha visto agravado por la renuncia en la Secretaría de Infraestructura, un movimiento que introduce incertidumbre técnica en la estructuración del proyecto. A esto se suma la intervención de la Procuraduría, que ahora debe resolver más de medio centenar de recusaciones acumuladas. Según detalla, se trata de un volumen inusual que obliga a la autoridad disciplinaria a pronunciarse sobre cada caso, dentro de términos legales que, aunque definidos, no ofrecen claridad sobre la rapidez del desenlace.

En este punto, el concejal cuestiona la naturaleza de las recusaciones, señalando que en varios casos se configuran como ejercicios temerarios o carentes de sustento jurídico sólido. Advierte que, más allá de su legalidad formal, el efecto práctico ha sido congelar la capacidad deliberativa del Concejo. “Aquí no se está impidiendo solo un proyecto, se está impidiendo que el Concejo vote”, es la línea de fondo que atraviesa su intervención.

¿Una estratificación ilegal?

Mientras el empréstito permanece en pausa, otro frente se abre con fuerza en el debate público: el cambio en la estratificación socioeconómica de varios sectores de la ciudad. Lozada denuncia que la administración municipal habría expedido el Decreto 0737 sin garantizar su adecuada publicación ni socialización, lo que a su juicio vulnera principios básicos como la publicidad y el debido proceso administrativo.

El impacto de esta medida, según expone, no es menor ni técnico: es profundamente cotidiano. Familias de estratos 1 y 2 estarían siendo reclasificadas a niveles superiores, lo que implica un aumento inmediato en las tarifas de servicios públicos y, simultáneamente, la pérdida de subsidios. El resultado es una ecuación regresiva donde hogares vulnerables enfrentan mayores costos sin mejoras reales en su capacidad de pago.

La alerta se intensifica al considerar los efectos en cadena. Un cambio de estrato no solo encarece recibos de agua, luz y gas, sino que puede modificar la clasificación en el Sisbén y alterar el acceso a programas sociales. Incluso proyecta consecuencias fiscales a mediano plazo, como incrementos en el impuesto predial a partir de 2027. “Un ajuste aparentemente menor termina reconfigurando toda la economía familiar”, advierte el concejal, apoyándose en testimonios ciudadanos que reportan incrementos cercanos al 60% en sus facturas.

Frente a este escenario, el Concejo aprobó una proposición de control político firmada por 18 concejales, con el objetivo de exigir explicaciones técnicas y jurídicas sobre la metodología empleada en la nueva estratificación. En paralelo, Lozada anunció la disposición de su equipo jurídico para acompañar a ciudadanos afectados mediante formatos de reclamación gratuitos, distribuidos a través de redes sociales, en un intento por equilibrar el acceso a la defensa administrativa frente a decisiones que considera opacas.

Recusaciones: del uso al abuso

El tercer eje del diagnóstico apunta a lo que Lozada describe como una práctica reiterativa que está desfigurando la dinámica institucional: el uso sistemático de recusaciones para frenar proyectos. Recuerda que iniciativas clave como la reforma tributaria municipal sobre comercio digital ya habían sido archivadas bajo este mecanismo, y que ahora el fenómeno se extiende incluso a proyectos de carácter social, como uno enfocado en violencia política de género que terminó siendo recusado contra su propia autora.

La crítica escala cuando se plantea la posibilidad de irregularidades en la presentación de estas recusaciones. El concejal solicitó que los documentos sean remitidos a la Fiscalía y otros entes de control para verificar la autenticidad de las identidades utilizadas. La sospecha, sin pruebas concluyentes pero con implicaciones graves, apunta a posibles casos de suplantación, uso indebido de datos o falsedad documental.

En ese contexto, Lozada traza una línea de defensa del rol del Concejo como órgano representativo. Sostiene que la ciudadanía eligió a los concejales para tomar decisiones, no para quedar atrapados en un laberinto de recursos que impiden votar. La discusión, insiste, debe darse en el terreno político y resolverse con mayorías o minorías, no en la parálisis administrativa.

En Bucaramanga, el debate no es solo sobre cuánto se debe o quién paga más, sino sobre quién puede decidir y bajo qué condiciones. Ese es, en última instancia, el eje que define el momento político actual.