Procuraduría confirmó suspensión contra el alcalde de Barrancabermeja

La controversia política y jurídica que desde octubre rodea al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, escaló esta semana tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de confirmar la suspensión provisional por tres meses contra el mandatario santandereano por su presunta participación indebida en política, una falta que el ente de control considera de gravedad suficiente para apartarlo temporalmente del cargo. La receptora del apoyo público fue su esposa, hoy en la lista al senado del Pacto Histórico para las elecciones 2026. 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La medida, inicialmente proferida el 23 de octubre, fue ratificada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, que concluyó que la continuidad del alcalde en su despacho podría incidir directamente en el proceso electoral de 2026, dada su condición de máxima autoridad administrativa del municipio.

Según el Ministerio Público, la ratificación de la suspensión responde a un test de proporcionalidad y razonabilidad, en el que se evaluó la pertinencia de mantener la medida cautelar en los mismos términos fijados inicialmente.

El organismo insistió en que la suspensión busca evitar que el alcalde, “valiéndose de la dignidad que representa”, pueda influir en un escenario electoral en el que, según los hallazgos preliminares, ya habría intervenido.

La decisión la confirmó el ente disciplinario argumentando que el mandatario Vásquez Gómez habría participado en actos públicos de la campaña al Senado de su esposa, Laura Ahumada, quien participó en la pasada consulta abierta del Pacto Histórico obteniendo un escaño de privilegio en la lista, además se investigan versiones en las que se da cuenta del presunto uso de recursos públicos y sus redes institucionales para promover dicha candidatura.

Para el organismo disciplinario, estos hechos configuran una posible vulneración al régimen de participación política de los funcionarios públicos, prohibición que cobra especial relevancia tratándose de un servidor elegido por voto popular.

El alcalde responde: “No

reconozco la sanción”

Minutos después de que la decisión se hiciera pública a través de medios y redes sociales, el alcalde Vásquez respondió con un mensaje enérgico. En una alocución transmitida por sus canales oficiales, calificó la medida como una “vil persecución política” orquestada según él por sectores que buscan desestabilizar su administración.

“Ante los ojos de Dios, de todos los barranqueños y de las personas que siguen mis redes sociales, saben que esto que está diciendo la Procuraduría es completamente falso”, manifestó el mandatario, insistiendo en que no ha cometido ninguna falta disciplinaria.

Además, afirmó que no reconoce la sanción, pues asegura la Procuraduría carece de competencia para suspender a un funcionario elegido democráticamente. Con ello se sumó a la tesis según la cual solo un juez puede limitar los derechos políticos de un mandatario electo, argumento respaldado en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en tensiones jurídicas que han marcado la relación entre el Ejecutivo y la Procuraduría en los últimos años.

“Lo que hemos visto en situaciones anteriores es que el presidente decide no aplicarlas porque considera que la Procuraduría no puede suspender a un funcionario elegido democráticamente”, afirmó el alcalde, aludiendo a precedentes recientes en los que el Presidente de la República optó por no ejecutar sanciones disciplinarias contra mandatarios locales.

El mandatario anunció que, una vez reciba la notificación oficial, interpondrá recurso de reposición ante la Procuraduría. Si esta reitera la sanción, presentará una acción de tutela ante la jurisdicción constitucional para proteger sus derechos políticos y su continuidad en el cargo.

Además, aseguró que denunciará ante los organismos disciplinarios y penales a los funcionarios del Ministerio Público que participaron en la decisión.

“Llegaremos hasta instancias internacionales si es necesario para defender nuestra elección. La Procuraduría no tiene la autoridad jurídica para suspender a un alcalde elegido por voto popular”, insistió.

El anuncio deja entrever una estrategia de defensa basada no solo en el ámbito interno, sino en posibles escenarios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escenario frecuentado en disputas previas contra sanciones disciplinarias a mandatarios locales.

Un conflicto que trasciende

a Barrancabermeja

Más allá del caso puntual, la suspensión de Vásquez se suma a un debate nacional persistente sobre los límites de la potestad disciplinaria del Ministerio Público frente a funcionarios elegidos por voto popular. Desde hace años, este choque de competencias ha generado tensiones políticas, decisiones contradictorias y vacíos en la aplicación efectiva de sanciones.

El alcalde sostiene que su caso hace parte de una serie de ataques sistemáticos contra su gobierno. Afirma que detrás de la sanción hay “barranqueños que hoy ocupan altos cargos a nivel nacional” interesados en debilitar su administración.

“Es lamentable que en lugar de ayudar a sacar a Barrancabermeja adelante, se use el poder para torpedear nuestro gobierno. Pero superaremos esto, como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque la verdad y la justicia siempre prevalecen”, concluyó.