El médico santandereano José Fernando Serrano efectuó un llamado directo al presidente de la República y le pidió ponerse en los zapatos de los pacientes, pensar que uno de ellos podría ser su propio padre, madre o hijo. “Si antes había problemas, hoy las barreras se han multiplicado. El presidente debe poner la mano en el corazón y entender que los cuidados paliativos no son un gasto, sino un derecho. Si no se aumenta la UPC y no se reconocen los costos reales del tratamiento, lo único que estamos haciendo es firmar sentencias de dolor para los más vulnerables”, sentenció.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Liseth Vanessa Acuña Sanabria es una niña de 13 años con un diagnóstico de tumor cerebral y una compleja enfermedad cardíaca congénita, lleva 21 días esperando que la Nueva EPS, administrada por el Gobierno Nacional, autorice una remisión vital para su atención especializada.

Desde el pasado 14 de julio, la menor permanece internada en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, luego de sufrir tres crisis convulsivas en su casa ubicada en la vereda Quinal, del municipio de El Carmen de Chucurí, Santander.

Su madre, Carmen Helena Sanabria Hernández, desesperada por la falta de respuesta, decidió hacer pública la historia clínica de su hija.

Según cuenta la desesperada madres, a Liseth Vanessa le fue diagnosticado en el HUS un “absceso cerebral frontal” o “lesión tumoral”, una condición que se suma a su delicado historial médico: padece Síndrome de Di George y atresia de la arteria pulmonar.

El Síndrome de Di George es un trastorno genético que afecta múltiples sistemas, incluyendo el inmunológico y el cardíaco, y la atresia es un defecto congénito que impide el adecuado desarrollo de la válvula pulmonar. A pesar de estos antecedentes, Liseth Vanessa nunca había sufrido convulsiones, hasta ahora.

De acuerdo con la denuncia pública, la primera convulsión ocurrió el 30 de mayo en su casa; la segunda, el 19 de junio, mientras viajaban en buseta entre Bucaramanga y Barrancabermeja, luego de una cita médica en la Foscal Internacional; y la tercera, el 14 de julio, cuando sufrió tres episodios en la misma noche. Fue atendida inicialmente en el hospital de San Vicente de Chucurí, desde donde se ordenó su traslado urgente a Bucaramanga.

Desde entonces comenzó el viacrucis. La menor fue recibida por el HUS pese a las crecientes dificultades que enfrentan las IPS para atender a usuarios de la Nueva EPS, entidad que, tras ser intervenida forzosamente por el Gobierno el 3 de abril de 2024,  acumula deudas por más de 5 billones de pesos con clínicas y hospitales de todo el país.

En Bucaramanga, Liseth Vanessa fue estabilizada y, el 17 de julio, recibió el diagnóstico del tumor cerebral. Su médico tratante ordenó una interconsulta con neurocirugía, cardiología pediátrica e internación en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, servicios que el HUS no está en capacidad de prestar.

Desde entonces, Carmen Helena ha pedido incansablemente a la Nueva EPS que autorice la remisión médica. Sin éxito. Ha elevado quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud (en tres ocasiones) y ante la Defensoría Regional del Pueblo (en dos oportunidades). Ambas entidades ya oficiaron a la EPS solicitando respuesta urgente, pero hasta hoy no hay solución.

Un cáncer generalizado

en el sistema de salud

La condición de la menor parecería un hecho aislado por la compleja condición médica de la menor, generalmente y comúnmente explicable a las ya consabidas negligencias médicas a las que nos tiene acostumbrados los manejos irregulares en las EPS. Y aunque esa es una realidad incuestionable, de fondo hay mucho más que administrativos de EPS negligentes.

Desde Bucaramanga el médico tratante en la especialidad de cuidados paliativos José Fernando Serrano Camelo denunció que la falta de autorizaciones para tratamientos de alta complejidad, especialmente para pacientes con complejidades médicas avanzadas, se incrementó durante el gobierno del Presidente Gustavo Petro, debido a su objetivo de ahogar financieramente a las EPS disminuyendo el giro de las UPC.

La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el valor anual que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) reconoce por cada afiliado para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS). En Colombia, la UPC se calcula por separado para el régimen contributivo y subsidiado y es la base para el financiamiento de los servicios de salud. En otras palabras, la UPC es una prima anual que se paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para cubrir los servicios de salud de sus afiliados.

Un médico que pide auxilio

El relato del médico José Fernando Serrano Camelo es una denuncia cargada de angustia profesional y profunda preocupación humana. Es especialista en el área de Cuidado Paliativo de la Clínica Foscal e Internacional Foscal, y debido a la recurrencia de casos como el de la pequeña Liseth Vanessa ha levantado la voz contra lo que describe como un proceso de desmantelamiento silencioso pero letal del sistema de salud colombiano.

Desde su experiencia diaria acompañando a pacientes con enfermedades terminales, el profesional lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional, y en particular al presidente Gustavo Petro, para que aumente el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), advirtiendo que los recursos actuales son insuficientes para garantizar una atención digna, sin dolor y con calidad de vida a miles de personas en condiciones críticas. “Lo que se había construido, hoy está colapsando”

Con más de dos años y medio de experiencia como tratante en la unidad de cuidados paliativos de una de las instituciones médicas más importantes del nororiente colombiano, el doctor Serrano ha sido testigo del deterioro progresivo de un sistema que, según él, hasta hace poco garantizaba tratamientos que hoy resultan inalcanzables.

“Los derechos conquistados se están perdiendo. La atención a pacientes con enfermedades avanzadas como el cáncer terminal se ha visto gravemente afectada por decisiones administrativas que no consideran la evidencia científica ni la humanidad de quienes sufren”, afirmó.

El galeno señala que la crisis no obedece únicamente a falencias históricas del sistema, sino a decisiones recientes que han restringido tratamientos fundamentales, eliminado rutas de acceso a medicamentos esenciales y desfinanciado a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

“Lo que antes era posible, hoy es impensable. Tratamientos que hace dos años se garantizaban sin mayores trámites, hoy enfrentan barreras insalvables, desde la ausencia de registro sanitario hasta la negativa de las EPS a importar medicamentos vitales”, denunció.

Además, el doctor Serrano relató el caso concreto de un joven paciente con cáncer gástrico en fase terminal, quien falleció recientemente en medio de intensos dolores que habrían sido evitables si hubiera tenido acceso a fentanilo en parches transdérmicos, un medicamento antes común en cuidados paliativos.

“La falta de registro sanitario y la negativa de las EPS a importar este analgésico lo condenaron a vivir sus últimos días entre el sufrimiento físico y la desesperación. Literalmente, prefería la muerte al tormento que vivía”, recordó con visible impotencia.

Este caso, explicó, no es aislado. Diariamente recibe pacientes que acuden con fórmulas médicas en mano, esperando recibir tratamientos para controlar síntomas complejos del cáncer, como inflamaciones, dolores severos, anemia y más. Sin embargo, se enfrentan a una respuesta repetida en los dispensarios: “No hay”.

Alerta sobre la sostenibilidad financiera

En el fondo del problema, según el especialista, está la creciente desfinanciación del sistema. Las EPS, clínicas y profesionales enfrentan demoras en los pagos, montos congelados desde hace años y recortes en la cobertura de medicamentos.

“Una empresa que no recibe ingresos no puede operar. Un médico que no es remunerado no puede trabajar indefinidamente por vocación. ¿Cómo se pretende que salvemos vidas si no nos dan las herramientas mínimas?”, cuestionó.

El médico comparó la situación con un “acto perverso” de negligencia estatal: “Negarse a aceptar que hay una crisis financiera en salud es condenar a miles de pacientes a la muerte, o peor aún, a una vida en el dolor. No estamos hablando de lujos, hablamos de lo mínimo para morir con dignidad”.

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