Preclusión, el camino que se perfila para evitar consecuencias penales en el caso Uribe tras ser declarado culpable

Luego de que la jueza 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia, declarara culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, se abre una etapa crítica en el proceso judicial que podría terminar en un punto sin retorno: la prescripción de la acción penal, prevista para el 8 de octubre de 2025.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Aunque la condena en primera instancia marca un hito en la historia política y judicial de Colombia, el caso aún no está cerrado. La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados anunció la apelación respectiva de tal manera que el expediente pasará a manos de magistrados en el Tribunal Superior de Bogotá, quienes, de acuerdo con los entendidos en la materia consultado por EL FRENTE, deberán pronunciarse antes del 8 octubre.

Si no se emite una sentencia de segunda instancia antes de esa fecha, el proceso prescribirá, lo que en la práctica significa que Uribe quedaría libre de toda consecuencia penal, a pesar del fallo condenatorio de primera instancia, al cual no solo perdería su validez sino su vigencia.

Para los especialistas, este escenario podría convertirse en el eje central de la estrategia de defensa, que busca ganar tiempo en medio de la complejidad del proceso y la congestión judicial del país

A esto se suma el hecho de que la sentencia de primera instancia aún no está en firme y, mientras eso no ocurra, Uribe mantiene su libertad y la presunción de inocencia, tal y como lo ha señalado en las últimas horas el abogado del exmandatario nacional Jaime Granados.

La preclusión del caso, ya mencionada como posibilidad por la defensa, emerge como una estrategia clara: si se logra demostrar que no existen méritos jurídicos para continuar el proceso, o si simplemente no se alcanza una decisión definitiva antes del 8 de octubre, Uribe quedaría exento de sanción, pese a la condena en primera instancia.

No obstante, si el fallo es ratificado por el Tribunal y la defensa decide interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, los términos de prescripción se extenderían automáticamente por cinco años más, lo que abriría un nuevo capítulo judicial, esta vez a puerta cerrada en el alto tribunal.

En ese escenario, la Corte tendría la potestad de confirmar o revocar la condena, y podría establecer un precedente histórico sobre los alcances penales de un expresidente de la República. Por ahora, Granados ha descartado que se emita una orden de captura contra Uribe, alegando que no se cumplen los requisitos legales, que existe presunción de inocencia hasta decisión en firme, y que su cliente ha cumplido con todas las citaciones judiciales.

La prescripción es muy probable

Para otros expertos en derecho penal, como los abogados Francisco Bernate e Iván Cancino, la prescripción del caso es altamente probable, dado que el juicio se encuentra aún en una fase temprana y no hay margen real para que se surtan todas las etapas judiciales (apelación, segunda instancia y eventual casación en la Corte Suprema) en los pocos meses que restan antes del 8 de octubre.

La naturaliza jurídica de esta situación está en el artículo 83 del Código Penal, que establece que el término de prescripción para los delitos imputados a Uribe es de 12 años. Sin embargo, al haberse realizado la indagatoria el 8 de octubre de 2019, y al equipararse esta diligencia con la imputación, el plazo de prescripción se redujo a seis años, lo que deja una fecha límite ya inminente.

En este contexto, la figura de la preclusión aparece como una vía jurídicamente viable para la defensa del expresidente. De concretarse, Uribe evitaría cualquier sanción penal, pese a haber sido hallado culpable en juicio oral, en una decisión que dejó en firme la validez de interceptaciones, testimonios y pruebas técnicas cuestionadas durante años por su equipo legal.

Desde la defensa, Granados ha insistido en que no existe motivo para una orden de captura ni medida privativa de la libertad, asegurando que Uribe ha comparecido puntualmente a todas las diligencias. En ese sentido, su equipo legal confía en que el proceso se alargue lo suficiente como para que prescriba sin necesidad de una condena firme, cerrando así la puerta a una eventual pena de prisión, así sea domiciliaria.

Con todo, el país se enfrenta a una paradoja judicial: un expresidente hallado culpable por corrupción judicial y manipulación de testigos, que podría no pagar ni un solo día de pena si los tiempos del sistema favorecen su estrategia de defensa. El reloj avanza, y con él, la posibilidad real de que la justicia no alcance a llegar a tiempo.