Por fin realizaron dura intervención a las chatarrerías en Bucaramanga
Resumen
La Alcaldía de Bucaramanga cerró temporalmente dos chatarrerías tras descubrir la venta de elementos robados del mobiliario público. Iniciaron procesos administrativos y se planean investigaciones judiciales para detener la comercialización ilegal.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Cerradas dos y anuncian investigación por posible receptación
Tras el incremento de robos del mobiliario público, tapas de alcantarillas y medidores y desvalijamiento de estaciones de Metrolínea en la ciudad, se realizaron ‘batidas’ en las chatarrerías y se pide investigaciones judiciales y sanciones drásticas
La Alcaldía de Bucaramanga ordenó el cierre temporal de dos chatarrerías y anunció procesos administrativos luego de verificar que esos establecimientos recibían y comercializaban elementos del mobiliario público de la capital santandereana.
La medida busca interrumpir una cadena de comercialización que la ciudadanía, allegados a Metrolínea y autoridades califican como pieza central de un mercado ilegal que deja infraestructura pública inutilizable y eleva el riesgo para peatones y conductores.
Las inspecciones por parte del municipio se realizaron en el sector de Granada, en cercanías del barrio Girardot, occidente de la capital santandereana, y de la sede principal del Colegio Salesiano.
Investigación judicial
La administración local afirmó que esos comercios no cumplieron con permisos ni registros básicos sobre los elementos que compran y venden. Además del cierre, se iniciaron actas administrativas y se remitieron antecedentes a las oficinas competentes para evaluar sanciones más severas y la posibilidad de remitir a la Fiscalía evidencia que permita abrir investigaciones judiciales.
Un informe oficial del municipio registra 385 sanciones a establecimientos comerciales aplicadas entre enero y mediados de septiembre del presente año.
Funcionarios municipales sostienen que las medidas forman parte de la campaña ‘BGA 20/6’, orientada a recuperar el orden y la seguridad en la zona céntrica. Habitantes y representantes de Metrolínea reclaman acciones de mayor alcance, incluidos controles permanentes y trazabilidad del material reciclable que ingresan las chatarrerías.
Tapas de alcantarillas y mobiliario público
El registro desde el 2021 muestra la sustracción constante de tapas de alcantarillado, tapas metálicas de cámaras de servicios, contadores de agua, y elementos del alumbrado público como cableado y luminarias registra episodios recurrentes.
Los guarismos señalan que, en una de las acciones más contundentes, delincuentes cortaron y retiraron 14 postes metálicos de alumbrado en la Transversal El Bosque, además se robaron 28 luminarias.
En corredores viales como la Autopista, sobre el denominado Tercer Carril, las autoridades constataron el retiro masivo de cubiertas metálicas entre la Puerta del Sol y Provenza. Estos hechos generan reparaciones costosas y riesgo de accidentes para vehículos y peatones.
El robo de tapas de alcantarillas deja bocas abiertas sobre las vías y obliga a desvíos y sellos temporales que no siempre garantizan seguridad. El costo de reposición recae sobre los entes territoriales y, en la práctica, sobre los contribuyentes, por lo cual se exige identificar los eslabones comerciales que permiten la monetización de ese material.
El control del flujo de chatarras, según consulta realizada a la Alcaldía, requiere registros fiscales obligatorios a las chatarrerías, verificación de procedencia del material y sanciones administrativas que incluyan multas y, en casos de reincidencia, el cierre definitivo del negocio.
Estaciones de Metrolínea desvalijadas
Desde Metrolínea se expuso el deterioro de las estaciones del sistema integrado de transporte masivo, las cuales quedaron inservibles tras el hurto de elementos estructurales, cableado, tapas y accesorios necesarios para operación segura.
Las autoridades son conscientes de que la infraestructura sufre saqueos repetidos y que, en muchos puntos, la reparación estructural y la reposición de los elementos robados ha avanzado con lentitud.
Algunos ciudadanos responsabilizan a dueños de negocios clandestinos por comprar piezas hurtadas cuya comercialización se encuentra prohibida, entre tanto, Metrolínea demanda la coordinación entre los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta para implementar controles conjuntos en estaciones y en la cadena de compraventa del material recuperable.
En agosto pasado la Alcaldía de Bucaramanga ordenó el cierre de otro establecimiento en la carrera novena tras hallar medidores de servicios públicos, agua y energía, al interior del local.
Ese expediente permanece en investigación. Las autoridades locales informaron que los cierres recientes obedecen a la constatación documental de irregularidades, no a presunciones.
Fuentes municipales aclararon que la remisión de actas administrativas a la Fiscalía dependerá del hallazgo de pruebas que acrediten la recepción de bienes de procedencia ilícita. La Alcaldía anunció que facilitará patrullajes y control documental en puntos críticos.
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